El Gobierno regional se libra de indemnizar a la empresa perjudicada por la anulación del PGO de Tazacorte
La Consejería de Obras Públicas y Política Territorial del Gobierno de Canarias se libra por el momento de tener que indemnizar a la empresa Sansipalma SL. Esta compañía reclama al Ejecutivo regiojal y al Ayuntamiento de Tazacorte 1,2 millones de euros por la anulación del Plan General de Ordenación (PGO).
Una sentencia del Tribunal Supremo (TS) del año 2012 dio lugar a que no se pudiera construir en una parcela conocida como La Nao de 14.000 metros cuadrados. El TS da por probado que existió una desviación de poder.
Mientras los tribunales deciden por la vía contencioso administrativa esta reclamación, los juristas del Consejo Consultivo de Canarias ya han emitido su dictamen y consideran que el Gobierno autónomo no es responsable de este cambio de calificación.
En concreto, se estima que la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) cumplió con su papel al declarar como urbanizable este suelo, basándose en los informes y documentos presentados por el Ayuntamiento. Por lo tanto, será a la Corporación local a donde, en todo caso, se deben dirigir las reclamaciones.
La empresa alega que no sólo adquirió unas expectativas sino también unos derechos existentes. El cálculo de la indemnización que realizan los demandantes lo fundamentan en el coste de la compra de la finca, en la que invirtió Estatecnic SA 1.773.967,76. Esta sociedad, cuando se escindió aportó la finca a Sansipalma SL, dedicada al cultivo y explotación agraria de plátanos, por valor de 590.310 euros.
De ahí que estos útimos calculen que la diferencia entre el coste de la compra y el valor agrario de la finca sea el perjuicio que la Administración debe afrontar: 1.183.657 euros. En pocos años, el grupo de Gobierno municipal ha heredado demandas por vía judicial que suman ya 1,7 millones. Lo cierto es que el caso de La Nao junto con el suelo de Los Tarajales se han convertido en las principales tramas urbanísticas de Tazacorte.
