Javier Llamas pide al Gobierno “un plan eficiente de gestión de residuos” que incluya “eliminar en su totalidad el amianto”

El diputado del Grupo Canario Nacionalista por La Palma en el Parlamento regional Javier Llamas ha pedido al Gobierno de Canarias “un plan eficiente de gestión de residuos que incluya eliminar en su totalidad el amianto”, se indica una nota de prensa de citado grupo.

Llamas, se apunta en la nota, ha intervenido en la sesión de pleno de la Cámara autonómica para mostrar su apoyo “a la redacción de un planteamiento de la existencia de una coordinación entre Gobierno de Canarias, cabildos Insulares y ayuntamientos” en aras de “lograr una gestión eficiente de los residuos y optimización de los costes añadidos que tienen que soportar cada una de las administraciones”.

El diputado palmero señaló como “una necesidad imprescindible” conseguir “más y mejores ayudas con respecto a todo el ciclo de vida de un producto hasta que se designe como residuo”.

En su intervención, Llamas también destacó la importancia de lograr más ayudas “en materia de ‘contenerización’ para las fracciones amarilla y azul, de contar con ayudas para poder llegar a todos los sitios habitados como los barrios periféricos y llevar a cabo aquellas que realmente son más efectivas y eficientes, como por ejemplo la recogida puerta a puerta”, ya que “se trata de un método eficaz y con un alto índice de recuperación, pero que supone un alto coste para las administraciones locales”.  

Por otro lado, el diputado por La Palma detalló que “el pequeño y mediano comercio será el que más va a sufrir la ley 7/2022 de gestión de residuos por la cual se regula y limita los desechos de envases”, por lo que consideró que “se debe incentivar el uso de reutilizables, para evitar agravios a los pequeños empresarios”.

Javier Llamas resaltó “la problemática con la gestión de los residuos de amianto, especialmente en La Palma, ya que en la Isla no se dispone de gestor autorizado y tienen que ser derivados a otras para su gestión, lo que conlleva a altos costes, debido no solo al tratamiento, sino el coste que supone externalizar el servicio”. Asimismo, rogó al Ejecutivo canario “la redacción de un plan, insular o regional, para eliminar en su totalidad este residuo”.