“Nadie debe quedar excluido de la justicia por razones económicas o de otro tipo”

Los abogados y abogadas de La Palma celebran este viernes el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio con el fin de defender y divulgar la labor realizada por más de 46.100 letrados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año, a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio. Los letrados han leído un manifiesto y han presentado el Servicio de Orientación Jurídica, de forma simultánea, en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma y en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane. 

“La Asistencia Jurídica Gratuita constituye la principal garantía para universalizar la tutela judicial efectiva. Es el mecanismo idóneo para la defensa de los derechos de las personas con recursos económicos limitados”, aseguran, y reiteran “el compromiso de los Colegios de la Abogacía Española y de los más de 46.100 abogados y abogadas que prestan los servicios de Justicia Gratuita, en mantener y mejorar este sistema”. 

Aseguran que “las abogadas y abogados del Turno de Oficio son los auténticos protagonistas del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y debe dignificarse su función en defensa de los más desfavorecidos con garantías firmes de percibir una retribución digna por cada actuación y cobrar puntualmente”. No obstante, añaden, “urge la reforma del marco regulatorio de los servicios que presta la Abogacía a través del Turno de Oficio y de la Asistencia Jurídica Gratuita para adecuarlos a la situación actual y mejorar su eficiencia”. 

Por otro lado, reclaman “la actualización de los criterios para el acceso de los ciudadanos a los servicios. La elevación del salario mínimo interprofesional, sin modificar los parámetros establecidos en la Ley 1/1996, ha limitado el acceso a la Justicia Gratuita a muchas familias”. Asimismo, demandan “la clarificación precisa de las exigencias reglamentarias respecto a los requisitos de los profesionales que han de prestar los servicios”. 

La Abogacía reitera su dedicación en la formación permanente de sus profesionales, así como en la extensión de los instrumentos tecnológicos en la tramitación de los asuntos y mantiene igualmente el compromiso “en las medidas de igualdad de género, así como en las exigencias que nos imponen los servicios de asesoramiento a inmigrante, personas desplazadas y a la población privada de libertad”. 

“Todas las reformas que desde los poderes públicos hayan de hacerse en esta materia precisarán de la participación activa de la Abogacía Española, cuyo compromiso responsable es una realidad”, afirman. 

“Desde el conocimiento profundo de los problemas cotidianos de la Justicia, sus carencias y sus posibles soluciones, la Abogacía hace un llamamiento público a los responsables políticos y a las Administraciones públicas para que sean Departamento de Comunicación y Marketing receptivas a las demandas en defensa de la Justicia Gratuita y del acceso a ella de los ciudadanos más desfavorecidos: nadie debe quedar excluido de la justicia por razones económicas o de cualquier otro tipo”, concluyen.