Tierra Bonita, tras la visita de Torres, critica “la falta de transparencia” sobre las obras de reconstrucción del Valle de Aridane

La Asociación Tierra Bonita critica que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, haya visitado este jueves, 12 de febrero, los tres municipios afectados por la erupción volcánica de 2021 “sin reunirse con las asociaciones de damnificados”, y lamenta “la falta de transparencia del Cabildo de La Palma y de los ayuntamientos del Valle de Aridane sobre el convenio de obras de reconstrucción financiadas por la Administración estatal, una queja que quiere trasladar al ministro canario”, indica en una nota de prensa.

Tierra Bonita expresa su “perplejidad y preocupación” por el desarrollo de un convenio que, “en lugar de generar certidumbre, sirve como paraguas para que los ayuntamientos del Valle y el Cabildo ejecuten una reconstrucción a la medida de determinados intereses particulares, con una negativa sistemática a facilitar información de los expedientes de obra, solicitada en numerosos escritos por la asociación”. Una actitud que, según denuncia, “incluso han mantenido con la comisionada de Transparencia de Canarias, lo que alimenta dudas sobre la posible especulación que hay detrás de estas inversiones”.

El colectivo ciudadano señala que “la adjudicación directa de obras bajo el paraguas de la emergencia no puede justificar que se prescinda de procedimientos de publicidad, igualdad de trato y control de los fondos públicos”.

Además, alerta de que “no se ha notificado a los afectados la afección que la reconstrucción de los viales tiene sobre sus propiedades”, lo que “vulnera derechos básicos de información y participación, y dificulta que estas personas conozcan sus posibles derechos, responsabilidades y compensaciones”.

Tierra Bonita observa que se está llevando a cabo una reconstrucción “a la carta”, por lo que “persiste la sospecha de que las obras se están realizando en función del interés particular de algunos, sin una visión de conjunto que garantice la equidad y la reparación integral de los daños”.

Reivindicación de cinco medidas

Por todo ello, la asociación exige “de inmediato” cinco medidas a los organismos públicos. En primer lugar, “la publicación íntegra de toda la documentación a la que tiene derecho la sociedad”.

En segundo lugar, reclama “notificaciones formales y abiertas a los afectados sobre el impacto de las obras en propiedades, derechos y usos del suelo, con procedimientos de reclamación y compensación cuando proceda”.

En tercer lugar, solicita “una revisión de la conveniencia de las adjudicaciones y de la gestión del convenio con el Estado, en la que participen representantes de las asociaciones de afectados, así como sesiones periódicas de rendición de cuentas y la publicación de un cronograma público de avances y próximos hitos”.

En cuarto lugar, exige “la creación de un canal claro de participación ciudadana para presentar quejas, sugerencias y solicitudes de revisión, con garantía de respuesta y trazabilidad, especialmente en todo lo relacionado con la reconstrucción”.

Y, en quinto lugar, reivindica que “se garanticen los derechos de propiedad y reparación, con la evaluación exhaustiva de posibles indemnizaciones, expropiaciones, servidumbres u otros efectos sobre las propiedades, mediante procesos justos y equitativos para los vecinos”.

Ante la negativa local, petición al Estado

Además, Tierra Bonita solicitará al Gobierno estatal “información y control presupuestario del convenio; informes sobre el estado de ejecución de cada obra; documentación que muestre avances frente a presupuestos e hitos —útil para detectar desviaciones—; información sobre las notificaciones de expropiación forzosa; informes periódicos de progreso para verificar el cumplimiento de plazos y especificaciones técnicas, así como cuadros de gastos y rendimientos, con registros de pagos, liquidaciones y certificaciones de obra”.

El colectivo considera “muy preocupante que, en prácticamente todas las obras del convenio Estado-Canarias para esta reconstrucción, no exista información sobre los criterios de adjudicación y el cumplimiento de la normativa; ni sobre contratos y modificaciones para verificar cláusulas de ejecución, plazos, penalizaciones y responsabilidades; ni sobre la intervención y supervisión, como evaluaciones técnicas de ejecución, calidad y cumplimiento de especificaciones”.

Abocados a la vía judicial

La “absoluta falta” de respuesta de las administraciones locales “está llevando a Tierra Bonita a recurrir a la Justicia ordinaria para poder obtener esta información”, expone el colectivo, que denuncia además “la imposibilidad de fiscalizar el cumplimiento de la legalidad en estos procedimientos”.

“Se crea así un caldo de cultivo perfecto para albergar sospechas de desviación de poder, además de otros posibles indicios de ilícitos como malversación de fondos o uso indebido de subvenciones, fraude en contrataciones y licitaciones, tráfico de influencias, interferencias indebidas, ocultamiento de información y falta de rendición de cuentas”, concluye la asociación palmera.