La Guardia Civil localiza una explotación clandestina con ocho arruís en La Palma

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Destacamento del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) en la Isla de La Palma investigan a un hombre de 59 años, vecino de los Llanos de Aridane, por posesión de ocho arruís, informa el Instituto Armado. 

“En el marco de la lucha contra la pérdida de biodiversidad que constituyen las especies exóticas invasoras, circunstancia que se agrava en hábitats y ecosistemas especialmente vulnerables, como son las islas, el Destacamento del Seprona en la Isla de La Palma, ha localizado una explotación ganadera clandestina con ocho arruís, especie incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras, aprobado por Real Decreto 630/2013, de 02 de agosto, y en conformidad con la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior”, explica. 

“De las gestiones practicadas por los agentes y una vez localizado su propietario, éste manifestó a los agentes que hacía unos años, mientras formaba una cuadrilla de caza, capturó a una cría de hembra de arruí y tiempo después otra cría macho, dando lugar a tener ahora cuatro machos adultos y tres hembras, además de una cría de unos días”, añade. 

En el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras se incluyen todas aquellas especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan, de hecho, o puedan llegar a constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía, o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural. 

Los agentes han procedido a denunciar los hechos ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. 

“Las infracciones por la mera tenencia de especies exóticas invasoras en ausencia de la correspondiente autorización administrativa, como en este caso, está considerada una infracción grave prevista en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y sancionada con multa de 3.0001 a 200.000 euros”.