Elogio de los títulos

Hay personas que piensan que, para ostentar un cargo en el ámbito público o privado de la vida nacional, es más importante la fidelidad al patrón que el título. Nosotros discrepamos de esta forma de pensar, tan propicia al nepotismo o, por lo menos, a la arbitrariedad en la adjudicación de puestos profesionales o de gestión. Para adquirir los conocimientos especializados que demanda la sociedad moderna (medicina, derecho, docencia, administración, ingeniería, medio ambiente, protección civil…) es imprescindible acudir a los centros académicos (facultades, escuelas profesionales, etc.) correspondientes, que son los encargados de enseñarles y certificar con el título que sea el grado de competencia que respecto de ellos hayan alcanzado sus aspirantes. El título de médico se obtiene en las facultades de medicina; el de abogado, en las de derecho; el de historiador, en las de historia; el de maestro o profesor, en las de educación o escuelas de magisterio; el de periodista, en las de ciencias de la información; y así sucesivamente. De ahí el sentido metonímico de “profesión que una persona tiene derecho a ejercer por haber realizado los estudios y haber pasado las pruebas o exámenes necesarios para ello” que, según los diccionarios al uso, ha desarrollado con el tiempo la voz título en español.

No hay saber especializado sin título. Ni siquiera la mismísima divina o heroica profesión de caballería andante podía ejercerse sin títulos, pues, según don Quijote, imprescindible era ser jurisconsulto, teólogo, médico, matemático y herrero para llevarla a cabo como Dios manda. Por eso es tan necesario cuidar los niveles de excelencia y el comportamiento ético del sistema de enseñanza nacional, desde la primaria hasta la superior, pasando por la media. El síntoma más claro de degradación de la vida profesional, social y moral de un pueblo es el deterioro de su sistema educativo. Porque sólo aquellos que hayan obtenido título por sus propios méritos (no comprado ni regalado) en centros académicos de calidad, que son quienes disponen de las competencias necesarias para su enseñanza, pueden ejercer la actividad de la medicina, el derecho, la docencia, la meteorología, la protección civil o la administración con las debidas garantías para el bien común. La persona que ejerce una actividad profesional sin el título correspondiente constituye un verdadero peligro para la sociedad. Así, los enfermos tratados por gente sin título de medicina no sólo pueden ver agravados sus padecimientos, sino hasta comprometida su vida, como nos demuestran a diario los medios de comunicación; las obras de fábrica, los puentes, las carreteras, los aeropuertos, etcétera, proyectados por gente sin título de ingeniero terminarán colapsando más temprano que tarde; los niños tutelados por gente sin título de maestro o profesor difícilmente podrán superar la condición de inmadurez infantil que los caracteriza y prepararse para el futuro; los reos defendidos por gente sin título de abogado se exponen a ser condenados a penas más severas que las prescritas para los crímenes que se les imputan; los servicios de protección civil dirigidos por gente sin título de coordinación de emergencias conducen a catástrofes de mayor o menor envergadura; el control aéreo ejercido por gente sin título de controlador supone un peligro supremo para pasajeros y aeronaves; y las finanzas de empresas o Estados gestionadas por gente sin título de economía se exponen a la bancarrota. No cabe ninguna duda: aquellos que ejercen la medicina, la ingeniería, la docencia, la abogacía, la coordinación de emergencias, el control aéreo o la administración económica sin el título correspondiente constituyen un auténtico peligro tanto para la institución, organismo o empresa que los emplea y sufre como para el ciudadano que hace uso de sus servicios. De ahí la severidad con que, con toda la justicia del mundo, castiga el código civil o penal a los falsificadores de títulos profesionales y a aquellos que alegan fraudulentamente estar en posesión de ellos.

Todo ello pone claramente de manifiesto lo injusto y hasta peligroso del descrédito que sufren los títulos profesionales entre determinados sectores de la sociedad (generalmente, entre los que carecen de ellos), que hasta han llegado a habilitar un nombre específico para referirse a él: el nombre de titulitis, que el diccionario académico define como “valoración desmesurada de los títulos y certificados de estudios como garantía de los conocimientos de alguien”. “Yo no quiero que me gobiernen los titulados, sino gente competente”, alegaba el otro día un periodista en una de esas tertulias que tanto proliferan en la televisión nacional, como si la competencia no dependiera de los títulos. Ninguna valoración de los títulos o certificados de estudios es desmesurada, porque sólo el título garantiza en mayor o menor medida el conocimiento de la especialidad que acredita. El principio de que únicamente aquel que dispone del título correspondiente es el competente para ejercer la profesión de que se trata es uno de los fundamentos básicos de toda sociedad democrática y el único que garantiza su sano funcionamiento profesional. Por eso es tan grave su violación.

Por lo mismo, es tremendamente perverso el enchufismo o nepotismo tan frecuente en la sociedad española de todos los tiempos, que no sólo es discriminatorio para aquellos que aspiran legítimamente al puesto injustamente adjudicado al hermano, sobrino, mujer o amigo del prevaricador y que habrían de desempeñarlo mejor que estos, sino que, por la falta de competencia o impericia del recomendado o enchufado, hace un daño enorme al cargo o puesto usurpado y a los que demandan sus servicios. Cuando un político manifiesta públicamente que lo importante para desempeñar un puesto en la administración pública no es el título que se tenga sino la hoja de servicios, lo que hace es dar alas al perverso sobrinazgo, que tanto ha distorsionado la vida nacional, elevando a los mediocre y hasta a verdaderas nulidades o la categoría de excelentes. “Procure vuestra merced llevar el segundo premio -se veía obligado don Quijote a recomendar al poeta hijo del caballero del verde gabán-; que el primero siempre se le lleva el favor o la gran calidad de la persona; el segundo se le lleva la mera justicia; y el tercero viene a ser el segundo; y el primero, a esta cuenta, será el tercero, al modo de las licencias que se dan en las universidades, pero, con todo esto, gran personaje es el nombre de primero”

Y, en tercer lugar, resulta asimismo abominable la falsificación o invención de títulos, tan en boga hoy en el mundo de la medicina y en el de la política, sobre todo, para promocionarse, ejercer puestos para los que no se está capacitado y ganar sueldos que se encuentran por encima de los merecidos, con los graves riesgos que, como dejamos dicho ya, supone la incompetencia del falsario para los usuarios de los servicios que presta o gestiona. Esta falta de ética es, si cabe, más grave en los ámbitos que nos ocupan que en otros, por la especial tarea que tienen encomendada las personas que los protagonizan, que deberían ser ejemplares para el resto de la ciudadanía; particularmente, para los jóvenes. Nada más peligroso para una sociedad que el hecho de que la salud del ciudadano y los delicados asuntos del Estado se encuentren gestionados por rufianes o gente carentes de escrúpulos. La proliferación de falsificaciones e invenciones de títulos entre los políticos actuales es prueba fehaciente de una cosa que es vox populis: la escasísima formación profesional de no pocos de ellos, que se ven obligados a acudir al fraude para justificar la ocupación de puestos de responsabilidad para los que no tienen la más mínima cualificación ni profesional ni humana.

Como decía un amigo mío, exagerando la nota, al menos la EGB debería exigirse en España para ser político. Y en esto hay una gran diferencia entre muchos políticos actuales y los de la transición del 78 (Tierno Galván, Fraga, Carrillo, Suárez, Teresa Revilla, Pilar Brabo, Soledad Becerril, Felipe González, Fernando Morán, Miguel Boyer, Carlota Bustelo, Cristina Almeida, Jerónimo Saavedra, Lorenzo Olarte, Manuel Hermoso, Román Rodríguez, María Dolores Palliser…), que no tenían necesidad alguna de adulterar el currículum con títulos, másteres o cursos fantasma, simplemente porque disponían de los que habían obtenido con mucho sacrificio y esfuerzo hincando los codos en las facultades o escuelas correspondientes.