La hora de la verdad para los sistemas eléctricos de Canarias

En los últimos días hemos sido testigos de varios incidentes en el suministro eléctrico en la isla de La Palma. Las curvas públicas de Red Eléctrica no dejan lugar a dudas: se han producido alteraciones significativas en el servicio. A ello se suma un episodio similar en Tenerife, del que apenas se ha tenido conocimiento público, pero que también deja huella en los registros. No hablamos de rumores ni de suposiciones: hablamos de datos oficiales, visibles y contrastables.

Lo más preocupante de todo esto es que, según la información disponible, estos fallos no se han debido a la supuesta obsolescencia de los grupos generadores —argumento recurrente en el discurso oficial—, sino a otros factores menos claros y mucho más inquietantes. ¿Cómo podemos garantizar un suministro eléctrico fiable si ni siquiera se identifican con transparencia las causas reales de las incidencias?

Desde Salto a la Transición Ecológica llevamos tiempo reclamando una auditoría técnica, profesional e independiente del sistema eléctrico canario. No es una demanda nueva. La hemos planteado en diversas ocasiones y en distintos foros, siempre con el mismo propósito: arrojar luz sobre un sistema que, a pesar de su enorme importancia, sigue envuelto en opacidad.

Lamentablemente, nuestras peticiones no han recibido respuesta por parte de las instituciones responsables. Pero los hechos recientes confirman que ya no es posible seguir mirando hacia otro lado. Ha llegado el momento de actuar con responsabilidad. No se trata de señalar con el dedo ni de buscar culpables apresurados. Se trata de algo mucho más básico: saber con exactitud en qué situación se encuentran nuestros sistemas eléctricos.

Esta auditoría no debería verse como una amenaza, sino como una herramienta imprescindible. Su objetivo debe ser claro: conocer la verdad. Saber si la infraestructura actual es capaz de responder a las exigencias de seguridad, sostenibilidad y modernización que requiere el presente. Saber si las inversiones anunciadas se están ejecutando con eficacia. Saber si estamos realmente preparados para un futuro basado en renovables, almacenamiento y gestión inteligente de la demanda.

Pero además, esta auditoría debería ser el punto de inflexión que empuje al Gobierno de Canarias a asumir un papel activo, autónomo y riguroso en la defensa del interés general. No podemos seguir dependiendo únicamente de los informes, asesorías o recomendaciones de las mismas empresas que gestionan —y en ocasiones fallan en— el servicio. Es hora de cambiar la perspectiva. La fiscalización no puede venir de quienes están dentro del sistema; debe venir de fuera, con criterios de objetividad y transparencia.

El suministro eléctrico no es solo una cuestión técnica: es un derecho ciudadano, una garantía de bienestar, una pieza esencial de nuestro modelo económico y social. Cuando la electricidad falla, no solo se apagan las luces: se tambalean la sanidad, la educación, la economía y la vida cotidiana de miles de personas.

Por eso, desde Salto a la Transición Ecológica volvemos a insistir, con más urgencia que nunca, en lo que ya hemos solicitado con anterioridad: una auditoría seria, independiente y transparente que evalúe el estado real del sistema eléctrico canario. Porque solo con datos reales, con análisis rigurosos y con voluntad política firme podremos construir un sistema que sea verdaderamente resiliente, justo y alineado con los objetivos de la transición energética.

Canarias no puede permitirse más sombras. Es hora de encender, de una vez por todas, la luz de la verdad.