Terrorismo sostenible

Según el Banco de España, actualmente existe la necesidad de construir 700.000 nuevas viviendas para poder cubrir la alta demanda existente en el país. El aumento de hogares unipersonales, especialmente por parte de población joven (hasta 30 años), junto con la llegada de inmigrantes, parece estar en la base de esta carencia que, de acuerdo al precepto (teo-)liberal, hace que la relación oferta-demanda se desequilibre, provocando el disparo al alza de los precios, de compra-venta y alquiler.

La cuestión que me surge, entre otras, es: ¿se trata de una situación sobrevenida, quizá por cierta falta de previsión y/o acción por parte de las distintas administraciones públicas intervinientes en la materia o bien, por el contrario, responde esto a una estrategia de colaboración público-privada, para mayor beneficio de un sector económico que hace virtud (beneficio) de la necesidad ajena (derechos esenciales)?

El declive del Estado del Bienestar, que podríamos poner como inicio en el último cuarto del siglo XX, plantea un enigma por resolver en el ámbito de la Ciencia Política: ¿Cuál es el propósito fundamental de cualquier Estado, a través de sus múltiples y diferentes instituciones, nacionales y regionales? A falta de alguna inteligencia cercana, decido recurrir a la artificial, que me aporta lo siguiente: “El propósito fundamental del Estado es organizar la voluntad del pueblo dentro de un territorio delimitado, para garantizar el bien común, la armonía social y la prosperidad de sus ciudadanos” (Leo IA).

Doy por buena esta respuesta: asequible, comprensible, sensata y parece que aceptable para el común de los mortales. Y, sin embargo, tal vez contradictoria con lo que vienen siendo algunas de las cuestiones fundamentales de la vida en común, también en este país, al menos durante los últimos 30 años aproximadamente. Me refiero a la cuestión de la vivienda, ese bien y derecho supuestamente fundamental que nos brinda la Constitución de 1978 (art. 47), pero que no necesariamente tiene una plasmación efectiva en las políticas públicas.

La citada crisis del Estado del Bienestar dejó entrever la motivación oculta de la misma, esto es, la priorización de los estados por un modelo económico determinado, no para una mejor organización de la voluntad del pueblo, ni para garantizar el bien común, promover la armonía social o la prosperidad de la ciudadanía, ¡no! Lo que se promueve son una serie de preceptos liberales que priorizan el beneficio (bene facere) empresarial sobre los derechos de la ciudadanía, de tal manera que el bien común, la armonía social y la prosperidad ciudadana quedan relegados al nivel de efecto colateral. De esta manera, se elevan a categoría cuasi-divina conceptos o ideas como la propiedad privada vs. bien común o interés general, se santifica la ley de la oferta y la demanda, naturalizando así la usura en base a la alta necesidad y se antepone el derecho al macro-beneficio en contra del derecho público: se sabe que gran parte de la última crisis inflacionista estuvo motivada por el incremento –o mantenimiento– injustificado en el margen de beneficios de grandes empresas (Banco Central Europeo). 

El caso del mercado de la vivienda representa, en el momento actual —si bien se trata de un problema larvado en el tiempo— uno de los ejemplos más palmarios de esta especie de comportamiento voraz por parte de un mercado que, pese a los apologetas de la famosa autorregulación (mano invisible), solo genera desajustes, desequilibrios y desigualdades sociales: donde la ciudadanía ve necesidad básica (derecho a techo), el mercado ve oportunidad. Y la administración pública consiente dicha oportunidad, salvo que el momento político diga que hay que ponerse las pilas electorales. Se han necesitado ocho años de gobierno progresista, así como unas próximas elecciones muy disputadas, para promulgar una ley que pretende acabar con el problema de la vivienda (emergencia habitacional estructural, dice el Gobierno de Canarias), cuando el verdadero problema es de modelo socio-económico: santificar preceptos economicistas y mercantilistas (teo-liberales) en contra de necesidades y derechos sociales, acto consagrado con la reforma del artículo 135 de la Constitución, el 27 de septiembre de 2011, que prioriza el pago de la deuda pública (a los bancos) frente al rescate de la ciudadanía. 

Los diferentes gobiernos/administraciones, mientras tanto, han estado centrados en la fabricación de discursos –el relato– orientados a la tarea de encubrir, disfrazar y/o justificar la santificación teo-liberal del mercantilismo rampante: el derecho al beneficio mercantil prevalece sobre el derecho a la prosperidad de la ciudadanía o la armonía social. Ahora nos dicen que, para que el mercado inmobiliario sea “sostenible”, hace falta “construir vivienda, construir vivienda y construir vivienda” (Gobierno de la Comunidad de Madrid), es decir, una nueva burbuja liberalizadora de suelo, como ya hiciera el expresidente Aznar (1998) y que desembocó en una turbulencia inmobiliaria diez años después. Todo esto, a pesar de que el 14% de las viviendas españolas están desocupadas/vacías (INE) o que la propia comunidad de Madrid ha vendido, en años pasados, más de 5.000 viviendas públicas a fondos de inversión que ahora aterrorizan a sus legítimos ocupantes. “España necesita construir el doble de viviendas de las que produce actualmente para satisfacer la demanda real”, a pesar de que, en las últimas décadas, más de 6 millones de viviendas pasaron de públicas a privadas, si bien se habían construido con dinero público.

Hemos hecho del economicismo un valor absoluto y toda nuestra existencia se mide en esos parámetros. Nos han/hemos convertido en ciudadanos-propietarios y ciudadanos-inversores. A partir de ahí, nuestros intereses coinciden o convergen con los de los oligarcas y votamos a sus representantes, o a ellos mismos. Sin embargo, cada vez más gente, propietarios o no, inversores o no, vive en una situación de miedo constante: miedo a perder la salud, a perder el empleo/negocio, a perder la ciudadanía, a perder la vivienda, a perder lo invertido, etc. La Sociedad del Riesgo que presagiaba el sociólogo alemán Ulrich Beck se ha plasmado en una creciente Sociedad de la Turbulencia, donde grandes cataclismos (atentados como el 11-S, crisis hipotecaria, pandemia, guerras…) ponen a la ciudadanía en una constante de terror contenido y sostenido. Pero, ¿sostenible?