El régimen de Baleares era un proyecto de ley del PP que sí incluía incentivos fiscales
La polémica suscitada ahora por la aprobación de un decreto ley que modifica el Régimen Especial de Baleares (REB) queda desmontada. La iniciativa por la que Coalición Canaria ataca al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) por considerar que se ponen en peligro las especificidades de Canarias era en realidad un proyecto de ley del PP, cuyo trámite comenzó en el Congreso de los Diputados en el año 2015. El objetivo era modificar el régimen que ya existía desde 1998, impulsado por el Gobierno de José María Aznar, e incluir nuevos beneficios para estas islas. El REB que defendía entonces el Ejecutivo de Mariano Rajoy era mucho más amplio que el publicado esta semana en el BOE a instancias del Gobierno socialista ya que sí que incluía beneficios fiscales para las empresas radicadas en Baleares similares a los de Canarias. Entonces, los dirigentes de Coalición Canaria no se pronunciaron al respecto.
El proyecto de ley, que aún se puede consultar en la página web del Congreso de los Diputados, desglosaba en profundidad una reserva de inversiones que sí que puede suponer un atractivo para la implantación de empresas. Contemplaba, por ejemplo, una reducción de hasta el 75% en el impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes a las empresas que destinen parte de sus beneficios a esa reserva. La condiciones eran además similares a las de la RIC de Canarias.
El PP fundamentaba este proyecto en que la realidad de Baleares propiciaba que se adoptaran medidas con el fin de impulsar la actividad económica de esa comunidad autónoma. “La introducción de una reserva para inversiones puede constituir un elemento dinamizador de la actividad empresarial al permitir compensar parcialmente el esfuerzo inversor de estos con una contrapartida en forma de ahorro fiscal”, justificaba el Gobierno del PP. El proyecto de ley entró en el Congreso en mayo de 2015 y su tramitación continuó en la comisión de Hacienda, pero no dio tiempo de aprobarlo ya que en diciembre de ese año hubo elecciones generales.
Rajoy siguió negociando la modificación de este REB y, en 2017, el Gobierno de Baleares presentó una propuesta más amplia donde se incluían además de las compensaciones a la insularidad, aceptadas ahora por Pedro Sánchez, una serie de incentivos fiscales como el hecho de que la reserva de inversiones contemplara una bonificación para las empresas del 90% y que, por mediación del presidente del PP en Baleares, Biel Company, el Gobierno central la veía de buen agrado. Finalmente, no se llegó a materializar. Según han defendido los populares en distintos medios, no se firmó este acuerdo por la negativa del Gobierno de Baleares, a pesar de que el proyecto del PP iba a suponer “380 millones para las Islas, además de beneficios fiscales”.
La lucha de Baleares por lograr ventajas parecidas a las de Canarias, por tanto, no es nueva. La portavoz del Gobierno regional, Rosa Dávila (CC), criticaba esta semana el “oscurantismo” con el que Pedro Sánchez había tramitado la modificación de este régimen, que en realidad llevaba años en las Cortes. Coalición Canaria nunca antes se había pronunciado en contra de este REB y en un comunicado que se puede leer en la propia página web del partido se manifestaba hasta hace apenas unos meses a favor de luchar por este régimen de manera conjunta con Proposta Per Les Iles (PI), un partido con el que han llegado a distintos acuerdos.
El decreto de Pedro Sánchez aún tiene que ser convalidado en el Congreso de los Diputados. No obstante, en ese documento, no se recoge ningún tipo de beneficios fiscales para Baleares, solo se contemplan compensaciones económicas al transporte, a la energía, así como la creación de un factor de insularidad. Es decir, la garantía de que todos los años en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se incluyan partidas para compensar la lejanía del Archipiélago con la Península.
El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, se mostraba este martes muy crítico con este régimen de Baleares en la Cadena Ser, donde señaló que se trata de un real decreto “improvisado”, “un anuncio electoral” y un “corta y pega!” del de Canarias. En realidad, los socialistas lo que han aprobado es solo una parte de la reforma del REB más ambiciosa e impulsada precisamente por lo populares.
El presidente del PP de Baleares, Biel Company, ha criticado esta semana el decreto por considerarlo insuficiente “y una tomadura de pelo”. Lo que reprocha es que no se incluyan en ese documento esas ventajas fiscales que defiende su partido y que considera que la presidenta Francina Armengol se negó a recibir del PP por motivos partidistas. En los mismos términos se ha mostrado el aliado de CC, el PI, defensor de esas ventajas tributarias con las que aún no cuenta Baleares y de las que se ha quejado esta semana Coalición Canaria y la patronal de Las Palmas.
