Anticorrupción presenta la querella del 'caso Parque Marítimo'
El caso Parque Marítimo ya está judicializado. La investigación que lleva a cabo la Fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, desde mediados de 2008 se encuentra ya en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital tinerfeña. Fuentes judiciales consultadas por CANARIAS AHORA confirmaron que la fiscal ha presentado ya la querella y el Juzgado ha decretado el secreto del sumario, sin que trascienda, de momento, la relación de querellados.
Según ha podido saber este periódico, las primeras pesquisas de Instrucción 1 se dirigen a recabar toda la información oficial que figure en la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife sobre este caso, ligado a la explotación de negocios presuntamente ilícitos en el Parque Marítimo César Manrique, de la capital tinerfeña, desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado, hasta el cierre del recinto, explotado hasta ese momento por el empresario Luis Gil, al no contar las actividades de ocio nocturno con las licencias necesarias para actuar dentro de la legalidad vigente.
En su momento, el PSC-PSOE llegó a cuantificar en unos 6 millones de euros los beneficios obtenidos por las mercantiles privadas Santa Cruz Park SL y Santa Cruz Park Tenerife SL por la explotación de locales nocturnos, fiestas y todo tipo de celebraciones en el recinto del Parque Marítimo, una concesión de la Autoridad Portuaria de la provincia occidental canaria a una empresa mixta formada por la propia Autoridad y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Parque Marítimo SA, que sólo tenía como objeto la explotación de piscinas en las instalaciones diseñadas por el artista lanzaroteño César Manrique.
La denuncia presentada en verano de 2008 por los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa, en nombre de vecinos de la zona afectados por los ruidos de la noche del Parque Marítimo, ha ido caminando en Anticorrupción, hasta el punto de concretarse en esta querella de la fiscal delegada en la provincia occidental, María Farnés Martínez.
Los protagonistas originalmente denunciados van desde el propio alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, hasta el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, pasando por la figura clave del secretario de la Autoridad Portuaria, Pedro Doblado Claveríe, o los empresarios ligados a ATI-CC beneficiarios del negocio presuntamente ilícito, Jorge Bethencourt en una primera etapa y Luis Gil, explotador del Parque hasta su cierre.
Sin embargo, el hecho confirmado de que la querella ha recaído en Instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife deja de momento fuera del proceso al alcalde de la ciudad, Miguel Zerolo, diputado autonómico por la isla de Tenerife en el Parlamento de Canarias, y por tanto aforado que sólo puede ser procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Como publicara CANARIAS AHORA entre junio y septiembre de este mismo año, el caso Parque Marítimo podría estar íntimamente ligado con otros dos casos judicializados en Tenerife y que afectan directamente a la cúpula de ATI-CC: Las Teresitas y Fórum, por medio de una cuenta bancaria en el paraíso fiscal de la isla de Man.
El ex alcalde Pedro Doblado, en el punto de mira
El origen de la investigación se centra en tres empresas interrelacionadas: una de capital público, Parque Marítimo SA, participada al 50% por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria y presidida por el alcalde, Miguel Zerolo. Su vicepresidencia la ostentó el ex presidente del Puerto, Luis Suárez Trenor, ahora en manos de Pedro Rodríguez Zaragoza, y el secretario es el ex alcalde franquista (1965-1970) Pedro Doblado Claveríe, considerado por las fuentes consultadas por este diario como el cerebro de esta operación.
Las otras dos mercantiles, Santa Cruz Park SL y Santa Cruz Park Tenerife SL, tuvieron como representantes a conocidos empresarios y ex asesores de Miguel Zerolo, Jorge Bethencourt y Valentín Álvarez, y desde 2006 fue regentada por Luis Gil.
Parque Marítimo SA es la concesionaria del recinto ideado por César Manrique y abierto formalmente en 1995 con la única actividad de piscinas, solariums, y dos pequeños establecimientos, una zumería y un bar. Santa Cruz Park SL ganó en 1996 el concurso de arrendamiento de la misma y su explotación, previo pago de una renta al erario público de 210.000 euros anuales -el 21% del beneficio industrial-.
Sin embargo, la actividad del Parque ha incumplido sistemáticamente el pliego de condiciones del mismo hasta el punto de convertirse en el centro neurálgico de la noche de Santa Cruz de Tenerife hasta el verano de 2008, con la organización de multitudinarias fiestas y actos nocturnos, así como la explotación de terrazas de verano de moda.
Desde 2006, el nuevo arrendatario es Santa Cruz Park Tenerife SL -aparentemente de manera ilegal al no convocarse un nuevo concurso de arrendamiento-, creada hace diez años por Bethencourt y Álvarez, pero traspasada a Gil ese año por dos millones de euros, según ha reconocido el propio comprador.
En los primeros meses de 2009, el Cabildo denegó al arrendatario la licencia de actividades de ocio que nunca tuvieron sus anteriores explotadores, y finalmente, después del cierre de las piscinas, el Ayuntamiento procedió formalmente al desahucio del empresario, que ha recurrido la decisión del Consistorio.
Durante el verano de 2009 la polémica ciudadana en torno a este caso ha estado centrada en la imposibilidad de los chicharreros de poder disfrutar de las piscinas, objeto inicial de la concesión administrativa. Y el Parque Marítimo sigue cerrado aunque el desahucio acordado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife todavía no se ha ejecutado.
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