El uso de cartografía antigua dará lugar a derribos

Noé Ramón / Noé Ramón

Vecinos de enclaves rurales de La Laguna como son Guamasa, Cruz Chica, El Ortigal o Valle de Guerra han denunciado que los redactores del Plan General de Ordenación (PGO) han utilizado cartografía antigua y más concretamente del año 2002 para elaborar este planeamiento. El dato tiene sus consecuencias claras ya que en lugares concretos como Guamasa, se han podido detectar diferencias de calado entre ambos planos de manera que en el nuevo PGO se diseñan carreteras sobre enclaves que ya están construidos y ocupados por viviendas.

En el caso de Valle de Guerra se han presentado ya casi tres mil alegaciones después de que cerca de un millar de vecinos también constataran diferencias entre las cartografías utilizadas lo que daría lugar a la ocupación y derribo de edificaciones ya existentes. Los residentes de Valle de Guerra han emprendido diversas protestas después de detectar el intento de llevar a cabo “una agresiva urbanización, con un exagerado viario formado por calles de hasta treinta metros de ancho llamadas bulevares y la implantación de polígonos de naves industriales en zonas agrícolas intensiva”.

En todos estos núcleos se quiere defender y mantener un sistema de vida basado en la agricultura como ha venido ocurriendo hasta ahora y que según consideran este planeamiento pone en peligro.

Además, en el informe vinculante elaborado por el Servicio de Planificación del Ayuntamiento de La Laguna se apunta que en la legislación en vigor no existe la figura de la gestión asistemática con la que se pretende financiar el Plan General. El Departamento llama la atención sobre el hecho de que ésta es una de las principales novedades del documento y que además, “no tiene encaje” en la legislación.

A través de este sistema los redactores pretenden dar cobertura legal a la intervención de las administraciones públicas en la propiedad privada, un derecho fundamental de los ciudadanos. Así en apariencia con el fin de lograr la autofinanciación del Plan se intenta que personas que no tienen que soportar nuevas cargas urbanísticas lleven a cabo aportaciones de su bolsillo o cesiones de terrenos. Esto es lo que ocurriría con los vecinos que poseen sus viviendas en suelo urbano consolidado y que por lo tanto cuentan con todos los servicios necesarios.

De esta manera se entiende que los propietarios ya han desembolsado dinero o cedido suelo para contar con estas prestaciones y que por lo tanto no tienen porque asumir nuevas cargas urbanísticas. Sin embargo, los redactores del PGO recurren a esta nueva fórmula de gestión que además de no existir en la legislación obligaría a los propietarios a tener que desembolsar otra vez dinero o entregar terrenos para contar con servicios básicos de los que ya disponen.

Además, se quiere declarar como Suelo Urbano Consolidado zonas que no reúnen estas características y donde también se aplicaría la misma fórmula para obtener rendimiento económico a través de un idéntico sistema de gestión. De esta manera se consigue que, primero los propietarios cuyas viviendas se encuentran en el suelo consolidado tengan que volver a pagar y los se ubiquen en un enclave sin consolidar también lo hagan.

La conclusión que extrae el concejal de Por Tenerife (XTF), Santiago Pérez es que la intención del alcalde, Fernando Clavijo con la aprobación de este nuevo Plan General no es otra que la de ofrecer al sector inmobiliario todas las posibilidades y facilidades que existan para “volver a hacer de las suyas” en cuanto la situación económica se lo permita. “De lo contrario es imposible que hayan optado por un plan como éste a no ser que el alcalde tenga una borrachera tan grande de poder que se crea que puede hacer lo que quiera e imponer el calendario que él decida”.

En cualquier caso la formación política XTF, ya ha mostrado su intención de acudir a los tribunales para denunciar este documento lo que dará lugar a su judicialización. Por lo tanto, quedaría en el aire su aprobación provisional que en principio está previsto que sea debatida en en un pleno que se celebrará el próximo 11 de julio.

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