Un concejal amasó 472.000 euros con sorbornos
La Fiscalía no parecer albergar duda alguna de que Félix Sierra, ex concejal de Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Arona cobró sobornos durante los años 1999-2003 y de esta manera logró amasar un patrimonio que sumó los 472.000 euros. En su escrito de acusación el Ministerio Público ratifica que el ex edil “formó parte de una trama organizada e integrada por los arquitectos municipales”, Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, todos ellos formalmente acusados dentro del caso Arona.
En concreto, la Fiscalía los considera autores del cobro de comisiones ilegales a los promotores constructores y técnicos directores de obras que se acercaban a tramitar las licencias en el Ayuntamiento. A cambio los empresarios veían como sus proyectos se agilizaban y de pronto milagrosamente se solventaban los obstáculos legales que hasta entonces parecían casi irresolubles
De la lista de diecisiete acusados por esta trama, sin duda son el ex concejal y los dos técnicos los que salen peor parados con unas peticiones de cárcel que suman 20 años. La Fiscalía ha solicitado para Sierra seis de cárcel, 31 de inhabilitación especial y multas de 525.000 euros por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación urbanística, prevaricación continuada y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
De La Rosa arquitecto jefe de la Oficina municipal es acusado por cohecho y prevaricación urbanística, lo que suma 6 años de prisión y 20 de inhabilitación. Sobre el aparejador, De Luis, pende la petición de penas de 8 años de prisión y 10 de inhabilitación por prevaricación urbanística y cohecho.
Pese a las dificultades que entraña poder demostrar los sobornos, la Fiscalía estima que hay pruebas suficientes para considerar que Sierra “participó en el plan de cobro de una comisión ilegal de 267.240 euros que tuvo que desembolsar un promotor”. Además, en el escrito se recoge que durante el tiempo en que desempeñó el cargo de concejal de Urbanismo, percibía un porcentaje que el acusado Roberto Luis cobraba en el mismo conceptos a otros arquitectos redactores de proyecto y directores de obra. Incluso en una ocasión el concejal reclamó el dinero directamente a algún promotor, como cuando exigió a un empresario 6.000 euros a cambio de agilizar el expediente y remover los obstáculos legales en las obras de la carretera de Guaza.
“Estas actuaciones ilícitas le reportaron grandes beneficios económicos, la mayor parte de los cuales invirtió en el período en que precisamente fue concejal”. Así hasta finales de 2004, Sierra adquirió prácticamente todo su patrimonio inmobiliario, cuya valoración aproximada es de 472.000 euros. Además de su vivienda habitual en Los Cristianos, también dispuso de otra en la misma localidad que costó casi 53.000. Pero durante este período adquirió al menos cinco casas, locales comerciales, parcelas, participaciones en sociedades y plazas de garaje que en muchas ocasiones pagaba en efectivo y en otras por un valor muy inferior al de la tasación.
El ex concejal también era socio en una empresa familiar dedicada a la demolición y movimiento de tierras. La Fiscalía acusa a Sierra de haber llevado a cabo labores de asesoramiento e intermediación con otras compañías que tramitaban licencias en el Ayuntamiento para que contrataran los servicios de la socedad familiar. A partir de aquí el acusado cobraba un porcentaje por cada acuerdo que suscribía gracias a su intermediación.
A través de esta vía logró ingresar en sus cuentas corrientes casi 143.000 euros. Curiosamente, todas las compañías con las que trabajó obtuvieron licencia municipal para obras mayores y prórrogas. Por supuesto siempre contaron con el voto favorable de Sierra cuando estos asuntos eran tratados en la Junta de gobierno. En el mandato de 2003 a 2007, el ex concejal ejerció como responsable de Industria, Patrimonio y Comercio, a la vez que seguía desempeñando sus labores de intermediación con la empresa familiar.
