Los ecologistas exigen delimitar el BIC de Tindaya
Ben Magec-Ecologistas en Acción ha exigido al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Fuerteventura que delimiten “de una vez por todas” el entorno de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) de la montaña de Tindaya, ubicada en el municipio majorero de La Oliva, como zona arqueológica.
Aunque Tindaya cuenta con la calificación de BIC, el Gobierno de Canarias nunca ha llevado a cabo la delimitación del mismo que obliga la Ley, según recordó el arqueólogo y miembro del colectivo ecologista, Pepe Guillén, en una rueda de prensa celebrada este jueves en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula las normas de conservación del Monumento Natural de Montaña de Tindaya, al estimar el recurso interpuesto por Ben Magec en abril de 2011.
Guillén denunció que “llevamos 20 años demandando saber hasta dónde llegan las manifestaciones arqueológicas” de Tindaya, algo que se podría averiguar con los estudios pertinentes para hacer la susodicha delimitación. Según aventura, éstas podrían situarse no sólo en la cima de la montaña, donde se han encontrado grabados podomorfos, sino también en la base y zonas medias donde se han vislumbrado evidencias de yacimientos funerarios y de poblados aborígenes que “quedarían afectados” si se llegara a realizar la obra del escultor vasco, Eduardo Chillida.
La portavoz de Ben-Magec, Noelia Sánchez, manifestó que la resolución del TSJC da la razón al colectivo, al considerar que las Normas de Conservación aprobadas por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en febrero de 2010 se hicieron “a la carta” para poder hacer viable el proyecto de Chillida.
Sánchez precisa que la sentencia “hace bastante complicado” que la obra del escultor pueda llevarse a cabo, ya que anula las normas de 2010 en la parte media y alta de la montaña, donde se situarían varios respiraderos. En este punto, Guillén insistió en que mientras no se delimite el BIC, la zona no se ajustará a la legalidad y no se podrá realizar el proyecto. “No cabe actuación en la montaña sin delimitación del BIC”, manifestó.
El abogado del colectivo, Carmelo Padrón, se mostró tajante y explicó a CANARIAS AHORA que con este fallo judicial, el Gobierno de Canarias “lo tiene imposible llevar a cabo el proyecto de Chillida” y se mostró convencido de que parte de la obra se encuentra dentro de la zona afectada por el BIC.
Guillén lamentó el “derroche” de dinero público invertido en el proyecto, que cifró en 25 millones de euros, aunque a su vez desconfió de que la Administración regional no “trate de ajustar” la delimitación, para volver a hacer viable la obra. Asimismo, solicitó el inicio de un proyecto alternativo en la zona “que proteja y enriquezca sus verdaderos valores, poniéndolos al disfrute de la sociedad”.
Aunque definió la sentencia como “bastante contundente”, Padrón reconoció que no es firme. Si la Administración regional o insular decidiera interponer un recurso de casación y se dispusiera a comenzar las obras, asegura que Ben-Magec pedirá la ejecución provisional de la sentencia, porque “si el Tribunal Supremo la ratifica, los daños que se habrían producido serían irreversibles”.
Dejación del Gobierno
El doctor en Historia y Arqueólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Jonathan Santana lamentó que la “dejación” por parte del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura ha supuesto la pérdida de 27 paneles podomorfos protegidos. “No sabemos qué más cosas han desaparecido”, advirtió.
La propia sentencia estipula entre sus conclusiones que el Gobierno de Canarias “ha incumplido las obligaciones que le imponía la Ley de Patrimonio” y añade que “la primera obligación que tanto la Ley estatal como la canaria imponen a la Administración era delimitar y proteger la zona arqueológica. Al no hacerlo así, se han desperdiciado todos los recursos y esfuerzos volcados en aquella singular montaña, el espacio natural, la zona arqueológica y la posibilidad de protección y promoción debatidos”.
Por estos motivos, Ben-Magec pide la dimisión del consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, o su cese por parte del Gobierno, al considerarlo como responsable de “la última artimaña legal” en referencia a las normas de conservación de 2010, y por “su vinculación al proyecto de Chillida desde sus inicios, costándole casi 25 millones de euros a las arcas públicas”.
