Impulso a la polémica gasolinera de Disa en Siete Palmas en contra del criterio de la secretaria

Parcela donde se pretende ubicar la gasolinera de Disa. (ALEJANDRO RAMOS)

Seis meses después de la fecha prevista en un principio, llega a pleno la modificación parcial del Plan General de Ordenación (PGO) de Las Palmas de Gran Canaria para permitir la construcción de una gasolinera de la petrolera Disa en el entorno del cementerio de San Lázaro. Estaba previsto que se debatiera en mayo, pero fue retirada del orden del día para revisar el expediente y evitar que hubiera fisuras, según relató entonces el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino, Javier Doreste. Sin embargo, el nuevo impulso al cambio de planeamiento tampoco está exento de polémica. El gobierno municipal ha decidido reiniciar el procedimiento en contra del criterio de la secretaria municipal, Ana María Echeandía, que ha advertido de que aún no se ha tramitado adecuadamente la adenda del convenio urbanístico expropiatorio que permitirá la instalación en esa parcela de la estación de servicio, una condición indispensable para poder materializar la modificación urbanística.  

El convenio original es de marzo de 2015. Fue firmado en las postrimerías de la Alcaldía de Juan José Cardona (Partido Popular) y preveía, entre otras actuaciones, la cesión por parte del Ayuntamiento de una parcela en la Vega de San José (en la calle Alicante) a la compañía Disa a cambio de la expropiación de la gasolinera que la petrolera aún explota en la Avenida Alcalde Díaz Saavedra, en la trasera del cementerio de Vegueta. Tres años después, ya con el tripartito en el poder municipal (PSOE, Nueva Canarias y Podemos), se proyectó una adenda al convenio que contemplaba un cambio de ubicación de la estación de servicio. Se planteó que en lugar de en la Vega de San José se instalara en el entorno del cementerio de San Lázaro, en la rotonda de acceso, en un solar de titularidad municipal. Para ello, era necesario un cambio del uso del suelo, de rústico a urbano consolidado, por lo que el Ayuntamiento instó la modificación parcial del PGO en esa zona.

Lo cierto es que la adenda al convenio nunca se llegó a tramitar de forma adecuada. Así lo denunció hace unos meses Pedruzcos Oil, empresa que llevó el caso a los tribunales después de que el Ayuntamiento le negara la licencia para levantar una gasolinera en la parcela colindante a la que ahora se pretende dar a Disa. En su recurso, esta compañía explicaba que el Ayuntamiento se había limitado a asumir la propuesta planteada por la petrolera de la familia Carceller en un borrador, sin haber realizado una tasación contradictoria ni haber emitido un informe jurídico, ni del órgano de gestión presupuestaria ni de la intervención, ni haberlo sometido al trámite de información pública.

En un informe fechado el 23 de junio, la secretaria municipal confirmaba este extremo, es decir, que la modificación del convenio urbanístico no había seguido el procedimiento estipulado y que su correcta cumplimentación es “requisito sine qua non” para poder reiniciar la modificación del PGO. La habilitada nacional recalca que esa adenda no es simplemente expropiatoria, sino también “preparatoria” de un cambio de planeamiento y, por lo tanto, que su tramitación debe ser previa, ineludible para poder transformar el uso del suelo y autorizar la instalación de la gasolinera de Disa.

 La empresa recurrente, Pedruzcos Oil, sostiene que este informe obliga a volver a la casilla de salida, al inicio del expediente de modificación del PGO, acordado en la sesión plenaria de noviembre de 2019, y a realizar los trámites pertinentes, entre ellos el de información pública de la adenda.

Sin embargo, la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido continuar adelante con el cambio de planeamiento y llevar el asunto al pleno de este viernes. Para ello, se ha basado en un informe de la Asesoría Jurídica municipal que discrepa de la opinión de la secretaria y considera que es posible realizar los dos procedimientos (la aprobación de la adenda y la modificación del Plan General) de forma simultánea, sin supeditar el segundo a la correcta materialización del primero. Entiende este departamento que no es necesario que el convenio esté culminado para poder tramitar y aprobar el instrumento de ordenación, sino que basta con que se esté negociando. Así lo recoge un escrito firmado por una técnica municipal que hace suyo la directora general de la Asesoría Jurídica y así lo explicó también a los grupos políticos en la Comisión de Desarrollo Sostenible el coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento, José Setién.

 “El orden de los factores no altera el producto”

"Da lo mismo. Se tramitan las dos cosas al mismo tiempo y punto. El orden de los factores no altera el producto”, señalaba este miércoles por la mañana en declaraciones a los medios el concejal de Urbanismo de la corporación capitalina, Javier Doreste (Podemos). El también primer teniente de alcalde ha defendido que el acuerdo es beneficioso para la ciudad. “¿Qué es preferible? ¿Construir una gasolinera según el convenio firmado por el PP en medio de la Vega de San José, en un núcleo altamente poblado, o sacarla al extrarradio en la zona del cementerio de San Lázaro?”

“La política de Europa y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde hace muchísimo tiempo es desplazar las gasolineras al extrarradio”, ha insistido Doreste, que no ve “ningún problema” en el informe emitido por la secretaria y que, “ante las críticas de la oposición”, ha negado que el suelo donde se pretende ubicar la estación de servicio de Disa en Siete Palmas estuviera destinado a usos deportivos. A través de la adenda, el gobierno municipal pretende crear un área dotacional en la zona con aparcamientos, un tanatorio público, un crematorio y una cafetería.

El alcalde capitalino, el socialista Augusto Hidalgo, también ha expresado su acuerdo con la modificación del PGO. “Somos un único gobierno y llevamos los expedientes (a pleno) para que se aprueben”, ha apuntado el regidor, que ha añadido que la operación cuenta “con todos los informes positivos, como no podía ser de otra manera”. “No hay ningún tipo de discusión”, ha concluido.

Por su parte, el PP ya ha anunciado que se opondrá. Su portavoz, Ángel Sabroso, considera que no se trata de una operación “buena ni para la ciudad ni para el interés general” y supone asumir “un alto riesgo de consecuencias económicas muy importantes para las arcas públicas”.

Caso judicializado

El caso ya está judicializado. La mercantil Pedruzcos Oil ha presentado dos acciones judiciales contra la administración local. En la primera de ellas recurrió la decisión del Ayuntamiento de negarle la concesión de la licencia para la instalación de la gasolinera. La vista se celebró el pasado 15 de noviembre y a ella no acudió ningún representante de la corporación. La segunda se dirige contra el acuerdo plenario que dio inicio a la modificación del Plan General, en noviembre de 2019.

Esta empresa solicitó en septiembre de 2020 la revisión del expediente, ya que consideraba que las actuaciones municipales han sido beneficiosas solo para Disa y lesivas para las arcas públicas. Entre otras consideraciones, mantienen que el Ayuntamiento ha cumplido con casi todas las estipulaciones acordadas en el convenio de 2015, como las cesiones de parcelas y recalificaciones, y que, sin embargo, la petrolera no ha asumido ninguno de sus compromisos y sigue explotando la estación de servicio situada en la trasera del cementerio de Vegueta sin haber entregado viales ni espacios libres.

Una pericial encargada por Pedruzcos Oil calcula en unos diez millones de euros el coste para el erario público de la operación urbanística con la empresa de la familia Carceller.

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