Julio Cruz (PSC) niega que las imputaciones a Delgado, Mora y Dorta sean tan graves como las de Zerolo

Que tres integrantes de la nueva comisión ejecutiva regional del PSC estén imputados por delitos graves, como son prevaricación y tráfico de influencias, es una nueva condición del máximo órgano de poder de ese partido en las Islas bendecida por Coalición Canaria y el Partido Popular, ya que cuentan con dirigentes en la misma situación, pero que no gusta a muchos socialistas, sobre todo de Tenerife, incluso militantes de a pie, que han tenido que acatarla a regañadientes.

Desde que hace dos semanas fue elegida la Ejecutiva del partido, algunos de sus dirigentes tratan de justificar las acusaciones que la Fiscalía para Delitos contra la Ordenación del Territorio ha lanzado contra José Luis Delgado, consejero del Cabildo y ahora nuevo secretario regional para Transportes e Infraestructuras, imputado en el caso Arona, y contra Ana Lupe Mora Padilla, secretaria de Sanidad, por el caso varadero.

La tercera imputación, contra el ex alcalde de Icod de Los Vinos, Juan José Dorta, y vocal en la Ejecutiva, no viene de Fiscalía, sino de la acusación particular de una asociación de vecinos.

Se da la circunstancia de estas tres sombras de la Ejecutiva regional del PSC están en Tenerife, pero dentro del partido se sostiene que su inclusión se debe al necesario equilibrio de reparto de cargos entre islas.

“No es lo mismo imputado que procesado”

Julio Cruz, nuevo secretario de Organización del PSC, afirma que hay matices entre la situación de Miguel Zerolo, también imputado (pero no procesado) por prevaricación y tráfico de influencias en los casos Las Teresitas y Fórum Filatélico, y las de José Luis Delgado o Ana Lupe Mora, ya que lo de Zerolo, dice, “es más grave”.

“La imputaciones en los tres casos del PSC no son por corrupción”, agrega. Lo son por actos administrativos, en los que hay denuncias de particulares, y de entrada no se han planteado medidas cautelares por ninguno de los tres juzgados. En el caso de José Luis Delgado no hay ninguna medida cautelar dictada y su imputación proviene de una acusación particular muy concreta“.

Para Cruz, la figura de imputado está muy alejada de la de procesado. Es más, subraya que “entre todos, hemos creado un similitud entre imputado y condenado, cuando eso no es así. Lo hemos visto con Camps”.

“Cuando hay un acto delictivo muy claro, con muchas pruebas, lo normal es que la policía practique detenciones, que el acusado declare detenido y que el juez adopte medidas cautelares, como quitarle el pasaporte, imponerle una fianza, obligarle a ir a firmar al juzgado. No es el caso de ninguno de los miembros de la Ejecutiva”, insiste.

¿Qué pasa entonces con Zerolo, contra quien el PSC ha cargado por sus imputaciones? En este punto, Julio Cruz debe volver sobre sus propias palabras. “Ignoro la situación de Zerolo, pero si solo está imputado entonces está en la misma situación que nuestros compañeros”, admite.

Cruz, como el secretario insular del PSC en Santa Cruz de Tenerife, Juan Ignacio Viciana, defiende que muchas imputaciones acaban siendo archivadas. Por eso es malo demonizar y, “peor aún, apartar de la militancia a compañeros cuando las causas en las que están implicados siguen en fase de instrucción”, puntualiza Viciana. Pero también los dos reconocen que, en estas circunstancias y de cara a los meses electorales que se avecinan, el PSC se ha quedado mermado en su capacidad de señalar la corrupción en CC y PP.

Algunos de los dirigentes socialistas con los que ha contactado CANARIAS AHORA han preferido no opinar, pero no ocultan su malestar por la presencia de esos imputados en el poder regional de un partido que se postula como el de las manos limpias y hace de la transparencia su eslogan.

Dos casos graves y uno en el aire

Julio Cruz de equivoca cuando afirma que sus tres compañeros de filas sólo han sido acusados por particulares y por casos de mera irregularidad administrativa, salvo en el caso de Juan José Dorta, que ha sido imputado en una presunta prevaricación relacionada con delitos relativos a la ordenación del territorio en el polígono industrial de Riquel por una denuncia particular de la Asociación Vecinal San Marcos Los Pescadores hecha en 2004.

Sin embargo, las acusaciones que pesan contra José Luis Delgado y Ana Lupe Mora no son simples irregularidades, ya que están imputados por presunta prevaricación y tráfico de influencias, y no han sido lanzadas por cualquiera, sino por la propia Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

José Luis Delgado fue a declarar el enero pasado dentro de la instrucción que lleva a cabo por el caso Arona el juez Nelson Frías por sus conversaciones con el alcalde aronero, José Alberto González Reverón, el principal implicado en una complicada trama de corrupción en ese municipio del sur de Tenerife por concesión ilegal de licencias urbanísticas.

La salpicadura de Delgado guarda relación con un concurso público del Ayuntamiento de Arona al que concurrió con su empresa. Según la Policía Judicial que llevó a cabo las escuchas telefónicas por orden del juez, Delgado le habría hecho peticiones al alcalde para intentar ganar ese concurso. Calificado por los agentes en el sumario como “amigo íntimo de Berto”, Delgado quiso explicar después de ser imputado que sus llamadas fueron exclusivamente para denunciar que ese concurso público estaba amañado.

La implicación de Ana Lupe Mora, también consejera insular, en dos presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias viene de la Fiscalía para Delitos contra la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente, a raíz de una denuncia original de Iniciativa por El Rosario-Verdes y se sigue en el juzgado de Instrucción 3 de Santa Cruz de Tenerife.

La denuncia va dirigida contra el anterior gobierno de El Rosario, pero afecta a Mora Padilla de lleno y está relacionada con la tramitación en 2002 y aprobación por silencio administrativo en 2004, del Plan Parcial El Varadero, que promovía en esa localidad tinerfeña el empresario de Candelaria Amador Díaz Ramos, que buscaba hacer una urbanización en la zona de suelo agrícola protegido de El Varadero.

Se trataba de un Plan Parcial de Ordenación que la propia Justicia ha anulado la pasada semana.