Santana Cazorla fue detenido por 'Góndola' sin una orden judicial
El empresario Santiago Santana Cazorla, imputado por la operación Góndola por presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Mogán, fue detenido sin una orden judicial. La Policía practicó la detención en el aeropuerto de Gran Canaria cuando éste se disponía a coger un vuelo para Tenerife, sin mostrar autorización alguna de un juez. Este argumento podría ser utilizado por la defensa en la causa judicial que se instruye por el caso.
Santana Cazorla, acusado de presuntos delitos de tráfico de influencias tras mantener conversaciones telefónicas con miembros del Gobierno de Canarias a cuenta de la autorización para el complejo turístico de Anfi Tauro, y de un posible delito urbanístico al construir una depuradora en suelo rústico en Mogán, fue detenido en febrero de 2007 por la Policía, que controlaba sus movimientos al tener pinchados sus teléfonos.
La detención se practicó, en todo caso, merced a una orden policial, pero ningún juez la había ordenado, a pesar de que por entonces ya estaba abierta la causa. Meses antes, la policía había detenido también al alcalde de Mogán, Francisco González, en el marco de la misma operación Góndola, también sin orden judicial, lo que generó un fuerte revuelo político al estar entonces próximas las elecciones locales y autonómicas de 2007.
En medios jurídicos se especula aún, más de un año después de los hechos, y ahora que se está en pleno procedimiento judicial, cuál fue la razón por la que la policía detuvo al empresario sin esperar por la orden del juez, en lugar de recurrir a la habitual citación en los juzgados para ser interrogado por los hechos que se le atribuyen.
En el propio entorno del empresario se incidió mucho en los días posteriores a la detención en el impacto que supuso para él ser interceptado en un lugar público por los agentes. De hecho, la notoriedad pública de la detención fue tal que tuvo un gran seguimiento mediático, no sólo en Canarias y en la Península, sino en el resto de países donde el grupo Santana Cazorla tiene intereses, según se constató luego.
Argumento para la defensa
Por otra parte, en círculos judiciales se barajaba este miércoles la posibilidad de que la defensa de Santana Cazorla esgrimiese el argumento de la ausencia de orden judicial en la causa que se sigue con el empresario, al no entenderse una actuación policial de esta naturaleza sin que los hechos por los que se imputan al afectado revistan especial gravedad, al no ser posible detener por faltas ni por delitos cuya pena de privación de libertad sea inferior a tres años.
En el caso concreto de Santiago Santana Cazorla, la detención se le practicó por una causa judicial que ya estaba abierta, por lo que, según expertos jurídicos, depende funcionalmente del juez tomar y tutelar todas las decisiones en el proceso.
También en relación con el empresario, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya se ha pronunciado en torno a las conversaciones del empresario con miembros del Gobierno ?precisamente, el germen de la polémica detención- y la sala judicial no llegó a observar delito alguno en el contenido de las mismas.
En cuanto a la otra imputación del empresario, la depuradora de Taurito, un posible delito urbanístico, parece poco probable que fuese la causa por la que la Policía practicó la detención, ya que se trata de una infracción urbanística que, por sí sola, no tiene más consecuencias que una citación, según algunas fuentes conocedoras del caso.
