SCTF rechaza un pleno monográfico de Emmasa
La ejecución de la sentencia que anuló el concurso para la privatización del servicio del agua en Santa Cruz de Tenerife se tratará como un punto más del orden del día en el pleno ordinario que tendrá lugar el próximo 26 de julio. El concejal de Ciudadanos, Guillermo Guigou, que fue el que recurrió en su momento ante los tribunales el procedimiento seguido, ha mostrado su desacuerdo con esta decisión en cuanto considera que el asunto tiene la suficiente importancia como para tratarlo en un pleno extraordinario y monográfico.
“Estamos seguros de que ahora sólo nos dejarán intervenir tres minutos y enseguida pasarán a tratar esos planes especiales tan maravillosos que van a cambiar el futuro de la ciudad”, dice Guigou, en referencia a que en el mismo pleno se tratarán varios planeamientos con lo cual el debate sobre el agua quedará diluido.
El concejal se mostró de acuerdo en no pagar indemnización alguna a la empresa Sacyr-Vallehermoso por la rescisión del contrato y dijo que hay motivos de sobra para anularlo. No obstante, manifestó que desconocía cuáles eran las intenciones del grupo de gobierno para dar cumplimiento a la sentencia firme del Tribunal Supremo (TS) que dejó sin efecto el concurso porque no se siguió el procedimiento legalmente establecido.
Sobre la posibilidad de acudir a los tribunales en caso de que finalmente la decisión que se tome en el pleno no sea la de proceder a la anulación, Guigou dijo que no se quería situar en la peor de las posibilidades, “pero ya hemos demostrado de sobra que somos capaces de acudir las veces que haga falta a los tribunales. De todas formas espero que el grupo de gobierno actúe esta vez con sensatez”.
El concejal recuerda que la adjudicación se decidió en un pleno extraordinario y monográfico celebrado en 2005, que luego fue anulado en cuanto previamente no se había expuesto al público la justificación de por qué se quería privatizar el agua. Sobre la posición que están mostrando los grupos municipales, dijo estar de acuerdo con el PSOE en que no se debe abonar cantidad alguna a Sacyr y recordó que esta formación política en la oposición siempre estuvo a favor de anular el concurso con todas sus consecuencias.
En cuanto al Partido Popular (PP) cree que “más de uno debería pedir perdón”, ya que en el año 2005 esta formación política aprobó la privatización cuando gobernaba junto con Coalición Canaria (CC). Para Guigou el cumplimiento de la sentencia sólo puede pasar por la anulación del concurso en su totalidad y del resultado decidido hace ya ocho años. A partir de aquí el servicio volverá a ser totalmente público o en todo caso privado pero manteniendo el Ayuntamiento la mayoría de las acciones.
Cualquier otra alternativa le resulta inconcebible y el concejal asegura que la recurriría ante los tribunales. No obstante, indicó que hasta le pasado jueves nadie del grupo de gobierno se había dirigido a él para informarle de cuál es la decisión que van a tomar. En principio se calcula que la anulación del contrato supondría el abono de una indemnización de hasta 140 millones de euros lo que dejaría al Ayuntamiento en la bancarrota.
Sin embargo, la oposición ha señalado que es viable proceder a la rescisión basándose en los incumplimientos en los que ha incurrido la empresa como es la subcontratación de varios servicios, en contra del contrato firmado en su día. Esta alternativa, sin embargo, acabará con toda seguridad en los tribunales donde Sacyr se defenderá con toda su artillería judicial pesada.
Hasta ahora el grupo de gobierno presente y el anterior encabezado por Miguel Zerolo, han intentado retrasar al máximo la ejecución de la sentencia y procedido a llevar a cabo determinados subterfugios legales para evitar su cumplimiento. Entre ellos sacar a información pública en 2010 la memoria que justificaba la privatización aunque se hubiera realizado con datos de 2005. En ese momento los servicios jurídicos determinaron que no era necesario proceder a convocar un nuevo pleno, lo que luego volvería a ser rectificado por los tribunales. Pero lo cierto es que en vez de celebrarse una sesión plenaria extraordinaria y monográfica para debatir a fondo de este asunto, “nos vamos a ver otra vez con que sólo nos dan tres minutos para intervenir y poco más”, dijo Guigou.
