Torres emplaza a Canarias a una nueva reunión sobre Costas para resolver las “discrepancias”, con el hotel Oliva Beach como trasfondo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha emplazado a una nueva reunión de la Subcomisión de Costas para resolver las “discrepancias” existentes en la materia y evitar que Gobierno de Canarias acuda al Tribunal Constitucional, tal y como ha anunciado el Ejecutivo regional tras el encuentro de la Comisión Bilateral Canarias-Estado celebrado este lunes.

Según informa el departamento ministerial, su máximo responsable ha emplazado a ambas administraciones a una nueva reunión antes del verano. “Hay que agotar todo el tiempo para intentar alcanzar un acuerdo”, dijo.

“Ante exposiciones jurídicas tan diferentes, es difícil llegar a un acuerdo”, continuó Torres. “No está en discusión el Estatuto de Canarias, lo que ponemos sobre la mesa es la interpretación de la Constitución Española. Así lo interpreta el Gobierno, mientras Canarias plantea que es una competencia autonómica”, explicó.

Asimismo, el ministro expuso que hay informes contundentes por ambas partes. “El Consejo Consultivo defiende la competencia del Gobierno de Canarias. Del mismo modo, el Consejo de Estado defiende para el Gobierno de España la competencia. Informes igual de contundentes, defendiendo cada uno sus competencias. Pero seguiremos reuniéndonos”, apuntó.

También recordó que todas las CCAA que han recibido las competencias de costas, como Cataluña, Andalucía o Illes Balears, dejan las decisiones compensatorias, las disposiciones transitorias, en manos del Gobierno de España.

Origen del 'conflicto'

El origen de este conflicto entre ambas administraciones no es otro que el expediente de caducidad iniciado por el Ministerio de Transición Ecológica sobre la licencia del Hotel Oliva Beach, de la cadena Riu, ubicado en plenas Dunas de Corralejo (Fuerteventura). El Ministerio inició dicho expediente, que supone extinguir el permiso a este establecimiento hotelero a ocupar una zona costera del norte de Fuerteventura, y posteriormente emitió una orden de derribo, al carecer ya de permiso. El expediente se inició porque, según el Ministerio, el establecimiento incumplió varias de las condiciones de la concesión que ostentaba. Entre ellas, destaca que el hotel realizó obras para ampliar el edificio, construyendo nuevos apartamentos, lo que supuso una ampliación del volumen de las edificaciones de un 20%. No aumentar el volumen de lo construido era una de las condiciones de la concesión. Otra, que se construyeron una rotonda y un local comercial, este último con un uso distinto al hotelero, que era el contemplado en los permisos. Además, se levantó una valla para impedir el paso sobre una zona que es de uso público, con lo que se restringió el acceso libre. Todo ello fue comunicado al establecimiento en distintas ocasiones, según el Ministerio, sin que se subsanaran estas irregularidades.

Por todo ello, el Ministerio consideró que el hotel había incumplido varias de las condiciones de la concesión y procedió a extinguirla, con la consiguiente orden de derribo del edificio, una vez finalizado el permiso.

La empresa, sin embargo, alega que no ha incumplido ninguna de las condiciones.

Tanto el anterior Gobierno de Canarias, con el PSOE al frente, como el actual, con CC y el PP, se han posicionado defendiendo al hotel y no exigiendo tan siquiera explicaciones a la empresa que, según el Ministerio, ha cometido varias infracciones. Ahora el actual presidente regional y el anterior (ahora ministro) se reunieron este lunes en lo que el Ejecutivo de CC-PP denominó conflicto por las competencias de Costas, ya que asegura que el Ministerio ya no tiene la potestad de iniciar expedientes de caducidad de licencias una vez que las competencias de Costas le fueron transferidas el Gobierno canario.

Sin embargo, el Ministerio ha sido tajante: es la única administración competente para decidir sobre expedientes iniciados por ella misma, y además, en los acuerdos de traspaso de competencias no se especificaba nada respecto a este tipo de expedientes. Y subraya: Canarias no es competente en este asunto.

El Consejo de Estado, definido como “el supremo órgano consultivo del Gobierno” nacional, lo tiene bastante claro: la competencia para tramitar y resolver el expediente del hotel RIU Oliva Beach en Fuerteventura es de la Administración estatal, no de la autonómica.