Servicios Sociales: el sistema público de Canarias no da respuesta a la situación de emergencia que vive el Archipiélago

Son muchos los indicadores que han encendido la luz de alarma sobre la necesidad de paliar de forma urgente la pobreza y exclusión social en Canarias sin que la nueva Ley de Servicios Sociales vea la luz. Quizás esa presión social y política ha sido la que ha llevado el nerviosismo incluso al seno del Gobierno, con cruce de acusaciones entre el presidente Fernando Clavijo, la vicepresidenta Patricia Hernández y los portavoces de CC, José Miguel Ruano, y del PSOE, Ignacio Álvaro Lavandera. Los datos apremian y la oposición y los principales colectivos presionan pidiendo soluciones y menos palabras.

El mismo día que el director de Cáritas Diocesana de Las Palmas, Gonzalo Marrero, advertía del incremento de personas en exclusión social que viven en la calle en las Islas, el presidente Fernando Clavijo aseguraba en un foro público que los datos de desempleo y pobreza “siguen siendo preocupantes” y que, por tanto, “sigue quedando mucho por hacer para superar las secuelas” de una crisis de la que, para el jefe del Ejecutivo, ya había pasado lo peor.

Una afirmación que indignó a Marrero al asegurar que cualquiera que lo dijera que estaba mintiendo, pues Cáritas cada vez atiende a más “trabajadores pobres a quienes contrata para un restaurante un fin de semana” y que, además, el rostro de la pobreza en Canarias “es mujer, entre 29 y 45 años, sola, con uno o dos niños a su cargo”.

Pese a que el propio Clavijo afirmó en su discurso de investidura que la nueva Ley de Servicios Sociales (un compromiso electoral tanto suyo como de la vicepresidenta Patricia Hernández) iba a estar lista antes de que concluyera 2015, lo cierto es que en pleno otoño tanto él como la número dos del Ejecutivo tuvieron que reconocer que la complejidad del nuevo texto obligaba a que éste no iba a poder aprobarse hasta bien entrado 2016.

Puede que ésta, entre otras causas, sean las que han llevado al director de Cáritas a asegurar que “mirando a los presupuestos de la Comunidad la conclusión es clara, no es la prioridad del Gobierno el incorporar a las personas en situación de exclusión social”, alertando a los ciudadanos de que deben “mirar lo que los políticos plasman en los presupuestos, no lo que dicen en una declaración”.

Tras escuchar a Marrero, habría que recordar que todos los grupos parlamentarios, y hasta la vicepresidenta Hernández, coincidieron durante la tramitación de los Presupuestos en que las cuentas en Políticas Sociales, Empleo y Vivienda deberían ser mayores. Pero mientras para lanúmero dos del Ejecutivo y los grupos que la apoyan la culpa de que el incremento no sea mayor es de la regla del gasto impuesta por el Gobierno central, las fuerzas de la oposición o bien no vieron el crecimiento de los fondos o simplemente lo consideraron insuficiente para abordar las necesidades de los ciudadanos más necesitados.

Sin embargo, Hernández defendió sus Presupuestos asegurando que “se acabaron los recortes en las necesidades básicas de la gente” gracias a un incremento del 13% respecto a 2015, la “subida más importante en los últimos ocho años”, lo que posibilitaría más dinero para la Prestación Canaria de Inserción (PCI) gracias a la inyección de 45 millones de euros para “atender dignamente” a 13.000 familias, en las que existen 9.100 menores en riesgo de exclusión social.

Además, según los datos de Hernández, se ha conseguido acabar con las listas de espera en la PCI, ya que si en 2014 se resolvieron 5.000 expedientes en 2015 éstos se elevaron a 10.500.

Ofensiva de la oposición

Cuentas que, para el director de Cáritas, son mero cuento. Todo un varapalo que viene a unirse a los que, normalmente, aplican los portavoces de los grupos de la oposición, que ya se han movilizado, cada uno por su cuenta y riesgo, para abordar la crisis de los servicios sociales en el Archipiélago de forma urgente. El primero en esta ofensiva ha sido el Grupo Popular, que el pasado 28 de enero presentó su propia nueva Ley de Servicios Sociales para que esté aprobada antes del mes de julio y aclarar el papel de cada administración, que defina con claridad una cartera de servicios y los garantice financieramente.

Dos días después, el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, el que anunció que en el próximo pleno parlamentario va a proponer crear una cumbre social e institucional porque “Canarias no puede esperar a aprobar una nueva ley para frenar el aumento constante de la desigualdad social, la pobreza y la exclusión social”.

Con todo, hay que reconocer que fue Podemos el primer grupo parlamentario en alertar sobre la situación y proponer la creación de una comisión para el rescate ciudadano debido a que el número de personas que viven en pobreza severa en las Islas ronda el 30%, diez puntos por encima de la media estatal. Una propuesta que fue rechazada por la Junta de Portavoces el 2 de septiembre, por lo que ni siquiera se llegó a debatir en pleno alguno.

La líder de Podemos, Noemí Santana, ha venido defendiendo, sin éxito alguno en la Cámara regional, la adopción de medidas para paliar una situación en la que ya ni tener empleo es garantía de inclusión social, pues “una de cada cinco personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial presenta indicadores de pobreza”, y ha denunciado que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) solo alcanza al 0,5% de la población en pobreza o exclusión.

Al respecto, el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) que conforma el Grupo Mixto, Casimiro Curbelo, defiende una legislación que favorezca la cercanía al ciudadano y evite cualquier tipo de duplicidades.

Así, se muestra partidario de incrementar los recursos que se destinan a la atención social pues, en su opinión, “hay que dar prioridad a la atención a los ciudadanos que más lo necesitan y eso requiere más recursos, pero también una legislación sencilla, que defina las competencias de manera clara y que favorezca la cercanía con el ciudadano”.

Curbelo, al igual que el director de Cáritas, considera que “llevamos muchos años de crisis, son demasiadas las personas que lo han pasado y están pasando mal, y los sectores más vulnerables de la sociedad no siempre encuentran la atención debida”.

“Que se lo digan a La Gomera, donde el Cabildo ha tenido que suplir muchas carencias, para poder dar respuesta a nuestros vecinos, de ahí que sea importante replantearse legislación, y hacerlo con todo el rigor que estos asuntos requieren”, apostilla el líder de ASG.

58.000 hogares sin ingresos

Lo cierto es que la crisis en Canarias ha dejado a más de 58.000 hogares sin percibir ningún tipo de ingreso y el 50% de demandantes de empleo no tienen derecho a prestación ni subsidio, así como que el número de parados de larga duración es el triple que en 2007.

Según el segundo informe de la situación de los servicios sociales en las Islas elaborado por la Red Canaria en Defensa del Sistema Público (Redesscan) y presentado en diciembre de 2015, sólo en uno de cada mil hogares canarios se percibe la prestación canaria de inserción, que únicamente la cobra el 17 % de la población que podría acceder a dicha ayuda y a una de cada tres personas en riesgo de pobreza. Además, un total de 600.000 personas en Canarias está en riesgo de exclusión social y la pobreza severa ha subido un 8 por ciento.

Según Ricardo Iglesias, portavoz de Redesscan, en los últimos cinco años “la demanda en servicios sociales ha aumentado en un 40 % y sin embargo, se han reducido en 500 el número de trabajadores sociales”, de manera que “la ratio actualmente es de un trabajador social por cada 16.000 personas cuando lo recomendable es de uno por cada 3.000 personas”.

Este es el panorama que tanto los líderes políticos de la oposición como los colectivos sociales consideran que justifique que no se espere más, toda vez que pese a los esfuerzos del Ejecutivo todo parece indicar que los fondos de la PCI se van a volver a agotar antes de que finalice el año y que el Plan de Empleo Social y el de a favor de la inclusión social continúan encima de los escritorios del Gobierno.

A la espera de lo que suceda durante la comparecencia de Hernández en el pleno del Parlamento en el que NC hará la propuesta de la cumbre para rescatar la prestación de los servicios sociales, la vicepresidenta acaba de firmar un acuerdo con la ,Federación Canaria de Municipios para destinar más de 12 millones de euros al Plan Concertado de Prestaciones Básicas y a la gestión de la PCI, un protocolo que, según la número dos del gabinete garantiza la atención a las personas con mayores necesidades.