Tindaya: la utopía truncada
“Hace años tuve una intuición”. De este modo comenzaba el escultor vasco Eduardo Chillida, fallecido en agosto de 2002, una carta en la que explicaba los motivos que le habían llevado a proyectar una gigantesca estructura en el interior de una montaña. Tras descartar paisajes de Finlandia, Suiza e incluso Sicilia, la elegida resultó ser Tindaya, ubicada en el municipio majorero de La Oliva, cuya tierra de basalto aloja traquita, una piedra ornamental de gran belleza y valor económico, propia también de una ubicación cercana: Tebeto.
La visión que el escultor tuvo en 1985 dio, nueve años después, en la diana de uno de los espacios más protegidos de España, al encontrarse restos en su cima pertenecientes a los antiguos majos, que consideraban este territorio como sagrado. Entre las normas de conservación del entorno, se encuentra la calificación de Monumento Natural, Zona ZEPA, Área de Sensibilidad Ecológica, de interés geológico y Bien de Interés Cultural. Éste último todavía no se encuentra delimitado.
A través de la mencionada carta publicada por el diario El País en 1996, Chillida definía su “utopía” como un “espacio interior que pudiera ofrecerse a los hombres de todas las razas y colores”. En definitiva, “una gran escultura a la tolerancia” que no suscitase controversia en el pueblo canario, al que pensaba donar un trabajo que contaba con un presupuesto inicial de 8.000 millones de las antiguas pesetas: unos 48 millones de euros.
De hecho, en diciembre de ese mismo año, el artista se trasladó hasta Puerto del Rosario para pedir consenso ante un proyecto que el Gobierno de Canarias, presidido entonces por Manuel Hermoso, había declarado de interés general, al considerar que incrementaría de forma considerable el número de turistas que visitan la Isla, entre otros aspectos.
Sin embargo, tras unos 25 millones de euros provenientes de las arcas públicas canarias gastados y ni una sola piedra movida para construir la obra, el Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT) ha terminado propiciando las divisiones sociales y luchas políticas de las que el escultor vasco aseguraba que quería huir. Una cifra denunciada por Ben Magec- Ecologistas en Acción y que reconoció en sede parlamentaria el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en 2008, Domingo Berriel, actual titular del área de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula las normas de conservación del Monumento Natural de Montaña de Tindaya, al estimar el recurso interpuesto por Ben Magec- Ecologistas en Acción en abril de 2011, ha bloqueado de nuevo un proyecto que lleva casi dos décadas gestándose. La portavoz del colectivo ecologista, Noelia Sánchez, manifestó que la resolución del TSJC da la razón al colectivo, al considerar que las Normas de Conservación aprobadas por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en febrero de 2010 se hicieron “a la carta” para poder hacer viable el proyecto de Chillida.
Ben Magec constituye la principal fuerza opositora al vaciado de la montaña, basándose principalmente en el temor a los daños que se podría ocasionar a los restos arqueológicos hallados en la zona. Además de durar de que la propia estructura de la montaña no se desmorone por el vaciado de piedra necesario para hacer el cubo, de unos 15 pisos de altura. El propio Chillida no evitó decir en 1998 que “los ecologistas que se oponen a mi proyecto en Tindaya son un coñazo espantoso”.
¿La obra dentro del BIC?
La sentencia paraliza el vaciado del monte al no encontrarse delimitado el Bien de Interés Cultural (BIC) de la zona. En una rueda de prensa celebrada en septiembre, Ben Magec exigió al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Fuerteventura que hicieran los estudios pertinentes para llevar a cabo la susodicha delimitación, algo que a su juicio ayudaría a averiguar hasta dónde llegan las manifestaciones arqueológicas de la montaña. Una demanda que ya ha cumplido 20 años, recordó el arqueólogo y miembro del colectivo ecologista Pepe Guillén.
Según aventuró Guillén, los restos de los antiguos majos podrían situarse no sólo en la cima de la montaña, donde se han encontrado grabados podomorfos, sino también en la base y zonas medias donde se han vislumbrado evidencias de yacimientos funerarios y de poblados aborígenes que “quedarían afectados” si se llegara a realizar la obra.
El proyecto del escultor vasco dio en la diana de uno de los espacios más protegidos de España
Aunque el abogado del colectivo, Carmelo Padrón, se mostró convencido de que parte de la obra se encuentra dentro de la zona que quedará afectada por el BIC, Guillén desconfió del buen hacer de la Administración regional y de que no trate de “ajustar” la delimitación, de forma que el proyecto de Chillida vuelva a ser viable, aún a costa de la riqueza propia de la montaña mágica.
A la luz de los acontecimientos, la Administración regional dio un paso adelante y su portavoz, Martín Marrero, comunicó la intención de no recurrir la sentencia y ratificó el empecinamiento en sacar adelante la obra, al entender que el fallo no cuestiona el proyecto del escultor, para lo que dijo basarse en un estudio realizado por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.
Marrero se mostró confiado al decir que el Cabildo de Fuerteventura promoverá la delimitación del BIC y su entorno de protección y que, a partir de ahí, el Gobierno canario “resolvería el asunto” mediante decreto. Sin embargo, todavía quedan escollos en el camino, como la financiación privada que el Ejecutivo busca para culminar el sueño del escultor, o que una delimitación hecha con rigor no haga inviable su homenaje a la tolerancia.
El proyecto de Chillida
Inspirada en el verso de Jorge Guillen “lo profundo es el aire”, el monumento a la tolerancia del fallecido escultor vasco Eduardo Chillida resultó ser su proyecto más ambicioso. La obra se centra en crear una cámara central formada por un cubo de 50 metros por cada lado en el interior de Tindaya, que vacíe el 0,3% de su volumen.
De dicha estancia salen dos respiraderos de unos 25 metros de longitud que desembocan en las vertientes norte y sur de la montaña, sin sobresalir del nivel del suelo, y que dan entrada a la iluminación natural del sol y la luna.
El acceso al interior se hace a través de una embocadura orientada al oeste, de unos 80 metros de longitud y una sección cuadrada de 15 metros de lado que se encuentra a un nivel inferior al de la cámara central, de modo que al transitar por ella pueda verse el horizonte.
Mientras que un numeroso grupo de representantes de la comunidad científica se ha posicionado en contra del proyecto al considerar que devalúa la riqueza natural del entorno, otros tantos artistas ven con buenos ojos la obra del escultor.
5,4 millones en derechos de explotación
Una duda a considerar, teniendo en cuenta las polémicas y los problemas judiciales en los que se ha visto envuelto el proyecto en los últimos años, protagonizados por fondos públicos extraviados, indemnizaciones y por varios cambios legislativos en la protección de la propia montaña. Gran parte de lo sucedido queda englobado en el denominado caso Tindaya, que se originó a mediados de la década de los 90, bajo las acusaciones de supuestas irregularidades en la compra de los derechos de la concesión minera a la empresa titular de la explotación, Canteras Cabo Verde S.A., de Rafael Bittini.
El Gobierno de Canarias inyectó en Cabo Verde 900 millones de pesetas, unos 5,4 millones de euros, lo que alivió la situación económica de una empresa que arrastraba pérdidas significativas. La actuación fue denunciada en reiteradas ocasiones por el Partido Socialista (PSC), que consideraba que la cantidad abonada era muy superior al valor real de la mina. De hecho, el parlamentario socialista Carmelo Padrón afirmó en 1996 que si se hubiera expropiado la concesión a Bittini por el valor de la explotación durante los últimos tres años, la cifra hubiera bajado a los 48.000 euros.
Una vez efectuada la compra, la entidad privada no quedó al margen del proyecto y constituyó el 50% de la sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT), mientras que la titularidad del porcentaje restante recayó en el Ejecutivo regional, a través de la empresa pública Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno).
La operación originó un revuelo de acusaciones que hicieron a Chillida plantearse renunciar a su “utopía” y motivaron que el presidente regional, el nacionalista Manuel Hermoso, decidiera enviar al fiscal anticorrupción el expediente de compra de la concesión minera. Posteriormente, PMMT adjudicó a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Necso Entrecanales y FCC Construcción el proyecto del escultor y le ingresó 12 millones de euros destinados a sufragar los gastos de estudios e implantación del proyecto, que nunca llegaron a realizarse. La UTE empleó el dinero en comprar los derechos de explotación de la cantera a Cabo Verde.
El Ejecutivo canario trató de recuperar en vano los 12 millones acudiendo a la Justicia, porque en septiembre de 2012, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dio la razón la UTE al considerar que no estaba obligada a devolver los 11,8 millones de euros concedidos en calidad de aval más los intereses. Además, los tribunales reconocieron el derecho de ambas empresas a recuperar el monto de la garantía, valorada en más de 2,1 millones, y a cobrar los intereses.
La delimitación del BIC indicará hasta dónde llegan las manifestaciones arqueológicas de la montaña
El Supremo consideró que la Administración canaria no podía sentirse estafada ni engañada por la UTE, ni por Cabo Verde, al haber sido conocedor del proyecto a través de PMMT y sentenció que todo el proceso se realizó bajo la supervisión de los Servicios Jurídicos del Gobierno regional.
Aviso de bomba en la fallida comisión
En el año 2000, con Román Rodríguez de presidente canario, el Parlamento constituyó, por unanimidad, una comisión de investigación que depurara las responsabilidades políticas derivadas del caso Tindaya. Las buenas intenciones quedaron pronto en saco roto tras una polémica votación en la Cámara, que provocó la disolución de cualquier responsabilidad en el seno del Gobierno regional por las irregularidades detectadas en la tramitación del expediente.
El dictamen establecía la existencia de responsabilidades políticas del anterior Ejecutivo en su conjunto y apuntaba a que algunos de sus miembros, como el entonces vicepresidente y consejero de Turismo, Lorenzo Olarte, habían tenido una culpa mayor en todo el proceso. El documento contó con la aprobación del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSC) y fue muy criticado por Coalición Canaria (CC).
Sin embargo, una fuga de votos acaecida en las filas del PP en el último momento hizo que el Parlamento terminara rechazando las conclusiones de la comisión, haciendo así que el PP perdiera la votación de un dictamen que había elaborado su propio portavoz parlamentario y que contaba con el apoyo del presidente regional del partido, José Manuel Soria. La fuga de votos la protagonizaron, en concreto, el entonces presidente del Parlamento, José Miguel Bravo de Laguna, así como Lorenzo Suárez, Tomás Van de Walle y Rafael de León.
Dicho movimiento evasivo no resultó ser la única polémica de la jornada, ya que la sesión se suspendió durante más de una hora tras un aviso de bomba que desalojó el edificio, justo después de la segunda votación de desempate.
25,7 millones gastados
Aunque el Gobierno regional no ha dado todavía una cifra oficial del dinero invertido por los canarios en los estudios elaborados, la compra de participaciones, avales, catas y costas judiciales, el Diario de Sesiones del Parlamento recoge que hace cinco años Berriel dijo lo siguiente en respuesta a una pregunta del socialista majorero, Domingo Fuentes Curbelo:“Usted achaca aquí, dice: seguro que usted no sabe lo que se ha pagado o no me lo dirá. ¡Claro que lo sé, hombre, y claro que se lo digo! ¿Qué problema tengo yo en decirle lo que se le ha pagado? Se lo digo ahora mismo, no necesita preguntármelo. Se ha pagado muchísimo dinero, en efecto, y se está intentando recuperar, porque si lo que se hubiese pagado hubiese sido lo justo, no estaríamos intentando recuperarlo. Se ha pagado más de la cuenta, efectivamente, y por eso se está tratando de recuperar. Y tengo todos los datos aquí, no se preocupe, se los digo porque nada tenemos, nada tiene este Gobierno que temer ni reprocharse en absoluto”.
Berriel precisó que para la adquisición del monumento se habían pagado 7,8 millones de euros; casi un millón de euros se invirtió en una exposición; medio millón fue a parar a notarios y letrados; 1,9 millones se destinaron a estudios de viabilidad del proyecto y otros 1,6 millones más a sondeos. A continuación, dijo textualmente que la empresa con capital público Saturno “ha pagado, por un lado, 12.983.000 euros y, por otro lado, a la empresa se le han pagado otros 12.733.000 euros; 11.779.000, que se le están reclamando, en concepto de los gastos de estudio e implantación y el IGIC”. En definitiva, dijo que “se ha pagado un montón de dinero: 25,7 millones de euros”.
Un tema recurrente en elecciones
La agenda electoral de Coalición Canaria (CC) no se olvida del monumento y cada cuatro años insiste en los avances hechos hasta el momento y lo poco que queda para que se materialice. Además, vuelve a darle un impulso al proyecto (nunca ha estado paralizado aunque lo parezca), causando la inmediata respuesta de sus adversarios políticos y el consiguiente debate social.
El cierre del museo Chillida-Leku de San Sebastián ejecutado el 31 de diciembre de 2010 propició que pocos días después -escasos meses antes de las elecciones- el presidente regional, Paulino Rivero, se reuniera con los familiares del fallecido escultor y anunciara la convocatoria de un concurso público para adjudicar la obra, valorada en unos 75 millones de euros.
Dos años después, la adjudicación sigue sin realizarse. Sin embargo, la idea es la misma: que la obra no suponga un euro a las arcas canarias y que su coste lo sufraguen las empresas constructoras a cambio de la concesión de la explotación del monumento. Una solución con la que el Gobierno recula en los aspectos monetarios de su incansable apoyo motivado por la crisis económica y los recortes sociales.
El ejecutivo canario trata de atraer el interés de los inversores calculando que los gastos se costearán con la venta de entradas al público. Sin embargo, el diario El País señala que de momento ha habido poco más que reuniones sin llegar a acuerdos y precisa que los derechos artísticos quedarán en manos de una Fundación participada por el Ayuntamiento de La Oliva, el Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura y la familia del fallecido escultor, que no pierde la esperanza de ver algún día erigido el sueño del artista.
Cuatro años para Bittini
Una de las últimas informaciones publicadas en relación con los tejemanejes acaecidos en torno a la montaña mágica la ha vuelto a protagonizar Rafael Bittini. La Fiscal provincial en Las Palmas, Eva Ríos, ha ratificado hace menos de una semana la petición de cuatro años de cárcel para el empresario por un delito continuado contra la Hacienda Pública.
La acusación señala que Bittini defraudó a Hacienda en las declaraciones del Impuesto de Sociedades de los años 1998 y 1999 al hacer constar a cero euros como base imponible y dejar de declarar como ingresos financieros 332.707 euros, una cantidad que se corresponde con la transmisión de acciones de la entidad Proyecto Monumental de Tindaya a Saturno, por valor de 291.175 euros, así como con la cesión del crédito que Canteras de Cabo Verde realizó a TSVI Canarias por 41.351 euros.
Según el ministerio público, Bittini no ingresó a Hacienda 295.035 euros, pues tributó sobre una base imponible de cero euros en lugar de los 857.827 euros que le correspondían. De momento, este procedimiento sigue su curso.
En conclusión, aunque hayan pasado casi tres décadas y ante la continua presencia de posturas enfrentadas en el caso, es más que posible augurar que habrá Tindaya para rato. Lástima que no sea únicamente por el embrujo que produce esta montaña y los misterios que rodean sus laderas.
Montaña Sagrada.
Resulta sorprendente que todavía no se hayan llevado a cabo todas las investigaciones pertinentes para desentrañar la historia de una montaña que los antiguos aborígenes majoreros consideraban sagrada y en cuya cima se han encontrado más de 200 grabados rupestres podoformos, es decir, con forma de pies, distribuidos en 57 paneles. Dichas siluetas poseen un sentido mágico en la cultura bereber. También han sido encontradas vasijas y restos humanos.
Un artículo publicado por Concha de Ganzo en La Provincia recoge que numerosos estudios arqueológicos certifican que los antiguos majos acudían a lo alto de la montaña para tomar decisiones importantes. Según se desprende de las crónicas de Abreu Galindo escritas a finales del siglo XVI, en un santuario ubicado en la cima se realizaban, además, ritos religiosos en los que se imploraba a los dioses que lloviera.
El doctor en Historia y Arqueólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) Jonathan Santana lamentó recientemente que la “dejación” por parte del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura ha supuesto la pérdida de 27 paneles podomorfos protegidos. “No sabemos qué más cosas han desaparecido”, advirtió.
Rehabilitación de la Casa Alta
El Cabildo de Fuerteventura inició el pasado marzo la rehabilitación de la Casa Alta de Tindaya, un edificio histórico cuyo origen es todavía desconocido, aunque se estima en siglo XVIII. La última marquesa de La Oliva, Nieves Manrique de Lara y del Castillo, se desprendió a su muerte, en 1921, del inmueble a través de un lote de bienes transmitidos al médico de la Casa de Los Coroneles, en agradecimiento a los servicios prestados. Desde entonces, la Casa Alta de Tindaya ha experimentado un deterioro progresivo, hasta ser adquirida en 2010 por las administraciones regional e insular por 177.000 euros .
La Institución majorera proyecta habilitar un centro de interpretación dedicado tanto al proyecto escultórico y artístico de Chillida, como al yacimiento arqueológico de la propia montaña, que califica como “el más importante de Canarias”. Bajo la denominación de Centro de visitantes y restauración de la Casa Alta de Tindaya, este proyecto cuenta con un presupuesto de 388.000 euros. INCOC SL (Iniciativas para la Construcción y Obra Civil SL) fue la empresa adjudicataria tras un concurso que contó con 14 propuestas distintas.
