Más de 170 abogados de Gran Canaria firman una carta de apoyo a la huelga de funcionarios de Justicia

Un total de 172 abogados y abogadas de la provincia de Las Palmas han suscrito una carta de apoyo a la huelga de funcionarios de la administración de Justicia. Las siete asociaciones de jueces y fiscales retomaron este mismo martes la negociación con el Ministerio después de que cinco de ellas suspendieran los paros, que empezaban este 16 de mayo, en aras de continuar con las conversaciones para intentar conseguir una mejora salarial. Todo ello después de la reunión fallida del pasado miércoles, en la que rechazaron la oferta de 46,7 millones de euros (hasta unos 490 euros al mes).

En opinión de los firmantes, estos profesionales “sufren en mucha mayor medida las circunstancias de desigualdad retributiva, falta de reconocimiento y una división funcional de tareas artificiosa y de uso trampeado”. Todo ello, resaltan, “en el marco y azote de una inflación, indignante de por sí, pero también en cuanto razón de los desorbitantes beneficios de los principales sustentadores de la política gubernamental (financiación, energía, alimentación, transporte de mercancías, vivienda…) que desdibujan el derecho a la promoción económica y social a medio del desempeño del trabajo”.

Para los abogados que apoyan a los funcionarios en huelga es de “imposible entendimiento el muy diferente aliento y diligencia negociadora con los diferentes agentes movilizados. Es de suponer absurdo aquello de estos son de los nuestros. Pero tampoco sería admisible explicación en razón de mayor caja de resistencia o posicionamiento estratégico en la división del trabajo con mayor capacidad de obstrucción del funcionamiento de la actividad diaria de la oficina judicial”.

Por estos motivos, reclaman la “inmediata negociación y alcanzar acuerdos entre el Ministerio de Justicia y la representación de los funcionarios de justicia en lucha”.

A continuación reproducimos íntegra la carta firmada por los 172 abogados canarios:

De lo justo y el trabajo de cada día. Carta de apoyo a la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia 

I.- Dícese de la justicia en diccionario respetable que es virtud, una de las cuatro cardinales y que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece. También razón, equidad y derecho. Es usada la palabra a menudo para señalar oficina estatal y de esta última, de forma obligada, hemos de hablar.

Y es de adelantar que el derecho no es justicia, sin que ello reste decir que es justo que haya derecho y, en afán gráfico, indicar que la decisión entre lo justo y lo injusto viene circunstanciado al momento de su adopción. Y quede dicho que hay leyes justas y otras justicias.

II.- De lo expreso habrá mucho que objetar, pero es de más fácil acuerdo que la oficina judicial, oficina estatal comprometida en el hacer cumplir las leyes, adornada de símbolos, oropeles y palabros, la componen personas, aquellas que aúnan su esfuerzo personal y capacidades, su fuerza de trabajo, en la persecución de tal objetivo estatal. Fuerzas de trabajo organizadas en peculiar división de trabajo y que se ofrecen/venden a cambio de una retribución decidida por el empleador de las mismas.

Tal discurrir así se puede acusar de sustractor de otras dimensiones simbólicas pertinentes a su legitimación y existencia, pero en esta instancia, terrenal y humana como las propias de cualquier otra institución de tal estirpe, los hombres y mujeres, previamente integrados en una organización social que los desiguala, tienen derecho a una retribución “justa” de la venta de su fuerza de trabajo. 

III.- Y si algo nos ha enseñado la experiencia del Movimiento Obrero y su lucha a lo largo de siglos en el conflicto social irresuelto a la fecha, es que la configuración del precio de venta de la fuerza de trabajo, el pago por la puesta a disposición de terceros de nuestras capacidades y tiempo de vida es de forma ineludible de configuración colectiva y que negociación colectiva y huelga van de la mano.

Jueces y Letrados de la Administración de Justicia lo han aprendido, así lo evidencia su proceder al respecto, sin que por ello podamos, equivocadamente, iconizarlos con rojos bonete y toga, puño alzado. Tan siquiera es de prever que tal “permeabilidad cultural” garantice el futuro perfil de la “calidad” de las resoluciones judiciales de mayor acuerdo con una aplicación garantista del derecho que critique reiterados pronunciamientos sobre la ilicitud de alguna huelga (TS) o alejamientos de criterios garantistas en temas de derechos fundamentales y los indicios de lesión, brecha de género, conciliación de vida familiar y otros (Sala de lo Social Las Palmas del TSJ de Canarias).

IV.- Mas justa es la exigencia alzada por las organizaciones sindicales de los funcionarios de justicia. Sufren en mucha mayor medida las circunstancias de desigualdad retributiva, falta de reconocimiento y una división funcional de tareas artificiosa y de uso trampeado. Y todo ello en el marco y azote de una inflación, indignante de por sí, pero también en cuanto razón de los desorbitantes beneficios de los principales sustentadores de la política gubernamental (financiación, energía, alimentación, transporte de mercancías, vivienda…) que desdibujan el derecho a la promoción económica y social a medio del desempeño del trabajo.

Es de imposible entendimiento el muy diferente aliento y diligencia negociadora con los diferentes agentes movilizados. Es de suponer absurdo aquello de “estos son de los nuestros”. Pero tampoco sería admisible explicación en razón de mayor caja de resistencia o posicionamiento estratégico en la división del trabajo con mayor capacidad de obstrucción del funcionamiento de la actividad diaria de la oficina judicial.

Reclamamos la inmediata negociación y alcanzar acuerdos entre el Ministerio de Justicia y la representación de los funcionarios de Justicia en lucha.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17.05.2023

FIRMAN:

ISABEL LECUONA FERNÁNDEZ

JOSÉ RAMÓN PÉREZ MELENDEZ

LAURA PADRÓN DELGADO

DOMINGO TARAJANO MESA

TERESA BÁEZ MARTÍN

JOSÉ MANUEL RIVERO PÉREZ

CARMEN LUCÍA MENDOZA MENDOZA

DIEGO LEÓN SOCORRO

ALEJANDRO PÉREZ PEÑATE

JOSÉ JUAN MENDOZA VEGA 

y otros 162 abogados y abogadas de Las Palmas.