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Desmontando a Clavijo: el superávit no pone en riesgo la carretera de La Aldea

Las partidas para esta vía están consignadas en el actual Convenio de Carreteras, firmado el pasado mes de diciembre entre el Ejecutivo nacional y regional

Las obras fueron adjudicadas el pasado 12 de febrero y el consejero de Obras Públicas anunció que comenzarían este mes de abril. Ahora, Clavijo usa esta vía como un arma arrojadiza contra el Gobierno central

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Consejo de Gobierno.

Consejo de Gobierno.

8 de abril de 2019. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación después de la reunión del Consejo de Gobierno, algo que normalmente hace la portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila. En su discurso, el líder de Coalición Canaria genera una alarma en la isla de Gran Canaria. Dijo que la segunda fase de la obra de la carretera de Agaete – La Aldea estaba en riesgo por el cálculo del superávit del Gobierno central. No es así. El superávit no tiene por qué hacer peligrar la ejecución, ya que es una obra que se incluye en el Convenio de Carreteras, firmado el pasado mes de diciembre con unas partidas ya consignadas.

Hace tan sólo cuatro meses, el vicepresidente del Ejecutivo regional y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, celebraba la firma del tan esperado Convenio de Carreteras. El acuerdo, con una vigencia de ocho años y una dotación de 1.200 millones, es la clave para que se lleven a cabo obras como la segunda fase de la carretera de La Aldea, el anillo insular de Tenerife o la vía Aeropuerto - Caldereta en Fuerteventura, entre otras.

Dos meses después, el 12 de febrero, el mismo consejero adjudica las obras de la vía que une los dos municipios del noroeste de Gran Canaria a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial Agroman S.A., Acciona Construcción S.A., Lopesan S.A. y Bitumex S.A. En ese mismo instante, el vicepresidente aseguró en el Parlamento de Canarias que la obra se iniciaría en el mes de abril. La alegría invadió al pueblo de La Aldea, que ya por fin vería comenzar la carretera por la que tanto han luchado sus vecinos.

Sin embargo, todo se paralizó este lunes cuando el presidente del Gobierno decía, ante los medios de comunicación, que las obras de esta vía tan necesaria para Gran Canaria corrían peligro. La justificación de Clavijo se basa en la disputa que tiene con el Ejecutivo central por la forma de computar el superávit. “El Estado no nos reconoce esos 945 millones de euros, sino las obras que nosotros hicimos con dinero propio más los intereses y lo deja en 500 millones, dando por oficial que les quita 445 millones de euros a los canarios en sus infraestructuras”, dijo.

Además, desde el gabinete de prensa de la Consejería de Hacienda explican que “Canarias ya adelantó con fondos propios los 500 millones que ahora se quieren incluir en el superávit, pero la deuda más el convenio suman 2.100 millones de euros y las actuaciones programadas estarán en peligro si no se cumplen”. Sobre por qué esta obra en concreto y no otra, hablan de la importancia de que llegue el dinero para “los problemas de tráfico de Tenerife”.

El asunto se remonta a la época del Partido Popular, cuando el Gobierno estatal rompió el acuerdo con la comunidad autónoma y dejó de pagar los 220 millones que tenía consignados cada año en los Presupuestos Generales del Estado para el Convenio de Carreteras. El Ejecutivo regional recurrió a los tribunales y el Supremo le dio la razón. Aquí comienza un baile de cifras que abre una discusión entre las dos administraciones.

Cuando ocurrió esto, la comunidad autónoma puso el dinero de su bolsillo para finalizar las obras que ya estaban en curso. La cifra asciende a unos 500 millones de euros. Hasta ahí todo bien. La disputa empieza con los otros 412 millones. El Gobierno de Fernando Clavijo reclama no solo el dinero que tuvo que desembolsar la comunidad, sino lo que dejó de pagar el Estado. La cifra asciende a 912 millones de euros, que se va aumentando con los intereses. Pero nada le impedía firmar el convenio por el que recibiría el dinero en el que estaban de acuerdo. A pesar de ello, decidió no hacerlo.

A esto se le suma los 101 millones que estaban pendientes de una ampliación de plazo de ejecución del convenio anterior, que finalizaba en 2012 y se extendió hasta 2017. Fue el propio Gobierno de Canarias quien pidió una prórroga. La propuesta era que estas partidas comenzaran a transferirse en 2019 durante tres años con una anualidad de algo más de 33 millones hasta hacer un total de 101. Esta adenda tampoco se firmó. Según expertos del sector, es el propio Gobierno de Canarias quien está “retrasando” estos acuerdos “lo más posible” ya que “no tiene proyectos” para ejecutar los convenios.

Ante esta situación y la imposibilidad de llegar a un acuerdo y firmar un convenio, el Estado se ve en la obligación de acatar la sentencia y pagar a la comunidad el dinero que ambas administraciones cuantifican como seguro. De ahí los famosos 500 millones de euros del superávit. Esas mismas fuentes advierten de que lo que se tenía que haber hecho era “cerrar” un acuerdo con la cantidad con la que no había duda. “Con esos 500 millones se pacta un acuerdo y se firma un convenio para la ejecución de esos fondos en las obras que se determinaran”, explican. “Con el resto se sigue la negociación política para tratar de recuperarlos y si el Estado se niega se va a los tribunales para reclamar ese importe adicional”.

Por lo tanto, y según estas fuentes, “todas las obras nominadas en el Convenio de Carreteras se pagarán con ese acuerdo. No tiene nada que ver con esos 500 millones”. Así lo ha hecho saber en numerosas ocasiones el consejero de Obras Públicas, cuando aseguraba que solo faltaba la firma del Estado para poder llevar a cabo las obras.

Aún no se conoce la razón exacta por la que el presidente del Gobierno dijo esto tras el Consejo de Gobierno, pero, aunque existen dudas de que la obra pueda comenzar en el mes de abril, algunas fuentes indican que la empresa adjudicataria está haciendo las gestiones pertinentes para hacerlo cuanto antes.

Ante esta situación, el alcalde del municipio de La Aldea de San Nicolás, Tomás Pérez, cree que hay que incidir en la promesa del consejero de Obras Públicas. “¿De dónde sale que una vez adjudicada una obra no tiene financiación?”, se cuestiona Pérez.

“La obra está adjudicada, hay compromiso del consejero en el Parlamento de empezar en abril y estamos pendientes de que cumplan su palabra”, insiste el alcalde aldeano. “Aquí no hay marcha atrás, que empiece cuanto antes y se deje de desviar la atención”, sentencia.

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