Las acusasiones creen que hay “prueba masiva” para condenar a los seis procesados
Las acusaciones han reclamado este viernes ante la Audiencia de Las Palmas que se condene al exviceconsejero regional de Justicia Francisco Rodríguez Batllori, al político Dimas Martín y a los otros cuatro acusados de la pieza número 8 del caso Unión, por existir prueba “masiva” para ello.
El fiscal de Medio Ambiente, Javier Ródenas, ha considerado probado que Batllori cobró entre 2008 y 2009 más de 40.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife y de la empresa pública de aguas Inalsa por las minutas generadas por los servicios que prestaba al líder y fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, cuando este estaba en la cárcel.
Las cartas y conversaciones telefónicas entre Batllori y Martín, intervenidas, demuestran que el exviceconsejero reclamaba al político que pidiera al concejal de Hacienda de Arrecife que le pagara sus minutas, han sostenido ambas acusaciones, que sostienen que el fundador del PIL y los otros cuatro acusados idearon una trama “corrupta” y “maquillaron” las normas de contratación para sustraer fondos públicos.
Según Ródenas, que ha defendido la legalidad de toda la prueba practicada, en la celda de Dimas “había más documentación que en Inalsa y el Ayuntamiento de Arrecife”, debido a que era quien mandaba desde la “sombra”.
El abogado del Ayuntamiento ha explicado que su personación en la causa se debe al “daño que se ha generado la imagen” del consistorio, que tardará años en recuperar, y a que reclama la devolución de los más de 19.000 euros que se pagaron a Batllori, que, pese a ser funcionario del grupo A, cobró además de otras dos administraciones, según el fiscal.
Los abogados de Dimas Martín y de Batllori han reclamado la absolución de ambos y han pedido la nulidad de todo el proceso porque sostienen que está “viciado” desde su inicio, debido a la numerosa vulneración de derechos fundamentales que se han cometido en la instrucción, incluida la detención de los procesados, lo que ha sido rechazado por las acusaciones.
El letrado de Batllori ha defendido que el exviceconsejero fue contratado de forma verbal por el Ayuntamiento y por Inalsa bajo la modalidad de “iguala”, y que esta forma de contratación sin documento alguno era una práctica habitual en la administración local de Arrecife y en la citada empresa.
Ha apuntado que las cartas intervenidas lo que demuestran es que Batllori pedía a Dimas que intercediera para que le pagaran por sus trabajos de asesoramiento prestados y para los que fue contratado, según el letrado.
Este abogado ha sostenido también que Inalsa era en 2008 una empresa mixta y el fiscal no ha acreditado que su capital fuera cien por cien de titularidad pública, por lo que ha dicho que no se puede imputar el delito de fraude que aprecia la acusación en la persona de Batllori, quien tampoco cometió falsificación de documento público porque las facturas son de carácter privado, según su letrado.
La Fiscalía y la acusación particular reclaman una condena de 8 años de prisión para Batllori, y 6 de cárcel para Dimas Martín, como presuntos autores de dos delitos continuados de fraude en concurso con malversación y prevaricación, si bien al exviceconsejero le imputan además un delito de falsificación de documentos.
Los otro cuatro acusados son los exconcejales de Hacienda y Personal de Arrecife, José Miguel Rodríguez y María Luisa Blanco, respectivamente, así como la consejera delegada de la empresa pública de aguas Inalsa Plácida Guerra Cabrera y su gerente Rfael Elorrieta, yerno de Dimas Martín.
Todos ellos, según las acusaciones, facturaron trabajos que no se llevaron a cabo ni en el Ayuntamiento ni en Inalsa, por lo que les imputan un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, salvo a Blanco a la que solo imputa un delito.
Las acusaciones reclaman una pena de cinco años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta a todos ellos, salvo a Blanco, a quien hoy ha rebajado a 4 años de prisión la pena solicitada por entender que solo firmó una factura, y a José Miguel Rodríguez, que mantiene la petición de pena de 1 año de cárcel.
Esta reducción de pena para Rodríguez obedece a la colaboración prestada para averiguar los hechos y a su decisión de depositar en el Juzgado número 5 de Arrecife los 16.941,18 euros que admite haber pagado a Batllori.
El juicio continuará el próximo viernes, cuando el resto de las defensa expondrán sus conclusiones finales, según ha indicado el presidente del tribunal, Emilio Moya, quien ha señalado que los acusados y los abogados de Lanzarote podrán intervenir desde Arrecife a través del sistema de videoconferencia.
Un sistema que también se ha empleado hoy debido a que Dimas Martín y los otros tres acusados de Lanzarote, así como algunos de los abogados defensores, pues no han podido estar presentes en la sala debido a la imposibilidad de viajar a Gran Canaria a causa del temporal.
