El Cabildo y los ayuntamientos de Gran Canaria dejarán de ingresar 30 millones al mes por la caída del IGIC

El Cabildo y los ayuntamientos de Gran Canaria dejarán de recibir al mes 30 millones por la caída del IGIC, un ingreso que pasa de 32 a dos millones mensuales, lo que supuso uno de los asuntos tratados este viernes en la Asamblea de Alcaldes telemática convocada por el presidente insular, Antonio Morales.

El consejero de Hacienda, Pedro Justo, explicó que la Corporación insular cuenta con fondos propios para cubrir esta caída y hacer frente al Plan COVID-19 dotado de 140 millones de euros, si bien la incertidumbre es el factor dominante en esta situación y por el que algunos ayuntamientos tendrán que recurrir al endeudamiento.

Asimismo, el presidente explicó que algunos departamentos como residuos, que prestan un servicio de competencia municipal no llegarán a ser cubiertos por la cuantía del bloque municipal, que cada año soporta un déficit de ocho millones, ya que los tasas cubren 30 de los 38 millones de lo que cuesta el tratamiento en los Ecoparques.

El Cabildo ha informado que proseguirá en esta situación, por lo que ya estudia ampliar las ayudas de emergencias, para las que ya ingresó 2 millones de euros a los ayuntamientos, una cuantía que está siendo empleada en ayudas a las familias más vulnerables, según cuentan los alcaldes.

El encuentro telemático trató varios puntos relacionados con los Planes de Cooperación, el Fdcan y sus anualidades expuestos por el consejero Carmelo Ramírez. Además, consensuaron agilizar las obras pendientes del Plan de Cooperación de 2018 y 2019 y reformular las del Fdcan de las mismas anualidades, pues entre ambos programas suman casi 100 millones de euros en ejecución. Las agilizaciones son aún más necesarias en estos momentos para inyectar liquidez a las pymes afectadas y crear empleo.

También para acelerar las obras del propio Cabildo, la institución destinará un millón de euros a conformar equipos que permitan su aceleración, explicó el consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, conveniará con los ayuntamientos compartir recursos humanos disponibles para estos fines, de modo que se adelanten desde la redacción de proyectos, a informes jurídicos de obras insulares que afecten a su ámbito territorial.

Fdcan y Cooperación

Con respecto a las obras del Fdcan, hay en ejecución obras por cerca de 70 millones, de modo que los ayuntamientos que no puedan cumplir con los plazos previstos deberán remitir un informe al Cabildo con las obras afectadas y los argumentos para, con todo, la Institución insular dirigirse al Gobierno canario y solicitar ampliación de los plazos de justificación.

Los ayuntamientos tendrán que reformularlas debido a que tienen dificultad para ejecutar una parte de ellas por diversidad de motivos, como no contar con el terreno necesario, por lo que el Cabildo ya ha aprobado una primera fase de nuevas propuestas y en dos semanas aprobará una segunda para que las actuaciones puedan culminarse antes de diciembre.

La inversión prevista en estas dos anualidades con cargo al Fdcan es de 170 millones de euros al 50% por el Gobierno canario, de un lado y por el Cabildo y 18 ayuntamientos del otro. A ello se suman otros 27 millones en ejecución del Plan de Cooperación con Ayuntamientos y Mancomunidades, a razón de 10 millones de los municipios y 2 de las mancomunidades referentes a 2018 y 12 y 2 millones, respectivamente, de 2019, más uno que aún resta de 2017 debido a una obra, de modo que lo urgente, dada la situación, es agilizar las obras, subrayó Ramírez.

Y puesto que los 18 millones de la anualidad 2020 ya están aprobados, solicitó el calendario de propuestas, no solo de este ejercicio, sino también de 2021, y cumplir los plazos para que no se reproduzca la situación de los anteriores años. El cuatrienio 2020-2023, en el que el Cabildo invertirá 72 millones de euros, 60 destinados a los ayuntamientos y 12 a las mancomunidades, mantiene al igual que en el anterior periodo la posibilidad de financiar actuaciones que puedan ejecutarse en dos años.

Sí hay una modificación en el destino de esos 72 millones, ya que la mitad de lo programado, 36 millones, deben ir destinados a políticas de desarrollo sostenible, lo que incluye energías renovables y eficiencia energética, prevención de incendios, acciones en el paisaje y bienestar animal.