Canarias atendió en pandemia a un 7% más de dependientes, pero la lista de espera es aún de las más altas del país

Canarias ha atendido durante la pandemia a un 7% más de dependientes, es decir, 1.680 personas. Así se desprende del XXI dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, que considera “meritorio” este dato si se tiene en cuenta que el conjunto de comunidades pudo crecer apenas en un 0,81%. No obstante, el estudio (que analiza los datos del pasado año) también refleja que aún preocupa en esta comunidad el número de personas que se encuentran en el llamado limbo de la dependencia, es decir, que pese a tener el derecho reconocido aún no cuentan con un recurso (residencial, ayuda a domicilio u otra prestación). Esa cifra de desatención es de las más altas del país (24,4%) y, según los datos de febrero de este año del IMSERSO, hay 8.114 personas esperando el recurso al que tienen derecho.

“Canarias sigue teniendo la tercera peor tasa limbo de todo el país con el 24,4%, y de continuar el ritmo de las atenciones de los últimos tres años, tardaría 4,3 años en adsorberla definitivamente”, señala el documento presentado este lunes por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Además, el tiempo de espera para que la resolución de dependencia sea tramitada fue también en 2020 de los más elevados. Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), señala el documento, y en las Islas el tiempo medio fue de 927 días, el más elevado, por delante de Andalucía (694); Extremadura (691) y Asturias (577).

Entre marzo y diciembre, fallecieron 1.045 personas en lista de espera sin ser atendidas. A este número de fallecimientos se les suman las que sí que se encontraban en el sistema y en total supone una cifra de 4.817 personas fallecidas, entre personas con derecho y personas pendientes de resolución de grado. Sin embargo, es cierto que este limbo o tasa de personas desatendidas descendió el pasado año, tanto por las atenciones realizadas pero también por ese número de fallecidos a la espera de recibir la prestación.

Otras carencias del sistema

Otro de los datos interesantes que destaca el informe es que la comunidad tiene “una cartera de servicios muy orientada a las prestaciones residenciales” y se echa en falta a la contribución de servicios de proximidad tales como ayuda a domicilio, esta última una prestación que asumen en Canarias los ayuntamientos pero que no ha estado incorporada a la Ley de dependencia como tal. Desde el Gobierno de Canarias se ha empezado a trabajar con los grandes ayuntamientos para que las personas con el derecho reconocido puedan figurar en la lista estatal y se les facilite la prestación según los términos de la ley con sus correspondientes horas.

En cuanto a las residencias, las Islas presentan un déficit de plazas. Aunque se finalizase este año el plan de infraestructuras sociosanitarias, se quedaría insuficiente, ya que contempla 5.000 plazas más frente a las 7.000 que necesitan las Islas, es decir, harían falta unas 2.000 más.

Pese a las mejoras, Canarias suspende con un 2,1

Por otro lado, el estudio destaca que se mantienen enormes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Solo ocho comunidades aprueban este año, y la mediana estatal baja del 5 al 4, lo que confirma un retroceso del sistema de atención a la dependencia. Siete comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior. Castilla y León (8,9), Andalucía (7,1) y Castilla La Mancha (7,1) destacan positivamente. En el otro lado de la balanza se encuentran Ceuta y Melilla (2,5), Canarias (2,1), junto a Catalunya (1,4), con el peor Sistema de Atención a la Dependencia. 

La mala situación de la dependencia en Canarias radica en un mal punto de partida en el año de aprobación de la ley (en 2007), acrecentado por los recortes, lo que le ha impedido salir en los últimos años de los puestos de cola. En cuanto a la inversión en los servicios vinculados a esta ley, la asociación destaca que con el incremento de 623 millones en el presupuesto estatal, la comunidad autónoma recibiría una cantidad adicional de 16,9 millones con los cuales sostiene que 2.817 personas podrían ser incorporadas este año como beneficiarias y podrían crearse casi 600 nuevos empleos.

A principios de febrero, Dependencia incorporó en Canarias a 101 personas con las que se pretende agilizar esta ley. Se trata de personal administrativo y terapeutas de atención temprana, fundamentalmente, entre otros profesionales que se han sumado a la plantilla y permitirán ayudar a bajar la lista de espera. El director general de Dependencia de Canarias, Miguel Montero, llegó a asegurar que prevé incorporar este año 5.000 altas netas más en el sistema: “Si no lo consigo, me voy a mi casa”.