Los Centros de Internamiento de Extranjeros en Canarias: territorios de paso y de distribución de inmigrantes

La Plataforma Canarias Libre de CIE, que ya cuenta con más de un año de vida, se ha sumado a los actos organizados este 15 de junio por todo el Estado para pedir que se cierren lo que denominan “cárceles para extranjeros” porque “privan de libertad a personas que no han cometido ningún delito” y, en muchos casos, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ni siquiera cumplen su función principal: deportar a los internos en un periodo máximo de 60 días, contradiciendo el Real Decreto (R.D.) de 2014 por el que rigen su funcionamiento.

Varias personas han ofrecido frente a la Delegación del Gobierno, en la Plaza de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria, una rueda de prensa para explicar por qué luchan para cerrar los CIE, tratando de arrojar luz en una fecha que se creó en 2013 para visibilizar a unos espacios dependientes del Ministerio del Interior que, a pesar de ser de titularidad pública, se caracterizan por su oscurantismo. Además, esta fecha coincide este año con el 40 aniversario de las elecciones de 1977.

El caso del CIE de Barranco Seco (Gran Canaria) no es un excepción, ya que antes de convertirse en lo que es hoy era una antigua prisión franquista abandonada: “Esto ya contrasta con el Artículo 1 del Real Decreto por el que se rigen estos centros, que dice que no pueden ser de carácter penitenciario”, afirma uno de los portavoces de la Plataforma Canarias Libre de Pie, Pablo Socorro.

Desde la Plataforma también han constatado que “el 76% de los apresados en 2016 en el CIE de Barranco Seco fueron trasladados al CIE de Hoya Fría en Tenerife. Y esto se ha producido, de forma reiterada, sin garantías jurídicas, sin acceso a abogados de oficio y siendo trasladados, con esposas, en un viaje comercial de una compañía naviera y a la luz pública”, narra Socorro.

El internamiento de una persona debe solicitarla la Comisión General de Extranjería y Fronteras a un juez o jueza de instrucción competente teniendo en cuenta una serie de requisitos, que están recogidos en una Circular emitida en julio de 2014 por la Dirección General de la Policía.

Sin embargo, el magistrado o magistrada solo puede tomar una medida cautelar y la decisión definitiva corresponde al contencioso administrativo. En otras palabras, el ingreso en un CIE debe ser una medida excepcional destinada “a la custodia preventiva y cautelar de extranjeros para garantizar su expulsión, devolución o regreso” (R.D. 162/2014, Artículo 1.2).

“Según los datos que ofrece el Ministerio del Interior, en 2016 solo se expulsó del CIE de Barranco Seco a cuatros personas, un 0,6% de las que fueron internadas. Y del CIE de Hoya Fría deportaron a 26 personas, un 12% del total”, informan desde la Plataforma.

Esto se produce porque “Canarias es un espacio fronterizo y sus CIE funcionan como centros de distribución; de hecho, el modus operandi más habitual es que los trasladen de Gran Canaria a Tenerife y de ahí pasan diferentes situaciones según cada caso”, manifiesta Socorro, que enumera “desde ser deportado, a ingresar en espacios alojativos, como el centro de inmigración de CEAR o centros de dependencias en el resto del Estado Español, hasta dejarlos simplemente en la calle, en una situación de irregularidad o irregularizable porque no pueden conseguir un trabajo para conseguir sus papeles”.

Uno de estas situaciones la recogió el programa de Carne Cruda grabado en Las Palmas de Gran Canaria el pasado 25 de mayo y emitido en el Día de Canarias.

El técnico de Incidencia y Participación Social de CEAR Canarias, Txema Santana, también ilustra con datos aquellos que llegan pidiendo asilo político: “En 2015, 16 personas del CIE de Barranco Seco pidieron asilo, un año después fueron 35 y en lo que va de 2017 asciende a diez. Esto ocurre una vez están dentro de un centro penitenciario y esto no puede ocurrir. No puede ser que en el recurso que le damos de acogida a estas personas sea un CIE y que, una vez dentro, estén incomunicados para solicitar protección internacional”.

CIE de Barranco Seco

“A los CIE los administra la Policía Nacional y en Canarias (también existe otro en Tenerife) no existe asistencia médica los fines de semana, siendo los únicos de todo el Estado que no garantizan lo que consideramos un derecho fundamental del ser humano. Fuera de ese horario se deja al criterio de personal no sanitario toda patología que pueda surgir”, explica una de las integrantes de Médico del Mundo, Laura Pérez.

Socorro añade que “no hay ningún trabajador más allá de la Policía Nacional, y, de todos ellos, solo hay una funcionaria. No hay intérpretes, ni traductores. Hemos luchado para que se pudiera poner una lavadora o un microhondas. Tienen muchísimas dificultades para comunicarse con sus familias fuera del Estado Español por teléfono. Muchos no pueden decirles ni siquiera que han llegado a Canarias y están bien”.

A esto se suma el problema de la ropa. En septiembre de 2016 dos juezas junto con varias organizaciones sociales y la Fiscalía realizaron una de sus visitas periódicas para inspeccionar al CIE de Barranco Seco en Gran Canaria y constataron que “no estaba claro el número de prendas que deberían corresponder a cada una de las personas internas”, cuenta Pérez.

Los resultados de esta inspección aparecieron en una resolución del Juzgado de Instrucción No. 8 de las Palmas de Gran Canaria en la que especificaba “que, aunque no se trataba de una situación de emergencia, deberían tener dos mudas de ropa exterior como mínimo y tres mudas de ropa interior por persona”, dice la integrante de Médicos del Mundo.

La diferentes organizaciones sociales se movilizaron para recoger ropa a través de una campaña solidaria que tuvo buena respuesta. Sin embargo, Pérez descubre que “las veces que hemos ido nos consta que las personas internadas tienen muchas dificultades para acceder a la ropa y esto, sin ninguna duda, tiene consecuencias en el estado de salud de los internos porque la higiene que conlleva el cambio de ropa es fundamental”.

Ministerio del Interior

Desde el Ministerio del Interior se ha llegado a reconocer, en septiembre de 2015, que en estos centros se inclumplen sus normas de funcionamiento en respuesta a un auto de la jueza de vigilancia del CIE de Barranco Seco, Victoria Rosell. Los motivos argüidos eran de naturaleza económica.

Sin embargo, y a pesar de la lucha de los colectivos sociales reclamando su cierre, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, considera a estos centros un instrumento “eficaz” y “necesario” para las políticas de control de la inmigración y niega que existan torturas ni vulneración de derechos humanos. Es más, durante este año anunció la creación de tres nuevos CIE en Málaga, Algeciras y Madrid