El decreto de CC para responder a la emergencia habitacional abre la puerta a “pelotazos urbanísticos”, según Drago

El partido Drago Canarias ha expresado este domingo su rechazo al decreto de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por el Gobierno regional porque, en su opinión, abre la puerta a nuevos “pelotazos” urbanísticos y a la legalización “por la puerta de atrás” de construcciones irregulares.

En un comunicado, Drago Canarias considera asimismo que con este decreto se rebajan los requisitos técnicos, urbanísticos y medioambientales de las nuevas edificaciones.

El partido señala que el Gobierno de Canarias ha ignorado cualquier diagnóstico de las causas que han llevado a la situación de crisis habitacional al aprobar un decreto que amalgama toda una serie de medidas “imprudentes y desesperadas que hipotecan el futuro de nuestro territorio”.

Drago Canarias considera que el decreto incide en la “depredación del territorio” con medidas centradas en la construcción indiscriminada de edificaciones, alturas y urbanizaciones, o a la rehabilitación de las inacabadas que podrían estar incumpliendo la normativa urbanística o medioambiental “anteponiendo el beneficio privado de las promotoras y constructoras a los usos de interés general y a la gestión pública del suelo”.

Así, en la nota de prensa remitida por el partido, se señala que “ante la situación actual de saturación de los recursos e infraestructuras del archipiélago, es tremendamente negligente la desregulación propuesta de incrementar el número de viviendas sin planificación en relación con la capacidad de carga del frágil y limitado territorio de Canarias”.

En este comunicado, advierten que el Decreto recoge la figura del silencio administrativo positivo para las recalificaciones urbanísticas, lo que “abrirá la puerta a nuevos pelotazos urbanísticos”, con los impactos negativos que tendrán en el medio ambiente y población del archipiélago, que además se acrecienta en el caso de las medidas para disponer de nuevos suelos sin cuantificar la oferta ya existente, así como en la reversión de las recalificaciones rústicas, que podrán volver a ser destinadas a urbanizables.

“Se va a generar un daño irreparable al patrimonio arquitectónico y cultural, así como a múltiples conflictos y tensiones en la convivencia vecinal y urbana, al desregular los topes de altura de las edificaciones, pasando incluso por encima de los planes de ordenación municipal, lo que aumentará exponencialmente la sobrepoblación de ciertos barrios y la presión sobre sus servicios públicos, red de saneamiento e infraestructura viaria”, añaden desde el partido.

En definitiva, Drago Canarias considera que “estas medidas, tomadas sin la cautela que requiere una regulación de semejante calado, ponen en peligro la Canarias que a día de hoy conocemos. Es más, descontextualizadas de los problemas de movilidad, redes, tensión sobre los recursos naturales, especialmente de los hídricos, o del colapso de numerosos servicios públicos, el Decreto aprobado pone de manifiesto la incapacidad de gestión del actual Gobierno de Canarias en materia de vivienda, más allá del piche, cemento y ladrillo”.