La fisioterapia concertada incumple las ratios de pacientes: “Se pasa 45 minutos sentado sin hacer nada”

Salvador (Boro) y Francisca (Paqui), en la avenida de la playa de Las Canteras

Sentado en una silla de ruedas, Salvador (Boro) escucha con atención a su pareja, Francisca (Paqui), mientras cuenta la historia y las vicisitudes de su proceso de rehabilitación médica. Solo rompe su silencio cuando el relato cronológico llega al punto de las sesiones de fisioterapia que ha recibido en los dos centros concertados de Gran Canaria a los que ha acudido para recuperar parte de la movilidad que perdió como consecuencia del ictus que sufrió en 2016, cuando tenía 46 años. “Voy a perder el tiempo”, sentencia tajante. Su mujer explica la frase. “Lo tienen sentado unos 45 minutos, sin hacer nada. Solo le dan tratamiento diez o quince minutos al día”.

Paqui lo acompaña a estas sesiones. Ella también recibe rehabilitación. Es diabética, sufrió un infarto y padece de los huesos. “He llegado a pensar en pedir que me quiten a mí ese tiempo para que se lo den a él. Solo hay un fisioterapeuta para cuatro, cinco o seis pacientes. A veces he tenido que ponerme yo con él para hacer los ejercicios”, asegura. Antes de que se decretara el estado de alarma por la COVID-19, acudía al centro de rehabilitación todos los días. Tras el desconfinamiento y la implantación de las medidas de seguridad y de distancia física requeridas para evitar los riesgos de un rebrote de la enfermedad, va tres veces por semana.

Boro estuvo tres meses ingresado en el Hospital Insular de Gran Canaria tras el accidente cerebrovascular que sufrió en 2016. Allí empezó la rehabilitación. “No se movía nada. Primero en planta y después, ya en casa, con una fisioterapeuta (privada), lograron que se sentara, que mantuviera el equilibrio. En casa le pusimos una barra y empezó a dar los primeros pasos”, recuerda Paqui, que aprecia un retroceso en la evolución de su marido desde que acude a los centros concertados a los que fue derivado por el Servicio Canario de Salud (SCS). “Hace tiempo que no le veo evolución, diez minutos al día no le hacen nada”, dice antes de precisar que la responsabilidad no es del profesional que le trata, sino del elevado número de pacientes que ese trabajador tiene que atender a la vez durante las sesiones.

Laura tiene 46 años. En febrero de 2019 se le rompió un aneurisma (dilatación de un vaso sanguíneo por debilitamiento de sus paredes). Estuvo unos días ingresada hasta que recibió el alta. Ya en su casa, empezó a notar un dolor en el hombro y acudió a su médica de familia. “Me mandó a hacer una ecografía en el Materno (Hospital Insular de Gran Canaria), pero nunca me llamaron, todavía estoy esperando”. Aun así, “sin pruebas y sin resultados”, fue derivada a un centro de rehabilitación con concierto con la sanidad pública. “Solo estuve tres o cuatro sesiones. El fisioterapeuta, que era lo que yo necesitaba, no llegaba a estar conmigo ni ocho minutos. La mayor parte del tiempo estaba en una silla sentada esperando a que me atendiesen. Luego me ponían unas máquinas de calor o de onda corta durante cinco o diez minutos y después el masaje. Las máquinas para mi caso no tenían eficacia alguna”, remarca Laura, que asegura que en la sala a la que acudía para estas sesiones de una hora podía haber alrededor de “50 personas al mismo tiempo”, con “cuatro o cinco fisioterapeutas” y varios auxiliares.  “No notaba ninguna mejoría, seguía con los mismos dolores e incluso iba a peor”, añade.

La crisis de la COVID-19 paralizó la actividad de rehabilitación ambulatoria y, en consecuencia, las sesiones que Laura tenía programadas hasta el 27 de abril. Sin embargo, en mitad del estado de alarma, recibió la llamada de un médico rehabilitador del Hospital Insular. “Allí mismo me hizo una ecografía y detectó que tenía una capsulitis (afección que provoca rigidez y dolor en el hombro). Me infiltró en ese mismo momento y a las dos semanas me volvieron a llamar. El dolor había remitido un poco y me hicieron el parte para que me viera una fisioterapeuta de la Seguridad Social”. Desde entonces, hace ya un mes y medio, recibe tratamiento tres veces por semana en un centro de salud. “En una hora está solo conmigo. Aunque esté poniéndome una máquina de calor, ella sigue estando, no es que entre otro paciente. Necesitaba que me machacaran el hombro, no una maquinita. Hoy en día tengo el brazo casi recuperado”.

Los centros de rehabilitación concertados vuelven a estar en el punto de mira. Con motivo del denominado Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias, el Colegio de Fisioterapeutas de Canarias remitió hace poco más de un mes al presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, un escrito que contenía históricas reivindicaciones y denuncias del sector, entre ellas el reiterado incumplimiento de la ratio de tres pacientes por profesional y hora en los centros privados, uno de los requisitos estipulados en los contratos marco por los que se rigen las derivaciones. Ya a finales de 2017 este asunto fue objeto de una denuncia que partió del testimonio de un extrabajador de una empresa radicada en Lanzarote. En ese escrito, el profesional sostenía que el centro llegó a atender en una jornada ordinaria 80 pacientes con un solo fisioterapeuta. Es decir, diez a la hora, siete más de los fijados en los pliegos.

Según los datos recogidos en el último informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), una fundación que aglutina a los principales operadores del sector privado en España, Canarias ha presupuestado durante los últimos quince años entre 11 y 13 millones de euros anuales para los conciertos de rehabilitación. El Colegio de Fisioterapia de Canarias calcula que el 90% de la actividad ambulatoria en el sector se ejerce en clínicas concertadas. Este órgano ha pedido con insistencia un aumento de la plantilla de profesionales en el sector público y la apertura de los servicios en horario de tarde para reducir el peso de las derivaciones, una decisión que, en opinión de sus representantes, conllevará un ahorro a las arcas públicas.

“Ir a un centro concertado para que te den 30, 60 o 90 sesiones cuando después tiene que volver a la pública porque allí el tratamiento no ha sido adecuado, supone una pérdida de tiempo para el paciente y una pérdida de dinero para la Seguridad Social”, señala una fisioterapeuta que ejerce en el sector público y que asegura que en determinadas patologías, como las de hombro, “casi todos las personas que acuden a un centro concertado vuelven a la Seguridad Social” tras un “alta con secuelas”. “Nosotros les podemos dedicar media hora como mínimo (la ratio en el SCS es de dos pacientes por profesional y hora) y, en ocasiones, hasta 45 minutos, sin ninguna máquina. En el concertado es todo aparato, el fisioterapeuta casi ni les toca. Las máquinas son un complemento, pero la verdadera recuperación del paciente es la mano del fisioterapeuta o la guía de ejercicios. Y eso no lo consigues con cinco minutos”, señala.

Otros profesionales del sector consultados por esta redacción aseguran que en ocasiones los tratamientos en los centros privados los dan auxiliares “sin supervisión del fisioterapeuta”.

“Estigmatización” de la concertada

A pesar de los testimonios recogidos en este reportaje y de otros casos que ha podido recabar Canarias Ahora, Domingo Montes de Oca, gerente de ICOT, la empresa con mayor presencia en el sector de la rehabilitación privada en Canarias, niega que el grupo que dirige esté incumpliendo los requisitos fijados en los conciertos con el SCS. “Estamos acreditados, homologados y pasamos por procesos de inspección periódicos. El último, esta misma semana o la semana pasada. Nunca hemos tenido ningún problema”. Montes de Oca lamenta la “estigmatización” que, a su juicio, padece la sanidad concertada en el Archipiélago. “A veces tenemos mala prensa. Se habla de nosotros como si fuésemos algo torticero y oscuro. Yo no escondo que somos una sociedad mercantil, que buscamos el beneficio, es la base y el objetivo de cualquier empresa porque, si no, no podría ser sostenible, pero prestamos el servicio no solo cumpliendo las normas que establecen los pliegos, sino además innovando”, manifiesta.

El gerente de ICOT ha minimizado además el volumen de quejas que recibe el grupo por el tratamiento dispensado a los pacientes. “Algunas nos llegan, pero pueden representar el 1% o el 0,1% del total que atendemos para la red de rehabilitación pública sanitaria de Canarias, porque no hemos cumplido sus expectativas. A veces pasa, pero el grado de satisfacción que expresan en las encuestas que realizamos es muy elevado”, sostiene Montes de Oca, que no aclara si, como sostienen otras fuentes consultadas por este medio, las inspecciones realizadas para comprobar el cumplimiento de las cláusulas fijadas en los contratos de concertación son programadas, se concretan con antelación. “Yo no voy, hay un encargado en cada centro y es el que va a la inspección”, señala el director del grupo, que remarca que, en cualquier caso, la empresa a la que representa “cumple sus obligaciones contractuales con la administración”.

“Somos una empresa 100% canaria. Algo habremos hecho bien cuando llevamos treinta años haciéndolo. Las manifestaciones (del Colegio de Fisioterapeutas de Canarias) contra las concertadas arrastran prejuicios, nunca han estado con nosotros. Tengo que defender el prestigio y el buen hacer de los 250 fisioterapeutas que empleamos”, concluye.

Sin registro de la actividad

La principal demanda de los fisioterapeutas en Canarias sigue siendo el aumento de la plantilla tanto en los hospitales como en Atención Primaria, en los centros de salud, para poner fin a las históricas carencias que arrastra el sector y reducir el elevado volumen de derivaciones hacia la sanidad privada. Esta constante reivindicación entronca con otra lucha que emprendió un grupo de profesionales hace un lustro y que aún no se ha acabado de concretar. Se trata de la implantación de la denominada estación clínica para los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, el sistema que utilizan otros profesionales sanitarios para registrar de manera pormenorizada su actividad el programa informático Drago utilizado en el SCS. 

“No hay una trazabilidad del proceso (de rehabilitación) que se pueda prolongar durante meses. Nosotros introducimos notas en el sistema, pero no rellenamos un formulario oficial en el que quede plasmada toda la actividad y que sirva, por ejemplo, para computar la lista de espera en fisioterapia”, señala una profesional que ejerce en un hospital de las islas. En Canarias se contabiliza la demora para consulta del médico rehabilitador, pero no para el inicio del tratamiento de fisioterapia. Los trabajadores consultados aseguran que esa estación clínica, que se prevé implantar próximamente en algunos centros, dará visibilidad a la lista de espera y, por lo tanto, permitirá conocer con mayor profundidad los recursos requeridos en los servicios y reforzar así plantillas que apenas se han incrementado en las últimas décadas.  

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12 de julio de 2020 - 16:29 h

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