Gran Canaria no controla sus centros de Menores
El Cabildo de Gran Canaria no tiene ni idea de lo que se maneja en los centros de acogida de menores de su titularidad, en manos de diferentes entidades colaboradoras por medio de convenios. Esa es la terrible conclusión a la que se llega después de sumergirse en la cruda realidad dibujada por una auditoría fechada en noviembre de 2012, por encargo de la propia administración pública, que permanece oculta dentro de la Casa Palacio desde esa fecha y que ya está sobre la mesa de una juez de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria.
Los datos descritos en el informe de Mundiaudit SL sobre la Red de Centros de Menores de la isla arrojan ahora luz y taquígrafos sobre una denuncia presentada hace tres años dentro del propio Cabildo grancanario, que ha acabado judicializada en Instrucción 5 de LPGC, y que en relación con esta auditoría, viene a señalar el descontrol y el dispendio que durante años se ha ejercido en el Área de Asuntos Sociales en cuestión de acogida de menores. De fondo, las sumas de dinero que bajo el ratio menor/día se llevan varias ONG quedan así cuestionadas.
Así, la auditoría realizada entre finales septiembre y primeros de octubre en diferentes centros, tanto los propios del Cabildo como los de las doce entidades colaboradoras bajo convenios, y de variada tipología, viene a ratificar que no existe control público de las estancias de los menores en los centros, ni de la gestión de estas estancias por parte de las entidades colaboradoras, que manejan unos diez millones de euros anuales de manera genérica.
“No hay control sobre plazas que computan como ocupadas en los casos de menores con permiso de permanencia en familia, con resolución de guarda a favor de un centro y que se están pagando en la actualidad”, viene a decir entre sus conclusiones el auditor, quien resalta que esa guarda del menor debería trasladarse o al Cabildo o a la Dirección General para la Protección del Menor y la Familia del Gobierno canario, ya que el niño no pernocta en el centro.
Es esa falta de control desde el Cabildo lo que genera una ocupación de “plazas con niños fugados de larga duración o en pernocta familiar o en centros de medidas judiciales provocando sobreocupaciones formales pero no reales”, indica la auditoría, señalando uno de los agujeros negros del sistema de Menores en Asuntos Sociales de Gran Canaria, por donde se estiman pérdidas millonarias para las arcas públicas que van a parar a estas entidades.
Es ese concepto de sobreocupación, la plaza ocupada en la que figura un niño fugado o ya fuera del centro por medida judicial o pernoctación en familia que al mismo tiempo es sobreocupada por otro niño, la que se contabiliza con un coste del 100% del ratio menor /día, cobrando la ONG un 180% de la cifra pactada según la tipología del centro -conflictivos, normalizados, monoparentales...-, el 80% de la plaza ocupada y el 100% por sobreocupada.
El diagnóstico realizado a la Red de Centros, 48 en total en toda la Isla para 522 plazas, abarca desde el 1 de enero de 2011 hasta el 30 de junio de 2012, y como un dato clave del mismo apunta que “no se dispone de una base de datos o tablas que permita un cálculo fiable y preciso de la estancia diaria” de menores en los centros, que serviría para contabilizar cuánto dinero debe aportarse por el Cabildo a cada entidad, en función de cuántos menores por día tiene cada centro.
“No es posible obtener datos precisos de ocupación diaria, de ocupación media mensual y anual y un procentaje real de ocupación de plazas”, recalca el informe concluido el 28 de noviembre de 2012, mientras que la actualización de los ficheros para el control de menores y la ocupación de los centros “está asignada a una sola persona, de modo que cuando disfruta de sus vacaciones, permiso o causa baja por enfermedad, dicho fichero permanece desactualizado no estando disponible para el resto de los técnicos”. Este responde a las siglas J.M.M.
La auditoría entra al detalle de los 24 centros de acogida auditados, tanto los de convenio de entidades colaboradoras como los propios del Cabildo, cifrando el grado de ocupación de cada uno de ellos, y las graves carencias que ofrecen a la hora de cumplir con los objetivos socioeducativos marcados en los pliegos técnicos de los convenios, que no se han puesto al día desde 2009. Desde esa fecha, el Cabildo prorroga, año a año, el mismo tipo de relación con entidades como Mundo Nuevo, Mensajeros de la Paz, Fundación Canaria Sociosanitaria, Cruz Roja, congregaciones religiosas o ayuntamientos, como Gáldar y Agüimes.
Al respecto, el informe alerta que desde el 23 de diciembre de 2010, el tipo de contratación para prestar estos servicios sociales “se realiza sin la adecuada cobertura administrativa, al suscribirse la prórroga o nuevos convenios con fechas posteriores a la finalización de los anteriores convenios y prórrogas”.
Del mismo modo, el Cabildo incumple “sistemáticamente” las formas de pago prevista en los convenios al no efectuarlos con carácter anticipado, mientras que incurre también en una serie de irregularidades al fijar diferentes cuantías a entidades por plaza / día cuando la tipología del centro viene a ser la misma.
“No se justifica el criterio por el que se aplica un porcentaje diferente en el precio de las plazas no ocupadas y las sobreocupadas para cada tipología de centro”, viene a decir también una auditoría que recomienda ponerse al día en todos estos aspectos negativos del seguimiento y control de los centros conveniados.
La auditoría encargada por la exconsejera de Economía y Hacienda Rosa Rodríguez, al asumir durante unos pocos meses su departamento el Área de Asuntos Sociales, se presenta solo como una evaluación preliminar de los procedimientos, cuentas, gestión de la ocupación y cumplimiento de la legalidad de los centros de menores, para así obtener la planificación de los trabajos a realizar en una auditoría externa posterior que nunca más fue encargada.
La misma señala que nunca se recibió respuesta desde la Dirección General del Gobierno a la confirmación de si estaban inscritos y autorizados los centros de menores gestionados por las entidades con convenio en el registro correspondiente de la Comunidad Autónoma Canaria.
