La Justicia vuelve a pronunciarse sobre la subestación de La Cícer: el Ayuntamiento debe exigir a Endesa un plan de cierre
La Justicia ha vuelto a pronunciarse sobre la polémica subestación eléctrica de La Cícer, que ya fue declarada ilegal. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Las Palmas de Gran Canaria obliga mediante una reciente sentencia al Ayuntamiento capitalino a que ejecute la orden de paralización y cese de la actividad de Endesa en esta zona.
El fallo da la razón parcialmente a la asociación ciudadana ‘Recuperar La Cícer’, representada por el abogado Yeray Alvarado, que interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Consistorio por su “inactividad” al no haber ejecutado la resolución de 2010, que ordenaba que en un plazo de un mes se paralizara la actividad de producción, transformación, transporte y distribución de energía eléctrica de esta subestación.
También condena al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a ejecutar la resolución de 2016 por la que Endesa debe presentar un plan que llevará aparejado el cierre paulatino de subestación. Ambas resoluciones administrativas, la de 2010 y la de 2016, son firmes recuerda la sentencia, por lo que debe darse cumplimiento.
Una lucha de casi una década
La plataforma Recuperar La Cícer denunció en el año 2009 que la subestación no tenía licencia de apertura y además advirtió de que la actividad que desarrolla la compañía en esta parcela es “peligrosa”, ya que manipula electricidad de alta tensión, y “molesta”, por el tipo de maquinaria utilizada y los ruidos y vibraciones producidas. Desde entonces, se ha producido un largo litigio judicial.
Los vecinos que la conforman celebran esta última sentencia del 9 de julio, aunque lamentan haber tenido que volver a acudir a los juzgados por el hecho de que el Consistorio no “cumplió con sus propios acuerdos”.
La asociación también asegura que “no está dispuesta a permitir que el Ayuntamiento se alinee con los intereses económicos de Endesa, permitiéndole dilatar en el tiempo una situación irregular que perjudica al vecindario y al interés general de la ciudad, solo ventajosa para la mercantil, que obtiene un importante beneficio económico de la misma, sin invertir el dinero necesario para que dichas instalaciones estén funcionando donde y como debieran”.
Así mismo, considera que el paso que ahora debe dar el Consisistorio es exigir la redacción del plan ordenado del cierre de la subestación, un documento que creen que “servirá de guía, de hoja de ruta para que cuando llegue el momento de iniciar la desconexión, no se generen situaciones caóticas y pueda darse cumplimiento a las resoluciones judiciales de forma armónica y sostenible”.
Por su parte, según se recoge en la sentencia, el Ayuntamiento alegó en su momento estar en contra de la “inactvidad” de la que le acusaban los demantes. A su juicio, el consistorio sí que había actuado pero el cierre de la subestación excedía sus competencias.
El concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, se pronunció recientemente en la Cadena Ser sobre este fallo y señaló que “la subestación de La Cícer no se puede cerrar si no está en el Plan Energético Nacional, que lo decide el Consejo de Ministros”.
Según explicó el también teniente de alcalde, se ha acudido a la Consejería de Industria para que instara al Ministerio la inclusión de este cierre en el plan nacional, algo que asegura que ya se ha hecho y ahora con esta sentencia en mano, afirma que se volverá a exigir a Endesa el plan de cierre.
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