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Las cinco licencias por titular centran un nuevo recurso contra el reglamento del taxi del PP

La Atlatc denuncia que la acumulación de permisos choca con el excesivo número de taxis que circulan por la capital grancanaria

El concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, considera que “es perfectamente normal que un mecanismo que permite la ley sea utilizado por quien no comparta algún contenido de la Ordenanza”

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Parada de taxis del Parque de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria

Para de taxis del Parque de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria.

La Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxi de Canarias (Atlatc) ha interpuesto un recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la aprobación definitiva de la Ordenanza que regula el servicio urbano, aprobada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el pasado abril.

El presidente de la Atlatc, Expedito Suárez, explica a Canarias Ahora que el recurso que espera ser admitido a trámite se centra en el aspecto de que un solo titular pueda acumular hasta cinco licencias de taxi, lo que a su juicio choca frontalmente con el exceso de permisos que registra la capital grancanaria. Un exceso que, según recuerda, ha sido reconocido por el Ayuntamiento.

Desde que la Administración local dio a conocer el contenido de la nueva Ordenanza, las críticas no han dejado de repetirse tanto en el seno del sector, cuyos trabajadores han llegado incluso a vestir faldas como protesta por la obligación de llevar uniformes, como en los partidos que conforman la oposición de la ciudad capitalina.

El concejal de Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente, Ángel Sabroso, señala que las discrepancias de los taxistas se han basado en cuestiones que el Ayuntamiento considera importantes para mejorar la calidad del servicio, como la uniformidad, la posibilidad de que los clientes puedan efectuar el pago con tarjeta de crédito o la mejora de los vehículos, entre otras.

Respecto a los recursos judiciales presentados, afirma que “es perfectamente normal que un mecanismo que permite la ley sea utilizado por quien no comparta algún contenido de la Ordenanza”. Sabroso recuerda el contencioso administrativo contra el reglamento municipal interpuesto recientemente por la Asociación de Asalariados del Taxi al considerar que la uniformidad vulneraba los derechos fundamentales de las personas, que no fue admitido a trámite por el Juzgado.

El concejal no rechaza el que “otros sí sean admitidos y las partes puedan exponer sus fundamentos en la instancia judicial” y añade que “hemos entendido siempre que nuestra obligación municipal es encontrar el equilibrio entre las legítimas aspiraciones de los profesionales del taxi y las aspiraciones de la ciudad y de los clientes para disfrutar un de un servicio de calidad, equilibrio que consideramos que se alcanza con la nueva Ordenanza”.

Las cinco licencias, en el punto de mira

Suárez ha denunciado en distintas ocasiones que el texto deja en manos de la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera del Gobierno de Canarias la posibilidad de que una única persona pueda acumular los permisos. Algo que, explica, obvia el artículo 10 de la norma, que estipula que "en caso de que se produzca un incumplimiento sobrevenido de los requisitos mínimos sobre población municipal y número de licencias, se aplicará el régimen general [...] si bien no podrá otorgarse ni podrá ser adquirida otra licencia por quien ya fuera titular de una".

Un exceso de licencias supone, por lo tanto, que un autónomo solo pueda ser titular de un permiso. Una cantidad cuya viabilidad legal se comprometió a estudiar el alcalde capitalino, Juan José Cardona, según recuerda el presidente de la Atlatc.

Pese a que el Consistorio ha insistido, incluso en una serie de folletos entregados al sector, en que el Gobierno local no puede regular este aspecto, la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias afirmó lo contrario en una carta enviada a principios de junio. Dicho documento, firmado por la jefa de servicio de Transporte Terreste, precisa que "aunque en su potestad puede exigir esa cantidad del licencias, este Servicio considera que no debe entenderse como un requisito indiscriminado, sino que ese extremo debe ser regulado por una ordenanza municipal".

Suarez considera que el Ayuntamiento debe seguir el ejemplo de Santa Cruz de Tenerife y “empezar a rescatar licencias”, además de hacer un estudio económico sobre las repercusiones del exceso de licencias que sufre la ciudad.

Una iniciativa que el concejal describe como “un lujo que en las actuales circunstancias no se puede permitir la ciudad”, porque el Consistorio solo podría recuperar los permisos volviendo a comprar los mismos.

Por su parte, Sabroso asegura que desde la entrada en vigor del reglamento, el Ayuntamiento no ha transmitido ningún permiso a un titular de otra licencia “precisamente porque la nueva ordenanza obliga a que esa segunda licencia sea adaptada a vehículo de Personas con Movilidad Reducida”.

“Éramos conscientes de que poniendo esa condición para las transmisiones de licencias en favor de un titular que ya poseyera una con anterioridad se iba a limitar muchísimo esa práctica permitida por la Ley del Transporte de Canarias y el Decreto Regional del Taxi”, manifiesta.

Exceso de licencias

El edil declara que la Administración local no solo tiene constancia del exceso de permisos que registra la ciudad, sino que ha elaborado estudios de esa índole y los ha repartido al sector para concienciar de la importancia de implantar un sistema de turnos que distribuya la sobre oferta que existe frente a la demanda de servicios.

Actualmente, explica, “el gran problema que sufre el sector del taxi es la elevada oferta existente para la demanda objetiva de la ciudad”. Asimismo, precisa que una flota compuesta por 1.640 vehículos sitúa la ratio de taxis por cada 1.000 habitantes por encima de la media nacional. En ese sentido puntializa que, mientras que Las Palmas de Gran Canaria dispone de 4,2 taxis por cada 1.000 habitantes, ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza están por debajo de tres por el mismo número de personas.

Esto supone una ventaja para los clientes, dice, que gozan de una tarifa competitiva que sitúa entre las más bajas de España y concluye que “el nuevo Reglamento trata de paliar un poco con subidas anuales automáticas en función del IPC y mayores facilidades para la obtención de ingresos publicitarios (entre otras)”.

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