Así pretende Canarias reducir un 30% sus listas de espera sanitaria en dos años

Canarias aspira a revertir los indicadores que han situado históricamente al Archipiélago en el vagón de cola de las comunidades autónomas en las listas de espera quirúrgica, para pruebas diagnósticas y consultas con especialistas. La Consejería de Sanidad del Gobierno regional ha presentado este miércoles un programa de actuaciones con este horizonte temporal, el denominado Plan Aborda 2021-2022, que se marca un triple objetivo: disminuir en un 30% el número de pacientes que aguardan por una intervención (más de 24.000), reducir la demora media por debajo de los tres meses (en la actualidad es de cinco) y que ningún paciente con enfermedad oncológica tenga que esperar más de 30 días para ser operado. 

La iniciativa será financiada con una dotación de 200 millones de euros y contempla, entre otras medidas, la contratación de “entre 200 y 250” profesionales sanitarios, en su mayoría especialistas médicos y personal de Enfermería, para reforzar los servicios quirúrgicos en jornadas de tarde y de fines de semana, según explicó el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, en una rueda de prensa celebrada este miércoles. 

Uno de los conceptos que pretende incorporar la Consejería de Sanidad para aliviar las listas de espera es la “programación selectiva”. Es decir, priorizar las intervenciones quirúrgicas, las pruebas diagnósticas y las consultas con especialistas de aquellos pacientes que más tiempo llevan esperando. No solo en jornadas ordinarias de mañana, sino también por las tardes con personal específicamente contratado para este fin, al margen de los programas especiales que ya funcionan con la dotación habitual de personal y la realización de horas extraordinarias. 

La actividad de los fines de semana se enfocaría a las operaciones de baja complejidad para que no repercuta en un incremento de ingresos en planta durante los sábados y los domingos. Y es que durante estos días no es práctica común dar el alta médica a los pacientes ya hospitalizados (se espera a la revisión del médico especialista en jornada ordinaria) y, por lo tanto, hay un mayor riesgo de colapso por falta de plazas en las plantas que se vería agravado en caso de que los recién operados requieran una cama de hospitalización. En los periodos de mayor presión asistencial, estas carencias se manifiestan con mayor claridad a principios de semana en las áreas de urgencias de los centros, con las ya habituales imágenes de pasillos atestados de camillas con usuarios que permanecen a la espera de que se desocupe alguna cama en planta para poder ser trasladado.

El plan Aborda 2021-2022 también aboga por potenciar la Cirugía Mayor Ambulatoria, es decir, aquella que no requiera ingreso ni ocupación de cama. Para ello, según ha explicado el director del SCS, se precisa una mejora en las infraestructuras sanitarias, sobre todo las de Tenerife, que presentan “déficits estructurales importantes”. En Gran Canaria se ha impulsado un proyecto de mejora alrededor del Hospital Juan Carlos I, de carácter “insular”, es decir, no asociado a ninguno de los dos hospitales de referencia (Doctor Negrín e Insular Materno Infantil). 

El programa que pretende implantar el SCS también comporta cambios en la manera tradicional de concebir la gestión sanitaria en las Islas. Acuñando un concepto propio del mundo universitario, Domínguez ha hablado de un “distrito único”. En la práctica, significa que los pacientes de un área de salud pueden ser atendidos en un hospital diferente al que tienen asignado como centro de referencia (por ejemplo, el Negrín para los ciudadanos del norte de Gran Canaria y el Insular para los del sur). Este medida también afecta a los usuarios de islas no capitalinas que deban someterse a intervenciones quirúrgicas en las capitalinas. 

Sanidad ha anunciado un plan específico, llamado Demora, para aquellas especialidades que soporten los mayores tiempos de espera quirúrgica (Oftalmología, Traumatología y Cirugía Ortopédica, Dermatología, Rehabilitación y Otorrinolaringología), y el impulso de la denominada “autoconcertación”. Se trata de “contratos” o acuerdos entre el SCS y determinadas gerencias o servicios de los hospitales a los que se les exige un nivel determinado de actividad asistencial y unos objetivos (tanto en jornada ordinaria como especial) y se les somete a una evaluación a cambio de mejoras en las contrataciones e infraestructuras. 

Tanto el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, como el director del SCS, Conrado Domínguez, han defendido que utilizaran “todos los recursos disponibles” para tratar de reducir las listas de espera y los tiempos de demora en el Archipiélago y que la sanidad concertada debe desempeñar un papel de “complementariedad” cuando se agote “el 100% de los recursos públicos”. “La Ley General de Sanidad establece con claridad cuál es el concepto de sanidad pública. La concertada forma parte de la sanidad pública. No lo podemos olvidar. Vamos a utilizar el máximo volumen de recursos del SCS, pero evidentemente el objetivo es cuidar a los pacientes y no vamos a desdeñar los casos que necesitemos complementar” desde la concertación, ha explicado el dirigente socialista. “Es un escenario que funciona y que se debe utilizar con toda la inteligencia y la potencia que sea razonable”, ha añadido. 

El plan Aborda 2021-2022 contempla una “reorganización de la modalidad de cupo”, es decir, del sistema por el que se utilizan quirófanos de las clínicas privadas para realizar operaciones con personal propio del SCS. También una “revisión de los conciertos sanitarios” para “actualizarlos a la normativa vigente y a las necesidades” de la sanidad pública, estableciendo criterios de “complementariedad, calidad asistencial y tiempos de respuesta”. 

Sanidad ha anunciado además un incremento en la contratación durante el periodo estival para mantener los niveles de actividad asistencial (Plan Verano); una “reprogramación” de las agendas de consultas con mayor tiempo de demora; una mejora de los registros de los sistemas de información para corregir las deficiencias detectadas en un estudio realizado en 2018 por equipos de las dos universidades canarias, y la revisión y actualización de la orden que establece los plazos máximos de respuesta a determinados procedimientos quirúrgicos. También apuesta por incrementar la capacidad de resolución en Atención Primaria a través de la figura del “especialista consultor” y “disminuir la variabilidad de la práctica clínica”, es decir, homogeneizar los criterios para incluir a los pacientes en las listas de espera y las indicaciones quirúrgicas a través de un diálogo entre “los profesionales, los pacientes y las sociedades científicas”.

Trujillo ha defendido durante su presentación que el plan ha contado con la “participación activa” de los profesionales y de asociaciones de pacientes y que es “evaluable, dinámico y flexible”.