Brindis por la memoria

El Tribunal Supremo le ha quitado la razón a la familia Franco, el cuerpo del dictador tendrá que salir del Valle de Los Caídos y no podrá ser enterrado en La Almudena. Se trata de una victoria para todas aquellas personas que tenemos claro que sacar a Francisco Franco de un mausoleo como el Valle de Los Caídos es parte de todo el trabajo que queda por hacer en España en cuanto a memoria histórica. Pero no se trata del único ejercicio de reparación que debemos realizar como sociedad.

El unboxing

Un día antes de conocer la decisión del Supremo sobre la exhumación de Franco nos enteramos de que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz sigue inmerso en su empeño por no cumplir la Ley de Memoria Histórica. El PP ha pedido, otra vez, renombrar el conocido como monumento a Franco, situado en la Avenida de Anaga, y tomar tres medidas para no retirar el monumento. Tal y como ha contado Planeta Canario, Guillermo Díaz Guerra ha presentado tres propuestas como alternativa para no retirar el monumento; un primer punto en el que pretende que el Ayuntamiento rechace todo tipo de regímenes totalitarios, un segundo para rechazar la retirada del monumento a Franco, y, por último, una consulta ciudadana para modificar su nombre y significado.

El Unboxing de Franco es una buena noticia, no cabe duda. Pero la reparación hacia las víctimas del Franquismo no solo se da sacando al dictador del Valle de Los Caídos, como país tenemos una deuda con todas aquellas personas que sufrieron la represión y la dictadura franquista. Y esa deuda no se puede saldar si negamos de forma constante el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. El monumento a Franco es un claro ejemplo de cómo el Partido Popular hace oídos sordos y toma atajos para no hacer cumplir la Ley. El monumento no sólo no está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) sino que el informe que solicitó el anterior grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz (CC- PP), para justificar lo injustificable, dejó bastante claro que incumple la Ley de Memoria Histórica.

Nos encontramos, una vez más, con que los que se dicen defensores de la legalidad y el marco constitucional son los primeros en buscar justificaciones para no cumplir la Ley de Memoria Histórica. Y precisamente la falta de memoria es el germen de la crisis democrática que llevamos años sufriendo en España. Un país que no es capaz de reparar los errores del pasado no puede ser capaz de construir una democracia sana.