El Cabildo de Tenerife crea un nuevo impuesto para conductores para “penalizar” el uso del vehículo privado

Coalición Canaria y el Partido Popular han dado un giro a su postura respecto a los impuestos y han pasado de defender que hay que bajarlos e incluso eliminarlos, a instaurar un nuevo en la isla de Tenerife.

Ambos partidos, que son socios tanto en el Gobierno de Canarias como en numerosas administraciones del archipiélago, han rechazado en diversas ocasiones implantar una tasa turística que grave las pernoctaciones en hoteles de las islas y que esta sea finalista, es decir, que su recaudación se destine a objetivos fijados previamente, como la protección de los espacios naturales de Canarias. Entre los argumentos utilizados para descartar la llamada tasa turística (que ya se aplica en otros territorios como Baleares) han esgrimido que no se quiere “saquear a los canarios” o que sería imposible que fuera “finalista”.

Ambos partidos han defendido también en campañas electorales las bajadas de impuestos, y concretamente del IGIC, como medidas estrellas de su programa electoral. Sin embargo, tras más de dos años gobernando juntos esta bajada no se ha materializado aún y, de hecho, el IGIC incluso ha subido en algunos tramos.

Sin embargo, ahora ninguna de esas objeciones se ha tenido en cuenta a la hora de crear un nuevo impuesto para la isla de Tenerife y este miércoles la presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila (CC), ha anunciado que a finales de año se impondrá un nuevo gravamen a todos los conductores (exceptuando a los de mercancías y profesionales) en la isla.

Bajo el nombre de céntimo forestal, se trata de un impuesto sobre los carburantes que, según el Cabildo, se usará para proteger los espacios naturales de la isla (dirigidos a la vigilancia de los montes, restaurar zonas degradadas y evitar la desertificación). Es decir, es un impuesto finalista, contradiciendo lo argumentado desde el Gobierno canario, y desde CC y el PP, de que no se puede establecer un impuesto así.

La medida será aprobada próximamente en un pleno del Cabildo y el objetivo, según Dávila, es “penalizar” el uso del vehículo privado, pues Tenerife tiene uno de los índices de motorización más altos del mundo, con más de 800 coches por cada 1.000 habitantes.

Ha indicado que esta medida, incluida en los presupuestos autonómicos de 2025 y que también va a tomar el Cabildo de Gran canaria, forma parte de un “cambio de modelo” impulsado por el Cabildo para fomentar una movilidad más sostenible a través del transporte público.

“Tenerife tiene casi 1.000 kilómetros cuadrados de superficie protegida. No basta con decir que los protegemos. Hay que actuar sobre el terreno y garantizar que tengan recursos reales para su mantenimiento, recuperación y vigilancia”, afirmó.

Tanto Dávila (CC) como el consejero de Cultura, José Carlos Acha (PP), han aclarado que no ha habido “ningún problema” entre ambos partidos para aprobar la medida, aparte de que fue impulsada en las cuentas regionales por la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), precisamente una firme opositora a la implantación de un impuesto finalista sobre las pernoctaciones turísticas. Además, la propuesta de Asián fue rechazada por los cabildos de La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura.

“Nadie ha arrugado la nariz”, ha subrayado, mostrando su confianza en que va a ayudar a hacer frente a la “barbaridad” de coches que hay en Tenerife y que es una herramienta “medioambiental, no recaudatoria”. “Lo hemos defendido todo el grupo de gobierno”, ha agregado.