Los acusados no logran frenar el juicio por el caso de Las Teresitas, que continúa este lunes
La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado este lunes las peticiones de nulidad planteadas por las defensas del caso de Las Teresitas, por lo que continuará con el juicio que va a dilucidar si hubo delitos de prevaricación y malversación en la compra de los terrenos de la playa en 2001.
La petición de nulidad de la instrucción y sobreseimiento del caso la realizaron el viernes pasado los abogados de varios de los acusados durante la primera sesión del juicio, que sostienen que sus clientes han sufrido indefensión a lo largo de estos años.
El presidente del tribunal que se ocupa del caso, Joaquín Ástor Landete, ha comunicado hoy a las partes que no se aceptan esas solicitudes, por razones que los magistrados explicarán de forma detallada en la sentencia que se dictará al término de la vista.
El juicio, en la que están acusadas trece personas, entre exconcejales, técnicos municipales y empresarios, prosigue hoy con las declaraciones José Ángel Martín y Santiago Pérez, los dirigentes socialistas que denunciaron en su momento a través del colectivo Ínsula Verde la compraventa por parte de la ciudad de esos terrenos por casi 53 millones de euros, más del doble del valor que habían fijado técnicos del propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
El primero continúa en el PSOE y ha sido concejal de Urbanismo en la capital tinerfeña, mientras que el segundo, después de haber dirigido el partido en la isla, hoy forma parte de la formación Por Tenerife-Nueva Canarias.
También declarará hoy Rodolfo Núñez, quien en el momento de la compra de los terrenos presidía CajaCanarias, entidad que dio el crédito a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia para que compraran los terrenos que luego vendieron al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en Las Teresitas.
Además, está previsto que hoy declare Justo Menéndez, especialista en nuevas tecnologías y miembro del PSOE tinerfeño.
En este proceso, la Fiscalía solicita ocho años de cárcel para el alcalde de la ciudad en aquellos momentos, Miguel Zerolo (CC), la misma pena que solicita para el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo (CC), mientras que reclama cuatro años para los también exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP).
Igual condena de cuatro años de cárcel plantea para los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, así como para sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González.
La Fiscalía Anticorrupción solicita además cuatro años para el exsecretario general municipal Eugenio de Zárate, y para el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín, así como para los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca.
La Fiscalía imputa a los funcionarios y cargos públicos presuntos delitos de prevaricación, por lo que pide inhabilitación especial, y de malversación de caudales públicos, que conllevan las penas de prisión.
A los empresarios, el Ministerio Fiscal les atribuye presuntos delitos de malversación de caudales públicos.
