Ultimátum para el mamotreto: si no se derriba antes de octubre, irá a la Fiscalía

La Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción ha manifestado este lunes su intención de llevar ante la Fiscalía a los responsables de lo que entienden que es “el mayor acto de irresponsabilidad democrática cometido en torno al edificio”. Los responsables de la Plataforma, junto a los concejales de Santa Cruz José Ángel Martín (PSOE) y Pedro Fernández Arcila (Sí Se Puede), comprenden que puede existir un delito de desobediencia en grado de inducción y ponen como fecha límite para que se derribe el mes de octubre -cuando está prevista la demolición- para, si eso no ocurre, acudir al Ministerio Público, a la Fiscalía.

Voces representativas de Coalición Canaria (CC) en el municipio capitalino, entre ellas las de tres exalcaldes, se han manifestado en contra del derribo del mamotreto tras la adjudicación de la demolición de esa estructura en aplicación de una sentencia firme. Incluso han creado un colectivo para su legalización y han lanzado una campaña en change.org, lo que significa promover el incumplimiento de la sentencia, que, como se ha dicho, ya es firme. Este grupo está encabezado por tres de los exalcaldes de Santa Cruz de Tenerife, de manera especial Manuel Hermoso, también expresidente del Gobierno de Canarias.

El citado exalcalde y expresidente canario, junto al exregidor local José Emilio García Gómez, hoy en el PP, expresaron su intención de abrir un diálogo interno dentro del partido para que no se derrumbe el edificio, lo que expresaron en Diario de Avisos, donde llegaron a señalar que iban a “intentar convencer a Coalición Canaria para que se abra un diálogo y se busquen soluciones a ese asunto”. Los exalcaldes se sumaban así a la postura que venía defendiendo el exconcejal de Urbanismo Carlos Garcinuño (PP), quien fue destituido en junio por el actual alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), tras votar en contra de la adjudicación de la demolición del mamotreto.

Los representantes de la oposición en el Ayuntamiento tinerfeño se han querido sumar este lunes al comunicado que el presidente de la Audiencia Provincial tinerfeña, Joaquín Astor Landete, transmitió hace unos días acerca del mantenimiento del mamotreto. Landete echaba por tierra uno de los argumentos esgrimidos por los exalcaldes: su mantenimiento como parte del patrimonio público. “Una edificación ilegal no es patrimonio público, sino la utilización ilícita del dominio público cuya salvaguardia corresponde al Ayuntamiento”, apostilló. Al respecto, consideró que “las llamadas a la desobediencia respecto a la resolución judicial que ordena la demolición de la obra, orquestadas desde sectores interesados y que puedan llevar a confusión a la ciudadanía, constituyen un acto de irresponsabilidad inadmisible en un Estado de Derecho”.

Las Teresitas, una historia de corrupción

El frente de playa de Las Teresitas envuelve varios de los casos de corrupción urbanística más destacados de la isla de Tenerife. Uno de los más conocidos es el caso Las Teresitas, por el cual fue condenado a seis años de prisión el exsenador de Coalición Canaria Miguel Zerolo. Como resultado del entramado del caso Las Teresitas surge una obra con valor simbólico sobre la que pesa otro caso de corrupción urbanística: se trata del mamotreto.

De aquel denominado pelotazo de libro surge una de las piezas separadas más conocidas, el caso mamotreto. El edificio de aparcamientos situado en el frente de la playa santacrucera formaba parte de un plan previsto para remodelar la zona, donde no solo se habría incluido un parking, sino también un centro comercial. Esta propuesta ha sido durante muchos años una de las grandes peticiones de los vecinos de la ciudad.

Sin embargo, en la actualidad, el edificio diseñado por el arquitecto francés Dominique Perrault debe ser derribado. Sobre el mamotreto pesa una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz, ya que fue construido de forma ilegal durante el mandato del exalcalde Miguel Zerolo.

Es en el año 2007 cuando la Fiscalía abre instancias por delitos medioambientales a raíz de una denuncia de la Asociación Tinerfeña de la Naturaleza (ATAN) y el grupo socialista. Un año más tarde, las obras fueron paralizadas y comenzaría una de las piezas separadas del caso Las Teresitas. Una de las razones de la ilegalidad del edificio era que incumplía el proyecto original y el Plan General vigente en ese momento, de tal manera que los responsables del Ayuntamiento de Santa Cruz se habían saltado las recomendaciones de los técnicos.

La sentencia firme del caso mamotreto se dicta en el año 2014, y concluye con penas de prisión para los exconcejales Manuel Parejo, también implicado en el caso Las Teresitas, Norberto Plasencia y la extécnica de Infraestructuras Loreto Ariz, por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación administrativa.

A pesar de que la sentencia firme se dicta en el año 2014 y de que los acusados ya cumplen condena, el caso mamotreto parece no concluir. La sentencia deja claro que el edificio de aparcamientos debe ser derribado y costeado por los condenados; sin embargo, no ha sido hasta este año cuando se ha adjudicado la obra del derribo.

A lo largo de estos dos años y medio, la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción ha venido advirtiendo al Ayuntamiento de Santa Cruz y al grupo de gobierno de los delitos en los que se podría incurrir en caso de no cumplirla. Obra que a día de hoy se encuentra adjudicada y pendiente de demolición.

El mamotreto se encuentra rodeado, a su vez, por dos asuntos de referencia en la playa. Por un lado, la aprobación del Plan Especial de la Playa de Las Teresitas, que contempla la construcción de un nuevo edificio de aparcamientos, cuestión que la propia Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción ha llevado a Fiscalía. Y por otro lado, la titularidad de los terrenos del frente de playa. Como consecuencia del caso Las Teresitas y de la compraventa del frente de playa de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, propietarios de la sociedad limitada Inversiones Las Teresitas, no se tiene claro si los terrenos son de titularidad pública o pertenecen a esos empresarios. Por esta razón, el propio Plan Especial no se podría llevar a cabo, opinan algunos grupos políticos en el Ayuntamiento.