Santiago Pérez advierte al alcalde de La Laguna con llevar al juzgado las irregularidades en contratos de servicios

El portavoz del grupo municipal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, anunció este lunes en el pleno de la Corporación que va a poner en conocimiento del juzgado las “prórrogas ilegales de numerosos contratos de servicios públicos cuya cuantía ya supera los cinco millones de euros”.

Santiago Pérez se hizo eco de los reparos de legalidad de la Intervención municipal sobre la prórroga de servicios municipales muy importantes que en su momento fueron sacados a licitación y ya han agotado con creces el periodo de adjudicación e incluso sus prórrogas.

“Hablamos de servicios cuya cuantía económica es muy importante para la Corporación, y algunas prórrogas, como subraya el interventor, se adoptaron cuando ya el plazo se había vencido, lo cual es un incumplimiento flagrante de la legalidad”, indicó Pérez, al tiempo que agregó que en otros casos, una vez agotadas las prórrogas, el grupo de Gobierno autorizó la continuidad del servicio hasta cinco veces, en alguno de los casos sin una explicación plausible“.

El edil señaló, además, que se trata de concursos con pliegos de condiciones y procedimientos de licitación sencillos, como el de asistencia domiciliaria o el de seguimiento y control del absentismo escolar, la gestión del programa Deporvida, los servicios de día, los servicios educativos infantiles, la limpieza de las instalaciones deportivas, la ayuda a domicilio o el servicio de alumbrado público.

“Si las demás empresas supieran que la duración real del contrato se va a autorizar más allá de su finalización, y sin ninguna cobertura jurídica, como si se volviera a contratar de nuevo a dedo, probablemente participarían porque tendrían más tiempo para recuperar la inversión”, apuntó Pérez.

Del mismo modo, Pérez advirtió a los gobernantes que “tienen que saber que están cometiendo flagrantes ilegalidades, y no a mi juicio, sino al del interventor, que tiene la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de la legalidad presupuestaria y de contratos cuando se adoptan acuerdos de contenido económico”.

Asimismo, recordó que se trata de observaciones que ya hizo en febrero del pasado año, “cuando este Gobierno y el alcalde apenas llevaban medio año y sin que entonces hayan merecido respuesta alguna, y mucho menos un cambio de prácticas que se ajuste a la legalidad”.

Santiago Pérez aclaró que la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone a los cargos públicos que, por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de ilegalidades que pudieran ser constitutivas de delito, la obligación de ponerlas en conocimiento de la Fiscalía o del juez de Instrucción, y ya “es solo cuestión de tiempo que lo hagamos nosotros porque, cuando se dan este tipo de situaciones, todo brilla menos la transparencia”, sentenció el concejal de la oposición.