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Pacto de indemnizaciones entre la plantilla y la empresa del geriátrico tinerfeño El Drago del Marqués

La dirección de la compañía incide en que se ha visto obligada al cierre de la residencia de ancianos de Santa Cruz de Tenerife en cumplimiento de una sentencia, que es firme desde mediados de enero y deja al centro en situación de ilegalidad

Residencias Atlántida aún no sabe si el plan de legalización que el Ayuntamiento lleva anunciando desde enero, del que no tiene noticia alguna, va a permitir acometer obras para pedir una nueva licencia, nunca legalizarla la anulada

Residencia El Drago del Marqués, en la zona de Ifara de la capital tinerfeña

Residencia El Drago del Marqués, en la zona de Ifara de la capital tinerfeña

Empresa y representantes de los trabajadores han alcanzado esta tarde de miércoles un acuerdo sobre las indemnizaciones a percibir por parte de la plantilla ante el cierre de la residencia de mayores El Drago del Marqués, motivado por la decisión del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de declarar nulas las licencias con las que venía operando desde 2009.

El acuerdo se ha producido antes de que culminara el plazo máximo del periodo de negociación del ERE, según han informado fuentes de la compañía en una nota.

La empresa ha reconocido y ha valorado el trabajo que han realizado los trabajadores. Así, sobre la base de la indemnización legalmente establecida, se ha añadido una indemnización adicional para aquellos en los que la pérdida del puesto de trabajo tenga un impacto mayor y que, de facto, aplicará a la gran mayoría de la plantilla.

Además de la indemnización, se ha contratado una empresa de recolocación ubicada en Santa Cruz de Tenerife que va a estar a disposición de todos los trabajadores para favorecer su empleabilidad. Por otro lado, se ha acordado ya la recolocación de algunos de ellos en otras residencias de la compañía.

La empresa recuerda que se ha visto obligada al cierre de la residencia en cumplimiento de las resoluciones judiciales, que son firmes desde mediados de enero, quedando por tanto la residencia en una situación de ilegalidad desde ese momento, puesto que la ley deja claro que no es posible la legalización de licencias anuladas.

Lo que se plantea ahora es si el plan que el Ayuntamiento lleva anunciando desde principios de enero, y del que todavía no se tiene noticia, va a permitir acometer obras en el centro para pedir una nueva licencia (nunca legalizar la licencia anulada).

Si ese plan se ajusta a legalidad, la empresa ha afirmado que está dispuesta a analizarlo, acometer las obras y, en consecuencia, poder reabrir la residencia en el futuro.

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