Sí se puede se pregunta por qué Bermúdez no ha cesado de forma fulminante a Dámaso Arteaga
Sí se puede llevará al pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz el próximo 17 de julio el comportamiento antidemocrático del concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, por coacciones al personal municipal.
En concreto, el portavoz de la organización ecosocialista, Pedro Fernández Arcila, preguntará al alcalde, José Manuel Bermúdez, la causa por la que “no se ha decretado el cese fulminante del concejal Dámaso Arteaga del equipo de gobierno” tras la solicitud de amparo formulada por trabajadores del Área de Servicios Públicos a la Junta de Personal con relación a las coacciones proferidas por Arteaga recientemente. Arcila considera “inadmisible la actitud despótica del concejal de gobierno”.
En el documento en el que solicitó su protección a la Junta de Personal, un colectivo de trabajadores del área citada, que se encuentra bajo la dirección del Arteaga, señaló que el concejal del grupo de gobierno llegó reclamar a los funcionarios lealtad política e incluso que iba a prohibir informes que cuestionaran decisiones políticas durante una reunión mantenida el pasado 18 de junio.
Sí se puede considera que el alcalde debe cesar al concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos porque “no se pueden tolerar conductas que pretendan impedir al cuerpo de funcionarios y empleados municipales cumplir con la razón de ser de su trabajo, que consiste en aportar la perspectiva técnica a las decisiones de gobierno y garantizar la rectitud de las actuaciones políticas”, ha asegurado Arcila. Además, el portavoz ecosocialista destaca que Arteaga “concentró sus ataques en el personal más inestable y menos protegido desde el punto de vista laboral, en una actitud que responde a una concepción propia de tiempos predemocráticos”.
El concejal de Sí se puede subraya que “la independencia del trabajo de los funcionarios es imprescindible para el correcto funcionamiento democrático de una institución y es una obligación para cualquier político, más aún si asume responsabilidades de gobierno, como Arteaga”.
Según la información que ha podido conocer Sí se puede, Arteaga se mostró molesto y amenazante con personal de la corporación, al que exigió que los informes realizados por los funcionarios no presenten informaciones contradictorias ni cuestionen las decisiones políticas, además de anunciar su disposición a controlar el uso del correo electrónico y la obligación de que los informes técnicos deban pasar en adelante por su supervisión para contar con un control político.
Informes municipales que contradicen la legalidad u oportunidad de actuaciones del grupo de gobierno en la capital tinerfeña son piezas clave en varias denuncias por malversación de fondos públicos y otras causas que en estos momentos se encuentran abiertas en distintos juzgados tinerfeños y que apuntan, entre otros, a Arteaga como protagonista de actuaciones que exigen la intervención rigurosa de la ley.
