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Podemos denuncia al presidente del Cabildo de Tenerife por malversación en la tasación de los casinos insulares

Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, de CC y antes en el PP

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

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Podemos ha presentado este viernes ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), por supuestos delitos de prevaricación y malversación en la tasación realizada para la venta de los tres casinos públicos insulares: Playa de las Américas, Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, todos ellos propiedad de distintas sociedades mercantiles controladas al 100% por la Corporación insular.

La denuncia también ha sido presentada contra el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, informó la agencia Efe, y los miembros del Consejo de Gobierno insular que han aprobado el inicio del proceso para la venta de los casinos, explicó Julio Concepción, de Podemos y miembro del consejo de administración de Casinos de Tenerife.

Concepción destacó que Casinos de Tenerife es la “joya de la corona” debido a que cada dos años da cinco millones de euros en beneficios, y agregó que al sacar a la venta las instalaciones por 24,9 millones de euros se podría causar un daño patrimonial de 18.692.200 euros.

El representante de Podemos dijo que esos 24,9 millones de euros se podrían amortizar en diez años, y de ese modo las más de 150 familias que dependen de Casinos de Tenerife mantendrían sus empleos estables y de calidad.

Explicó Julio Concepción que la denuncia se acompaña del dictamen de un economista que establece que la valoración que el Cabildo de Tenerife ha usado como base para la licitación es “muy inferior” a la que se debería tener en cuenta.

Comentó que quienes tenían la voluntad política de vender los casinos son quienes han dado la información de la situación de los casinos y aseguró que el problema de esta empresa es la gestión hecha por Coalición Canaria y el PSOE.

Como posibles irregularidades apuntó que en el informe se dice que en el valor de los casinos se excluye el del local de Playa de las Américas, así como las máquinas, y ambos conceptos, añadió, tienen una valoración de 12.208.000 euros.

En el informe también se señala que se han inflado los gastos de los casinos para así reducir su valor, y que esa acción se ha llevado a cabo de forma injustificada.

El valor de los casinos se establece en 43.797.200 euros en el informe, con lo que el daño patrimonial podría ser de 18.692.200 euros.

También habló Agustín Melián, representante de UGT en Casinos de Tenerife y quien acusó a Carlos Alonso de “orquestar” una venta que puede ser una merma de más de 18 millones de euros para el erario insular.

Recordó que el sindicato ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la decisión de vender los casinos, y afirmó que llegarán “hasta las últimas consecuencias” en un caso que, a su juicio, puede ser un “Las Teresitas II”.

Agustín Melián explicó que el Cabildo de Tenerife pidió dos métodos de valoración a la empresa DBO y esta solo utilizó uno, que “validó Carlos Alonso, quien despreció el segundo porque dice que es secundario”, añadió.

Belda, la nueva candidata a la presidencia, ausente ante la prensa

La denuncia de Podemos ante la Fiscalía Anticorrupción solo lleva la firma de los consejeros insulares Mila Hormiga, de Podemos, y Julio Concepción, de Sí Se Puede (la confluencia actual en el Cabildo). Ni María José Belda ni el resto de los consejeros en el actual grupo de Podemos la han rubricado, como tampoco la actual candidata a la presidencia en la Corporación insular por Sí Podemos, María José Belda, ha participado en la rueda de prensa para anunciar esa denuncia judicial, la convocada por fuera del Palacio de Justicia de la avenida Tres de Mayo este viernes.

Según ha podido saber Tenerife Ahora, las personas que han trabajado en este asunto han tenido enormes dificultades para que especialistas de las dos universidades públicas de las islas, que se negaron a hacerlo, u otras empresas especializadas accedieran a realizar el informe técnico que avala la supuesta malversación de fondos públicos en el concurso público que el Cabildo ya ha iniciado para desprenderse de los tres casinos insulares, los ya señalados y dependientes de sociedades mercantiles.

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