Caso Arona: la fiscal afirma que “la trama de corrupción ha quedado más que probada”
A la fiscal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Francisca Sánchez, no le queda la menor duda de que la presunta trama de corrupción urbanística, que durante años ha actuado en el Ayuntamiento de Arona, ha quedado “más que probada” durante la vista oral que ha sentado desde enero en el banquillo al ex alcalde de CC, José Alberto González Reverón, a todo su equipo de Gobierno entre 2003 y 2007, a técnicos de la Oficina de Urbanismo, a arquitectos y a un posible intermediario en el cobro de comisiones.
“Todos se habían conjurado para aprobar por unanimidad concesiones de licencias que se apoyaban en los informes técnicos, desoyendo los informes jurídicos en contra”, concluyó tras explicar durante tres horas y media por qué pide un total de 49 años de prisión y 191 de inhabilitación para los encausados.
Sánchez calificó como “locura urbanística” la explosión inmobiliaria y turística en el municipio del sur de Tenerife en esos años, “pero eso no supone que las normas dejen de funcionar”, indicó, para poco después señalar que las 200 licencias y 80 contrataciones investigadas que figuran el sumario fueron concedidas al margen de la legalidad, algo “de lo que eran conocedores los acusados, puesto que todos ellos conocían las propuestas de resolución negativas de los servicios jurídicos”.
“Sistemáticamente, un poder público como es la Junta de Gobierno local actuaba con total arbitrariedad”, dijo, y lo hacía “para favorecer intereses urbanísticos clarísimos para empresarios fuertes. Intereses muy concretos”, apuntilló, entre los que señaló, de acuerdo con los testigos y las escuchas telefónicas, al empresario Pedro Suárez, expresidente de la Asociación de Empresarios del Sur de Tenerife y viveconsejero del CD Tenerife.
Esta “trama” que se enjuicia y que se conoce como caso Arona 1 (y que tendrá su continuación en los casos Arona 2, 3 y 4) abarca el primer mandato de González Reverón, de 2003 a 2007, aunque fue alcalde hasta 2012.
La fiscal dividió esa trama en tres partes distintas aunque conexas: la concesión ilícita de licencias bien para construcción, primera ocupación o reformado; el cobro de comisiones ilegales o “mordidas” para conceder esas licencias, y la extorsión sufrida por unos empresarios que se negaron a la misma, por lo que no pudieron construir y se arruinaron.
En cuanto a la concesión de licencias urbanísticas, la fiscal tan sólo desgranó algunas “de toda la apabullante documentación del sumario”, como la aprobada por unanimidad en 2004, de la que habría sido beneficiado el arquitecto Antonio González Tolosa (para el que se piden cuatro años de prisión y multa de diez millones de euros por cohecho continuado), quien pudo llevar a cabo una obra mayor, para 8 viviendas, en una parcela en Las Galletas que invadía parte de la carretera general y sin acometidas de agua, electricidad ni aceras, ni los informes preceptivos del Cabildo de Tenerife.
Otro ejemplo fue la concesión de una licencia para primera ocupación en Guaza para una urbanización a la que ni siquiera llegaba el tendido eléctrico, por lo que el promotor uso un motor a gasolina para proporcionar la luz que inundó de humos y ruidos a los vecinos, quienes denunciaron este hecho. Los servicios jurídicos propusieron incluso que el Ayuntamiento actuara de oficio y diera por nulas licencias anteriores, sin que se hiciera caso alguno a la propuesta.
“Son bastante claros los procedimientos y la forma de actuar de la Junta de Gobierno de Arona entre 2003 y 2007. Se trataba de un plan preconcebido para favorecer empresas”, dijo la fiscal, para añadir casos de contrataciones de obras mayores, como en el cementerio municipal, como si fueran obras menores, “hasta cinco contratos distintos por debajo del límite de 30.000 euros cada uno, para una misma actuación en una misma unidad”.
En estas concesiones de licencias estarían implicados el ex alcalde González Reverón y los concejales acusados Manuel Barrios (CCN-CC); Daniel Martín (CC); Alfonso Barroso (CC); Juan José Alayón (CC) y José Luis González (CC). Para todos ellos se piden 2 años de cárcel y 20 de inhabilitación por prevaricación urbanística y prevaricación administrativa continuadas.
También Félix Sierra, del PP, que era a la sazón el concejal de Urbanismo y sobre quien más indicios de delito recaen: cohecho, prevaricación urbanística y prevaricación continuada. Tanto la acusación pública como la particular piden para él seis años de cárcel y 30 de inhabilitación especial para cualquier función pública.
Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa, los mandamases
Otra parte de esa trama, según la fiscal, consistiría en que dos técnicos de la Oficina de Urbanismo, el exaparejador Roberto de Luis y el exarquitecto municipal, Eliseo de la Rosa, emitían informes por los que cobraban cantidades millonarias. Esos informes se elevaban al pleno para su votación favorable. Si no cobraban, los informes eran desfavorables, como parece haber quedado acreditado con la extorsión a los constructores Ansorena, padre e hijo.
Roberto de Luis, para quien se piden ocho años de cárcel, 20 de inhabilitación y 3,4 millones de euros de multa, sería uno de los principales ejes de la corrupción urbanística instalada en Arona desde finales del siglo pasado, de acuerdo con los informes de la Policía Judicial y de muchos de los testigos que han desfilado por la sala de vistas en este macrojuicio.
Denunciado por su propio sobrino, que dijo haber sido el cobrador de las comisiones de su tío, De Luis tenía una empresa paralela de arquitectura técnica a nombre de su hijo, llamada Glam 4, y con esa empresa colaboraban arquitectos a los que también habría facilitado informes favorables para la concesión de las licencias.
Con Glam 4 colaboraron los arquitectos acusados, Antonio Tolosa y Jorge Menéndez. Para ellos se piden cuatro años de prisión por cohecho y multas de 10 y 12 millones de euros. Hay un tercer arquitecto, Zenón Rodríquez, quien fue estrecho colaborador de Roberto de Luis y que según la fiscal, “pasó de casi tener que cerrar su despacho a subir como la espuma”.
Y ello, según la relación de hechos de la acusación pública, porque De Luis no se limitaba a informar a favor de la concesión de licencias, sino que igualmente habría “impuesto” los arquitectos que debían llevar a cabo los proyectos.
Para poder respaldar los informes, era necesaria la colaboración del ex arquitecto municipal Eliseo de la Rosa, de quien varios testigos señalaron (uno de ellos José Tavío, que recibió una brutal paliza tras declarar ante el tribunal), que tenía la costumbre de pedir “regalitos” para su mujer de 500.000 pesetas.
Félix Sierra, pieza clave
Para que los informes favorables pudiesen ser aprobados, faltaba una tercera pieza o pieza clave. Félix Sierra, exconcejal y exconsejero del Cabildo de Tenerife por el PP, que era quien se ocuparía de elevar a Pleno las propuestas de aprobación de las licencias con los informes favorables de De Luis y De la Rosa.
“Como autoridad del Cabildo y concejal, tenia prohibido ejercer actividades fuera de la corporación local”, resaltó Francisca Sánchez, aunque era “colaborador” de una empresa de un familiar, dedicada a desmontes y movimientos de tierras, a la que asesoraba y de la que percibía ingresos importantes. Hasta cerca de 150.000 euros en cuatro años.
Su patrimonio fue investigado por la Policía Judicial, “ya que llamaba la atención incluso de sus compañeros de la Junta de Gobierno”. La fiscal puso en entredicho las explicaciones que Sierra dio en su momento por su acumulación de riqueza, que atribuyó a una herencia de un tío suyo, que tan sólo tenia una pensión que no llegaba a 300 euros, y por su anterior trabajo en CajaCanarias, en la que ejerció como auxiliar de banca.
La extorsión grabada
Y así se llegó a la tercera parte de la trama, la denunciada por los empresarios José Ramón Ansorena Ormazábal y José Ramón Ansorena Carrera, padre e hijo, a quienes los dos técnicos municipales y Félix Sierra habrían pedido a través de un intermediario, Arsenio Zamora (igualmente acusado por cohecho) 45 millones de pesetas para obtener una licencia de modificación del uso de una parcela que habían comprado en Costa del Silencio.
Quien se centró en esta parte del Caso Arona 1 fue el abogado de la acusación particular y representante de los Ansorena, el abogado Santiago Martínez, quien señaló que sus clientes fueron objeto de la extorsión desde el minuto uno, ya que la parcela en la que quisieron construir y no pudieron, no necesitaba cambio alguno de uso, ya que era mixta, de uso hotelero y residencial.
Sin embargo, tras una primera reunión con Sierra, De Luis y De la Rosa, fueron convencidos de que debían pagar un millón de pesetas para ese cambio de uso, a los que luego se añadieron otro millón y medio más, y finalmente, “como vieron que eran buenos pagadores y que entraban por el aro”, les requirieron otros 45 millones, para que el Cabido agilizara los trámites y conseguir que se aprobara la licencia.
Ansorena padre se negó, pero el hijo quedó con Arsenio Zamora en un restaurante y le grabó la petición del pago. Esa grabación fue aportada al juez instructor de la causa Nelson Díaz Frías, aunque ha sido puesta en entredicho por los abogados de las defensas.
Zamora le indicó que parte del dinero era para Sierra, Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa. Y la petición del dinero no solo fue verbal, sino que la plasmó por escrito en una carta que le hizo llegar.
“Aunque no hubiera existido esa grabación, la letra y los números de la carta coinciden con la letra de Arsenio Zamora, y es una prueba indubitada de la Guardia Civil. Es una extorsión probada por pruebas documentales, periciales y testificales”, destacó el letrado, quien así mismo señaló que Sierra había mentido, ya que dijo no conocer a Zamora cuando “hay testigos que han corroborado que son amigos y afiliados al mismo partido”.
Añadió que “pedir dinero para tramitar licencias no era algo único con los Ansorena. Se ha visto en el procedimiento y en las escuchas telefónicas que era una forma habitual de actuar”.
