El contrato de Fernández con Anfi es extraordinario. Además de reconocerle sus dotes para las relaciones con las Administraciones Públicas, le obliga a la confidencialidad “sobre los negocios y asuntos de la sociedad contratante”, conminándole a guardar reserva incluso una vez concluida la relación contractual. La cláusula novena es, con diferencia, la que más bemoles atesora por los valores morales de Fernández que compromete: “Por motivos éticos rechazará realizar cualquier actuación que suponga una clara incompatibilidad con el objeto de este contrato”. Es decir, que durante estos dos años (y todos los anteriores que se puedan ustedes imaginar) el señor Fernández ha podido utilizar su puesto de privilegio en la política para beneficiar a Anfi y ha estado éticamente incompatibilizado para el resto de actividades. Insistimos, que lo mire con atención el Parlamento y Génova, que esto tiene mucha guasa.