La Audiencia de Las Palmas ratifica la condena a dos sindicalistas por agredir y vejar a otro
La sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha ratificado la condena a dos miembros de la Federación de Salud de Intersindical Canaria (IC) en Gran Canaria que agredieron y vejaron a otro sindicalista en una asamblea de trabajadores celebrada en mayo de 2014 en el aula de docencia del Hospital Universitario Doctor Negrín.
En una sentencia fechada el 30 de junio, el magistrado Miguel Ángel Parramón desestima el recurso de apelación presentado por Isabel Fuentes y Rafael Suárez contra la sentencia del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital que consideraba a la primera autora de una falta de lesiones -por la que le impuso una multa de dos meses a razón de seis euros diarios- y al segundo, de una de lesiones y otra de vejaciones, lo que aumentaba su sanción hasta los dos meses y veinte días y la cuota, a los siete euros.
Además, el fallo del juzgado de instancia obligaba a los dos sindicalistas a indemnizar con 89 euros al afectado, que ya ha recibido el dinero, según ha confirmado a este periódico. A estas cifras se le suma ahora el pago de las costas procesales.
Según los hechos probados, a las 17.15 horas del 21 de mayo de 2014, Miguel Ángel Morales se dirigió al aula de docencia del Doctor Negrín con la intención de participar en la asamblea, pero fue interceptado en el umbral de la puerta por Rafael Suárez, que le cogió del cuello, y por Isabel Fuentes, que le agarró por los brazos y le zancadilleó hasta hacerle caer. Ya en el suelo, el primero le llamó “machango de mierda”.
Como consecuencia de este incidente, que fue grabado con el móvil de un testigo, el afectado sufrió lesiones en los brazos, el cuello y la cadera, una crisis de ansiedad y una reacción hipertensiva, según quedó acreditado en el parte de lesiones incorporado a la causa.
Apenas dos días antes de esta agresión, Morales había sido expedientado por IC tras convocar junto con otros afiliados un congreso extraordinario y haber denunciado irregularidades contables en la Federación de Salud que ahora están siendo investigadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y por Hacienda.
En su escrito de impugnación, Fuentes y Suárez sostenían que no existía prueba de carga para dictar una sentencia condenatoria, que había habido un error en la apreciación de la misma y que se había vulnerado el principio de presunción de inocencia.
El juez Parramón tumba en su resolución los “incosistentes y endebles” argumentos de los recurrentes y asume y hace suyos las conclusiones “completamente racionales y fundadas” del juzgado de instrucción, que no han sido “gratuitas, artificiales o caprichosas”. En este sentido, comparte con este que se le haya concedido especial importancia a los testimonios del afectado y de un testigo, así como al parte médico y al informe médico-forense.
“En los testimonios de la víctima y del testigo no se observan contradicciones, ambigûedades o renuncios destacables que los desmerezcan o desacrediten”, sentencia el juez, que tampoco aprecia “motivos espúreos” en la denuncia ni razones para “poner en entredicho” la versión de Morales ni su credibilidad, a pesar del “partidismo inherente” a su condición de víctima y a la mala relación personal con los agresores.
Por otra parte, destaca que las lesiones reflejadas en el parte médico han sido “inequívocamente inferidas por un tercero”.
Con respecto a la falta de vejaciones, la defensa de Rafael Suárez había defendido que el vocablo canario “machango” es sinónimo de inmaduro y que la intención del sindicalista al pronunciarla era la de recriminar a Morales que “faltara a la verdad y lo acusara falsamente de agredirlo”. El juez recuerda en la sentencia que la expresión utilizada fue “machango de mierda” y no simplemente “machango” como “interesadamente alega el recurrente”, por lo que entiende que Suárez tuvo la intención de denigrarlo.
El afectado ha elevado un escrito al Servicio Canario de Salud (SCS) en el que solicita, a tenor de esta sentencia firme, la apertura de un expediente disciplinario por falta muy grave a Rafael Suárez, que trabaja como enfermero para este organismo.
