Caso ‘El Hornillo’: un topógrafo que se contradice a sí mismo, un ayuntamiento que no cumple sus propias normas y el turbulento pasado del promotor

Varios documentos revelan que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dio luz verde al proyecto de urbanización de El Hornillo, que acaba de anular la Justicia, a pesar de contar con múltiples irregularidades, según ha podido confirmar Canarias Ahora.

El plan entró en marcha en 2017. Se pretendía construir, en una parcela de suelo de 175.000 metros cuadrados, un parque comercial (con Decathlon, McDonald’s y Mercadona, entre otros negocios) y más de 300 viviendas.

El documento que da origen a la iniciativa urbanística lo presenta el representante de las dos promotoras, Sonneland Inversiones SL y Borneiriña SL, Carlos Javier Rial. En él señala que representa y actúa en nombre de varios fallecidos, a quienes reconoce como titulares registrales de algunas de las fincas de la unidad de actuación, como son Asunción Pestana Viera, Manuel Pestana Viera, Mohandas Bhagwandas Sadarangani, José Agustín Pestana y María Carmen Pestana Jiménez.

Rial deja por escrito que, por ejemplo, Manuel Pestana Viera, como titular de la finca 9684, se adhiere al plan, habiendo fallecido este el 19 de septiembre de 2007. Además, sobre dicha parcela pesa una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº2 de San Bartolomé de Tirajana, firmada el 21 de febrero de 2021, que obliga al promotor del plan de El Hornillo a incluir a los dos verdaderos dueños del terreno, como han acreditado en distintos documentos.

El Ayuntamiento incumple su propia normativa

Para el plan de El Hornillo el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pone como condición que se ejecute el pago de las dos últimas fases de obras, correspondiente a la dos y la tres, aunque se desconoce el montante exacto para ello. Sobre esto queda constancia en el acuerdo de la Junta de Gobierno local celebrada el 2 de junio de 2017, con Marco Aurelio Pérez (PP) al mando y la firma del secretario, José Marcelino López Peraza.

Pero el proyecto sale adelante obviando esta norma y otra más, la que apunta a la Junta de Compensación como unidad encargada de poner encima de la mesa la garantía mínima de un 15% del importe total para las obras de urbanización, de 7.918.987 euros, según consta en el documento para el establecimiento del sistema de ejecución por compensación.

Según información a la que ha tenido acceso este periódico, CaixaBank avaló, a través del Centro de empresas de Las Palmas 8626, el importe de 953.644,92 euros a la empresa Sonneland Inversiones SL, “que se corresponde con el 15% del total del coste previsto (6.357.632,81 euros) para las obras en el proyecto de urbanización correspondiente al plan parcial de El Hornillo”.

A partir de aquí se extraen dos conclusiones: primero, que no es la Junta de Compensación, sino Sonneland Inversiones SL, la que efectúa el aval ante el Ayuntamiento. Y segundo, que CaixaBank maneja una cifra del coste total de las obras mucho menor que el proyectado por el Ayuntamiento, una diferencia de 1.561.354 euros.

Tampoco se da cuenta de que Borneiriña se ha bajado del barco

Borneiriña SL, una de las promotoras de la iniciativa, dejó de contar con suelo en El Hornillo cuando transmitió en dación de pago el porcentaje de superficie del que era propietaria a Valdepromo SL el 2 de octubre de 2018. No obstante, en hasta dos documentos posteriores a esa fecha el Ayuntamiento sigue recogiendo a Borneiriña SL como propietaria.

Tanto en un acuerdo de la Junta de Gobierno Local a fecha de 11 de enero de 2019: “En el presente supuesto, de conformidad con el plano de fincas aportadas incorporada al proyecto de Compensación, realizado a partir del levantamiento topográfico de la unidad de Actuación realizado por Valentín Mateo se concluye que, de conformidad con su realidad física, el coeficiente de participación de Sonneland Inversiones SL asciende a 27,4056% y el de Borneiriña SL a otro 27,4056%”.

Como en un escrito que remite el 16 de mayo de 2019 al Registro de San Bartolomé de Tirajana el concejal de Urbanismo por aquel entonces, Fernando González Montoro (PP), quien, en la solicitud para la anotación marginal del inicio del proyecto de Compensación del Sector El Hornillo, reconoce a Borneiriña SL como copropietaria de muchas de las fincas de la superficie a edificar.

Un topógrafo que hace dos informes distintos sobre la misma finca

El expediente 11/2017 de Planeamiento, que da inicio a la urbanización de El Hornillo, se apoya en un informe topográfico del ingeniero José Valentín Mateo Flores, realizado a instancia de Carlos Rial. En él se describen las fincas 9296 y 9684 de forma distinta a otro informe que firma el mismo topógrafo, esta vez elaborado después de que los propietarios de la parcela 9684 elevaran a público el contrato de compraventa que les acreditaba como reales dueños del terreno.

Es Mateo Flores quien también aparece en la sentencia de lo contencioso-administrativo que anula el plan de El Hornillo. La jueza rescata dos informes, uno elaborado por él mismo que sitúa a las fincas 1143, 2094 y 19239 dentro de la unidad de actuación; y otro, esta vez de Fernando de Vidania Rozas, que las coloca fuera. La jueza no entra a valorar la credibilidad de ambos. Se limita a declarar que dichos terrenos sí están fuera de la superficie a edificar, lo que viene a contradecir las descripciones de Mateo Flores.

El promotor de la iniciativa

Carlos Javier Rial no cuenta con un pasado pintado de colorines. En 2015, en la lista de morosos con la Hacienda Pública de España, figura la mercantil Dismareate SLU, de las que es administrador, por un importe de 1.805.425,11 euros.

Es también Rial quien es declarado culpable en un procedimiento concursal voluntario, siendo condenado, después de que la Audiencia Provincial de Pontevedra estimara un recurso, a dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y la cobertura del déficit concursal al 75% de 1.442.244 euros.

Además, ha sido llamado a declarar como investigado después de que la Fiscalía de Las Palmas vea indicios suficientes de un “delito de frustración a la ejecución o, en su caso, según resulte diligencia practica, como cooperador necesario de insolvencia punible”, en relación a “las compraventas” de la finca 1143 entre Carlos Rial y Juan Viera.