Clavijo tiene hasta final de mes para devolver la legalidad al patio trasero de su casa

El inminente presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), cuya toma de posesión está prevista para el próximo día 14, tendrá que devolver a la legalidad antes de final de mes el patio trasero de su casa, situada en el Conjunto Histórico de San Cristóbal de La Laguna y declarada como edificación protegida en el Plan Especial de Protección de esa zona de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Así se especifica en la resolución que le fue notificada a su abogado el pasado 31 de mayo con el apercibimiento de “multas coercitivas” de entre 600 y 3.000 euros diarios durante diez días en el caso de no retirar todos los elementos ilegalmente instalados antes del 31 de julio próximo. Clavijo ha declinado contestar a este periódico si ya ha iniciado los trabajos de demolición o si los habrá acabado antes de la fecha límite. Hasta el momento se ha negado a permitir la entrada de los funcionarios municipales para evaluar el alcance de las infracciones, que han sido fijadas en base a las fotografías aéreas captadas por la empresa pública Grafcan.

De este modo culmina el expediente de infracción urbanística que se abrió en el Ayuntamiento de La Laguna el pasado mes de noviembre de 2022 a raíz de una noticia de Canarias Ahora en la que se informaba de la existencia de una piscina ilegal en el patio trasero de la residencia particular del por entonces senador por la Comunidad Autónoma y secretario general de Coalición Canaria. Lejos de reconocer las ilegalidades, Clavijo inició desde ese momento un diletante tránsito por distintas escalas respecto a este asunto. Lo primero que hizo fue negar que tuviera algún elemento ilegal instalado en su casa. Para ello envió una carta de rectificación a este periódico que, como es de obligado cumplimiento por la Ley 2/1984, publicamos, y eso a pesar de que en la noticia se incluía su versión del asunto, recabada antes de divulgarla.

Argumentando que este periódico había “tenido que rectificar”, lo cual es falso, Clavijo creyó salvada la partida y a ese mismo clavo ardiendo se agarró cuando este periódico le preguntó cómo era posible que un mes después hubiera retirado la piscina, siendo tan legal como él defendía constantemente que era. Fue entonces cuando se inventó que había retirado la piscina porque habían llegado las fechas frías a La Laguna. Nunca más la ha vuelto a instalar, y eso a pesar de las altas temperaturas que desde hace semanas se padecen en Canarias.

Pero mientras se despachaba con mentiras el asunto ante la opinión pública, frente a la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, ciudad de la que fue alcalde entre 2008 y 2015 (era concejal ya desde 2003), Clavijo se defendía atacando. Además de no dejar pasar a inspeccionar las instalaciones ilegales a los funcionarios municipales, tanto Clavijo como su esposa, cotitular de la vivienda y por lo tanto infractora a partes iguales, el expresidente de Canarias y candidato a serlo en los próximos días se hizo con los servicios de Víctor Díaz, exconsejero del Gobierno y hermano del último alcalde de Coalición Canaria en la ciudad, José Alberto Díaz.

A través de este letrado, Clavijo desplegó una estrategia consistente en descalificar la investigación administrativa. Ha llegado a pedirle al Ayuntamiento las fotografías de Grafcan, así como la publicada por este periódico para ilustrar la existencia de la piscina ilegal; ha recusado al concejal de Urbanismo, Santiago Pérez, la bestia negra de Coalición Canaria, que optó de inmediato por abstenerse a pesar de no haber intervenido en el expediente; ha pedido la nulidad de las actuaciones por haber sido tramitadas por funcionarios interinos (información al alcance de quien ha sido alcalde de la ciudad) o por ocultamiento de información por no haberle facilitado el expediente cuando aún no existía… 

Paralelamente, los infractores corrieron a retirar la piscina ilegal objeto de la primera noticia de Canarias Ahora. Para ello se hicieron con los servicios de una notaria de la ciudad, que certificó en noviembre de 2022 que esa instalación no existía, para lo cual acompañó al acta notarial una fotografía (la que ilustra esta noticia) en la que se aprecian vestigios de que había estado allí: distinta coloración del césped artificial justo en el espacio que ocupaba.

A partir de ese acta notarial la piscina dejó de ser objeto del expediente de infracción para centrarse los técnicos de urbanismo en otros dos elementos llamativos detectados por ellos a la vista de las ortofotos servidas por la empresa pública Grafcan: la desaparición de unos árboles de gran porte, para lo cual era necesaria licencia, y una pérgola de estructura metálica de unos 25 metros cuadrados de superficie. 

La desaparición de los árboles también fue descartada por los funcionarios al alegarse que se trató de una intervención necesaria dado su estado y que, además, contó con autorización.

Por lo tanto, al presidente in péctore le queda pendiente la retirada de la pérgola (a la que él llama toldo sevillano) por tratarse de “un elemento arquitectónico estructural de carácter permanente conformado al menos por vigas, basas y pilares”. Según la resolución, Clavijo tendría una autorización para instalar un toldo desmontable, pero en este caso se trata de una estructura que no es legalizable porque “supone un elemento de identidad constructiva apoyado sobre el terreno, sin corresponderse con la sección mínima necesaria para soportar un toldo como el autorizado”.

Antes del 31 de julio, el patio trasero de Clavijo deberá estar legalizado. De lo contrario podría ser sancionado con fuertes multas.