La Fiscalía archiva las diligencias abiertas sobre una residencia de mayores en Fuerteventura

La Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación penal que había abierto respecto a una residencia de mayores de Fuerteventura, según ha confirmado a Efe la portavoz del Ministerio Público en Las Palmas. Ha hecho público este martes que son ya 86 las investigaciones penales abiertas sobre la gestión de los centros de mayores en España, casi la mitad de ellas en Madrid.

El listado de caso incluye una investigación de la que se encargó la oficina del fiscal para los partidos judiciales de Arrecife y Puerto del Rosario. Según la Fiscalía Provincial de Las Palmas, su contenido no estaba relacionado con la gestión de la emergencia sanitaria que ha provocado en todo el país el coronavirus.

Al mismo tiempo, los fiscales han tramitado 126 diligencias de tipo civil respecto a los usuarios o trabajadores de las residencias de ancianos, dos de las cuales corresponden a Canarias. Son datos actualizados a 20 de abril y ofrecidos este martes por la Fiscalía General del Estado y suponen más del doble de investigaciones de las que informó el pasado viernes el ministerio público, que ha advertido en un comunicado que la cifra puede variar en función del transcurso de las diligencias.

Por comunidades, la cifra más alta de investigaciones de carácter penal corresponde a Madrid, con un total de 40; seguida de Cataluña, con 20, de las que 18 corresponden a la provincia de Barcelona, según informa la Fiscalía, que no ha precisado los presuntos delitos por los que se incoaron las diligencias. En Castilla y León, la Fiscalía investiga a siete residencias; a cinco en Castilla-La Mancha y en Extremadura; y a una en Aragón, las Islas Canarias, Cantabria y La Rioja.

Diligencias abiertas tras las denuncias de familiares o trabajadores de los centros, entre otros, y cuya cifra podría variar la semana que viene en función de cómo se vayan desarrollando o de si se reciben nuevas denuncias, precisa la Fiscalía, que se ha comprometido a actualizar periódicamente los datos en la medida de lo posible.

Pero aparte de estas investigaciones penales, el ministerio fiscal también tiene abiertas 126 diligencias civiles, que se enmarcan en la labor de protección de los derechos individuales y de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad.

El objetivo es recopilar información sobre la situación en la que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, vigilar su evolución y resolver problemas puntuales, explica el comunicado. En el marco de estas diligencias, según el ministerio público, los fiscales también han atendido las solicitudes de auxilio de los responsables y trabajadores de los centros, así como de los familiares.

En este caso, es Cataluña la comunidad que acumula más diligencias de carácter civil (50), muy por encima de las siguientes en la lista, Castilla y León, con 15; y Galicia, con 11. Las Fiscalías de Andalucía registran 10, una más que la Comunidad Valenciana; mientras que se desarrollan 8 en Castilla La-Mancha; 7 en Extremadura, 4 en Madrid; 3 en Aragón y otras tantas en Cantabria; 2 en Canarias; y 1 en La Rioja, Navarra, Murcia y el País Vasco.

Por su parte, la Fiscalía ha querido reconocer y destacar “el extraordinario esfuerzo” realizado por “la inmensa mayoría” de las 5.457 residencias públicas y privadas del país y “muy especialmente” por parte de sus trabajadores y del personal encargado de los centros.