Ya hay nuevas fechas para el juicio de La Bufona, que decidirá sobre el chalé de la presidenta del PP en Lanzarote

Ya hay nuevas fechas para la segunda vista oral del caso de La Bufona, que juzgará a los promotores de una urbanización construida a las afueras de Arrecife sobre terrenos protegidos y que, además, no eran de su propiedad. El Juzgado de lo Penal 3 de la capital lanzaroteña ha fijado para los días 5, 12, 13 y 19 de junio las cuatro sesiones de un juicio cuyo comienzo estaba señalado para el pasado 10 de enero, pero que fue finalmente aplazado para que los nuevos abogados de dos de los propietarios de las viviendas tuvieran tiempo de estudiarse un procedimiento iniciado hace ya más de dos décadas. 

En la causa penal de La Bufona ya se celebró un primer juicio. Fue a finales de 2015 y se saldó con una condena firme de dos meses de prisión, sustituibles por una multa de 1.200 euros, para el constructor (Antonio Caro) y el arquitecto (Federico Echevarría) de esa urbanización por un delito continuado contra la ordenación del territorio. Unas penas que fueron rebajadas por las “extraordinarias” dilaciones indebidas que ha sufrido el proceso por numerosos avatares, entre ellos un retraso de 500 días atribuible a la pérdida y olvido de documentación por parte del fiscal de la causa, Carlos Fernández Seijo. 

La Audiencia Provincial de Las Palmas, el mismo órgano que había calificado de “puramente simbólicas, por no decir ridículas” las condenas impuestas a los promotores, ordenó en julio de 2018 repetir el juicio porque los propietarios no habían sido citados a declarar como responsables civiles subsidiarios y, por tanto, no habían tenido la oportunidad de participar en la vista en presencia de sus abogados y oponerse al derribo de sus viviendas, una medida que fue acordada en la sentencia finalmente anulada, o pedir indemnizaciones.  

Y es que, además de las responsabilidades penales de los promotores, lo que está en juego en las vistas que se celebrarán el junio es el futuro de las viviendas construidas (y ampliadas) en parte en suelo protegido. Entre los propietarios se encuentran la actual alcaldesa de Arrecife y presidenta del Partido Popular (PP) de Lanzarote, Astrid Pérez, o el fiscal Miguel Pallarés. Sobre el chalé de la política conservadora pesa una orden de derribo parcial del año 2013 de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) del Gobierno de Canarias que es firme al no haber sido recurrida por los titulares de una vivienda que, pese a ello, ha continuado intacta durante una década y así llegará a este segundo juicio.

El denunciante de este caso, Gonzalo Murillo, propietario de terrenos donde se edificaron las casas, ha pedido de forma reiterada durante el procedimiento que se cite a declarar a los dueños de las viviendas pero no como responsables civiles, sino como responsables penales. En los numerosos escritos presentados ante diversas instancias, recuerda que han sido los técnicos del Gobierno de Canarias quienes han informado desde 2011 que fueron los propietarios quienes han construido “ilegal y clandestinamente sobre suelo rústico”. 

Murillo también se ha quejado de los innumerables retrasos que ha sufrido el procedimiento desde que se incoara hace más de 23 años. Sobre la última demora, de más de un año, hay contradicciones que aún no han sido resueltas. La magistrada que asumió el caso después de la anulación del primer juicio atribuyó la parálisis del procedimiento entre abril de 2021 y mayo de 2022 a la baja sin cubrir de un funcionario. La Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, sin embargo, negó este extremo y afirmó que todas las bajas fueron cubiertas en tiempo y forma, una aseveración que confirmaron fuentes sindicales. La Fiscalía llegó a abrir diligencias de investigación por este último retraso, pero acabo archivándolas al considerarlo “mínimo” y sin entrar a valorar las versiones contradictorias. 

Con todo, el inicio del segundo juicio estaba previsto para el pasado 10 de enero. Sin embargo, algunos de los abogados de los 33 responsables civiles subsidiarios pidieron la suspensión por la ausencia de dos de ellos, así como de los propios propietarios.