Un investigado en el caso Parches de las ambulancias canarias señala a su jefe por la falsificación de material pediátrico

Tres imputados en el llamado caso Parches, que investiga la presunta falsificación de la fecha de caducidad de material de uso pediátrico (desfibriladores para la reanimación cardiopulmonar) en el servicio público de ambulancias de Canarias, han prestado declaración este miércoles ante el magistrado Tomás Martín, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria. El procedimiento se abrió en agosto de 2023 tras la denuncia de un delegado de prevención del Sindicato del Transporte de Emergencias Sanitarias (SITES).

En el momento de los hechos, esos tres investigados eran empleados de Tasisa, empresa adjudicataria de uno de los lotes del concurso de transporte sanitario urgente en Gran Canaria y filial en las Islas de la multinacional Health Transportation Group (HTG). Se trata de J.P.M.L., que ocupaba el puesto de gerente; N.M.L., que era responsable de zona y supervisor de recursos materiales, y M.L.J.R., un auxiliar administrativo que se encargaba de las peticiones y suministro de material médico.

Todos ellos han negado su participación en los hechos que se les imputa. Los trabajadores se han desmarcado de cualquier responsabilidad sobre el hallazgo en ambulancias y en la sede de la empresa de parches con las etiquetas manipuladas para ocultar que estaban caducados.

Sin embargo, uno de ellos, el auxiliar administrativo M.L.J.R., ha señalado a uno de sus superiores, N.M.L., el supervisor del material. Según ha podido saber este periódico, este trabajador relató al juez que su jefe le comentó en una ocasión, antes de irse de vacaciones, que había manipulado unos parches e incluso habría presumido de ese trabajo. El supervisor ha negado estas acusaciones.

Los tres imputados han contestado solo a las preguntas formuladas por su representación letrada y por el juez y han rechazado contestar a la acusación que ejerce el sindicato SITES.

Dos de ellos, la gerente y el supervisor de zona, contaron que habían sido despedidos de la empresa a raíz de este caso, en el que se investigan una presunta falsedad documental (por la presunta manipulación de los parches desfibriladores de uso pediátrico) y también delitos contra la salud pública, por los riesgos que entraña la utilizacón de material sanitario caducado sobre la salud de pacientes que requieren atención urgente y, más en concreto, sobre niños y niñas que pudieran haber necesitado reanimación cardiaca.

Desde HTGroup, matriz de Tasisa, no han querido realizar comentarios al estar el caso judicializado. Sin embargo, la empresa sí confirma que ha adoptado medidas disciplinarias con algunos trabajadores, “incluyendo despidos”, y dice estar colaborando activamente con la investigación. A finales de abril, la multinacional ya informó del cese cautelar de sus tres trabajadores investigados.

La investigación

Aunque la denuncia inicial del sindicato SITES se limitaba a los parches presuntamente falsifcados, el objeto de la investigación se fue ampliando de forma progresiva con las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

En noviembre de 2023, la UDEF detectó en su registro a las oficinas de Tasisa en la capital grancanaria y a su base dentro del Hospital Insular “innumerables carencias y anomalías” en ambulancias de soporte vital básico, medicalizadas y sanitarizadas.

En un informe remitido al Juzgado de Instrucción 3 en abril de 2024, la Policía Nacional detalla que en esos registros halló medicinas y material sanitario caducado o deteriorado (como los propios parches desfibriladores de uso pediátrico); fármacos que tenían menos principio activo del que estipulaban las bases del concurso, o lo que denominaba “lagunas terapeúticas”, medicinas y repuestos que debían estar en las ambulancias y las bases y que o bien no estaban o bien no funcionaban, generando “un peligro para la vida de los pacientes”.

Como ejemplo de esas “lagunas terapéuticas”, la UDEF aludía a la “habitual insuficiencia” de insulina en las ambulancias. Una escasez que persistía incluso años después de que la empresa pública GSC (Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias), responsable del transporte sanitario en las Islas, alertara de su carestía en una inspección realizada el primer trimestre de 2021.

Los investigadores aludían precisamente en ese informe a los controles “extremadamente relajados y apáticos” de la empresa pública GSC, con apenas 51 inspecciones sobre diez ambulancias de soporte vital básico en tres años y solo una en ese mismo periodo a una medicalizada. La UDEF remarca que en esa única revisión se detectaron 106 carencias y que, a pesar de ello, nunca volvió a ser inspeccionada. Las irregularidades, “lejos de ser subsanadas”, fueron “perdurando en los diferentes recursos” durante los años sucesivos.

En la causa también obra un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que advierte de que la caducidad de los parches de reanimación para pacientes pediátricos comporta “un riesgo muy grave para la salud, ya que la desfibrilación es un tratamiento utilizado en situaciones potencialmente mortales para el paciente, y en el caso de que los productos estén caducados no se puede asegurar su correcto funcionamiento, lo que en estas situaciones podría resultar crítico”.

En el registro a la sede de Tasisa, la policía judicial también encontró varios correos electrónicos en los que trabajadores de la empresa ya advertían años antes de la apertura de la causa de las carencias en las ambulancias. “Falta medicación vital para el ejercicio de nuestra profesión y esencial para los ciudadanos en situaciones críticas”, escribía a principios de diciembre de 2020 un enfermero que días después, y ante la falta de respuesta de los supervisores, redactó otro mensaje en el que decía que la ambulancia debía quedar inoperativa por “no cumplir ”con los requisitos como recurso avanzado“. ”No me voy a exponer a negligencias“, sentenciaba.

Además de los tres investigados vinculados con Tasisa en el momento de los hechos, este miércoles también ha comparecido en el Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria un representante de la empresa Global Technical Supplies, a la que se le investiga en este procedimiento por facturar a Tasisa “grandes cantidades” de mascarillas FFP2, quirúrgicas y batas a precios bajo pese a que su objeto social no estaba vinculado con la comercialización de repuestos sanitarios, sino con el sector de la construcción y la industria de la automoción.