La jueza envía a juicio al clan ruso Kokorev por blanqueo de capitales e impone fianzas que suman 881 millones

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, ha decretado la apertura de juicio oral contra el denominado clan Kokorev, acusado de una trama de blanqueo de capitales con origen en las comisiones ilegales obtenidas mediante contratos “clandestinos y corruptos” de compraventa de armas y material militar de doble uso con el Gobierno de Guinea Ecuatorial, presidido desde 1978 por Teodoro Obiang. Según la Fiscalía Anticorrupción, los procesados obtuvieron a través de estas operaciones, ejecutadas entre 1999 y 2014, una “riqueza ilícita” de 120 millones de euros.

La jueza impone a los imputados fianzas que suman 881 millones de euros para cubrir sus responsabilidades en caso de que el proceso culmine con una sentencia condenatoria. La fianza más elevada, de 321 millones de euros, se fija para el líder de la red, Vladimir Kokorev, un ciudadano de nacionalidad ruso afincado desde hace años en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad en la que abrió la cuenta corriente desde la que se efectuaron las transferencias que destaparon la presunta trama de blanqueo de capitales.  

También están encartados en este procedimiento la mujer de Vladimir, Julia Kokorev, y su hijo Igor, a quienes la jueza ha impuesto fianzas de 200 millones de euros. Para el conocido abogado y asesor grancanario Juan Arencibia, a quien se le acusa de planificar el entramado financiero para introducir en el circuito legal del dinero las presuntas comisiones ilegales, esa garantía queda fijada en 135 millones, mientras que para sus hermanas Margarita y María Luisa, señaladas como colaboradoras, se establece en 15 y 10 millones. 

La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel y una multa de 240 millones de euros para Vladimir Kokorev, a quien considera jefe de una “organización criminal transnacional” dedicada al blanqueo de capitales. Para Julia e Igor Kokorev solicita seis años de prisión y 150 millones de multa. Para Juan Arencibia, cinco años y medio de cárcel y 100 millones de multa y para Margarita y María Luisa, cinco años y un mes de prisión para cada una de ellas y multas de 10 y 7 millones de euros, respectivamente, por su participación en la transformación de los fondos obtenidos en patrimonio inmobiliario valorado en más de 70 millones de euros. 

La acusación particular, ejercida por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APHDE), autora de la querella que dio origen a la causa, pide penas de entre seis y nueve años de prisión para los ya procesados y multas que suman 660 millones de euros, tres más de las que solicita en total Anticorrupción, al sumar esa cantidad a la garantía reclamada a María Luisa Arencibia, hasta los 10 millones.

Según el extenso escrito de acusación del fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, el clan Kokorev se lucró de las arcas públicas de Guinea Ecuatorial a través del comercio ilícito de armas y material militar durante el proceso de creación de las fuerzas navales en el país centroafricano. En su relato de los hechos, describe el complejo entramado que se iniciaba con la suscripción de contratos de armas con el Gobierno de Obiang enmascarados bajo otros conceptos y a los que se les aplicaba un “notorio sobrecoste” que posteriormente se repartían tanto los miembros de la trama como funcionarios y militares de alta graduación del Ejecutivo guineano que actuaban en connivencia. Para realizar estas operaciones y blanquear las comisiones, la organización se habría servido de una red de empresas pantalla radicadas en paraísos fiscales en cuya confección habría participado de forma decisiva el abogado grancanario Juan Arencibia.

La acusación se sustenta en una vasta prueba documental de las operaciones financieras realizadas durante esos quince años y en el material incautado en los registros domiciliarios practicados durante la instrucción, intervenciones en las que se hallaron hasta 76 archivos informáticos relevantes para los hechos que ahora debe enjuiciar la Audiencia Provincial de Las Palmas y entre los que se incluye correspondencia entre Vladimir Kokorev y los altos cargos guineanos e, incluso, fotografías en un centro de producción de vehículos militares y armamento en Ucrania. 

El auto dictado el pasado 19 de agosto por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria ratifica los embargos realizados a los bienes de los investigados y la prohibición de enajenarlos para garantizar el acceso a ellos en caso de que fuera requerido si el procedimiento finaliza con una sentencia condenatoria para los procesados.

El caso Kokorev se abrió en 2009. La Asociación Pro Derechos Humanos presentó una querella después de que una subcomisión del Senado de los Estados Unidos detectara transferencias por un importe de 26,4 millones de euros desde la llamada cuenta del petróleo del Gobierno de Guinea Ecuatorial a la empresa Kalunga, propiedad de la familia Kokorev y con cuenta corriente en la sucursal del Banco Santander en la calle Franchy Roca de Las Palmas de Gran Canaria. Vladimir, Julia e Igor fueron detenidos en septiembre de 2015 en Panamá con una orden internacional de busca y captura. Tras un mes en la cárcel de La Joya del país centroamericano, fueron trasladados a Gran Canaria. El considerado líder de la trama criminal permaneció en prisión provisional en la isla hasta enero de 2018.