La Justicia lleva meses sin localizar al director de una empresa pública de Canarias para citarle a declarar
La Justicia lleva meses sin localizar al director de la empresa pública Canarias Cultura en Red, José Luis Cudós, para notificarle que debe comparecer ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, tras haber sido denunciado por dos antiguas trabajadoras de la entidad, que le acusan de los delitos de discriminación en el ámbito laboral, incitación a la misma, coacciones y trato degradante.
Una denuncia que la Fiscalía Provincial remitió al Juzgado en febrero del presente año y por el que tanto Cudós, como la exconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias Inés Rojas ya deberían de haber prestado declaración.
Pese a que el lugar de trabajo del director de Canarias Cultura en Red se encuentra publicado en la página del propio ente público, es decir, en la cuarta planta del edificio número 57 de la capitalina calle de León y Castillo, fuentes judiciales confirman que el caso se encuentra “pendiente de citación”.
Una situación que no varía, a pesar de que en mayo de 2016 el magistrado publicó una providencia que ordena a la Unidad Adscrita de Policía Judicial a identificar al representante legal de la empresa pública para enviarle las notificaciones e informe, además, de la filiación completa y del domicilio de Cudós, Rojas y dos acusados más.
Desde la Consejería aseguran que Cudós suele mantener contacto con la responsable del área en el Ejecutivo regional, María Teresa Lorenzo.
Presunta discriminación a las mujeres
La denuncia parte de Elena Miranda y María Dolores Marrero, dos exempleadas de la entidad dependiente del Gobierno de Canarias, que acudieron al Ministerio Público al considerar vulnerados sus derechos a la igualdad. Ambas denunciaron a Cudós ante el fiscal por presunto odio y discriminación manifiesta hacia las mujeres y solicitaron que investigara el desequilibrio que obra en la empresa pública.
Lorenzo se comprometió a analizar la situación de Canarias Cultura en Red en una comisión parlamentaria celebrada a principios de abril, a petición del diputado de Podemos Juan Márquez, quien solicitó la apertura de una investigación en el seno de la Administración regional, que se lleve a cabo al margen del recorrido judicial de la denuncia.
Sin embargo, desde la Consejería confirman que el estudio llevado a cabo por la consejera no ha derivado en ninguna acción por parte del Gobierno, ya que no existen más denuncias al respecto en el seno de la administración. Espera el Gobierno, por lo tanto, a que la Justicia dicte sentencia.
